El éxodo al que tantos millones de personas se ven forzadas va acompañado de peligros, muchas dificultades y pocas garantías de protección. Los trayectos migratorios desde los países de origen, y también en destino, siguen plagados de amenazas: violencia sexual, el riesgo de caer en redes de tráfico y trata, devoluciones ilegales, abusos, etc.
Uno de los grandes retos para 2023 es la naturaleza y duración de los conflictos.
La invasión rusa de Ucrania marcó 2022 y rescató de la historia algo casi impensable: la posibilidad de una guerra en Europa. El éxodo más rápido y multitudinario desde la II Guerra Mundial que forzó a casi 8 millones de personas a dejar el país en busca de refugio -y lo sigue haciendo- provocó otra reacción también excepcional. Por primera vez, la Unión Europea activó la Directiva de Protección Temporal, con la que agilizó la recepción de millones de personas huidas de la guerra. Una decisión tan celebrada como criticada porque no se recurrió a esta medida en 2015 cuando millones de personas llamaban a las puertas de Europa desde Siria, desesperadas por la violencia y brutalidad de la guerra en el país.
El conflicto de Siria, que se extiende ya desde hace más de una década y que junto a otros enquistados como el palestino-israelí, que cerró el año más sangriento para los palestinos desde la Segunda Intifada, o la violencia en Myanmar, de donde más de un millón de personas de la etnia rohingya han huido, caen en el olvido y no reciben soluciones, aunque siguen provocando sufrimiento y exilio.
Entre estos conflictos fuera del foco mediático también está el que se vive en Etiopía. No es de los más longevos -comenzó en 2020-, pero sí de los más letales y desatendidos. La guerra en la región de Tigray y sus inmediaciones causó la muerte de entre 385 000 y 600 000 civiles solo en los primeros ocho meses del año pasado. Millones de personas dejaron la zona y se refugiaron en otros territorios o países vecinos como Sudán del Sur, que tampoco disfruta de paz. Aunque ambos países están ahora en una fase de estancamiento de sus respectivos conflictos, los efectos de las guerras recientes y la constante inseguridad, también alimentaria, encienden las alertas humanitarias en una región en la que también está Yemen, sumido en una terrible guerra que no respeta a la población civil ni al derecho internacional.
Como ocurre también en la zona del Sahel, donde la presión de los movimientos yihadistas está forzando a millones de personas a buscar refugio desde Malí, Burkina Faso o Níger a estados colindantes o incluso en Europa. O en la República Democrática del Congo, con más de 5,6 millones de personas desplazadas; la mayor población desplazada del continente africano y una de las mayores del mundo, a la que se suma además 524.700 de personas refugiadas, según datos de ACNUR.
En cuanto a Asia, Pakistán resuena entre los análisis sobre las crisis a los que prestar atención en 2023. Los enfrentamientos entre facciones políticas y el resurgimiento de los militantes islamistas tras la toma de poder talibán en la vecina Afganistán están provocando protestas y ataques a las fuerzas de seguridad. Esta inestabilidad se suma al impacto de las inundaciones que causaron que uno de cada siete pakistaníes requiera ayuda humanitaria y que afectaron especialmente a mujeres y niñas, que han visto limitado su acceso a educación, ingresos y cuidados médicos.
Tampoco se pueden olvidar las diferentes situaciones de guerras invisibles que se vive en América Latina y Centroamérica que, aunque no son conflictos en si mismos, tienen incluso más victimas que otras guerras. La prueba es el alto número de solicitudes de asilo que llegan de países como Colombia, donde los defensores de derechos humanos denuncian persecuciones y amenazas, u otras regiones en Centroamérica, donde existe la violencia generalizada e impune de las maras.
Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 75 años, hay una grave situación de crisis de estos derechos que está provocando el éxodo forzoso. Los niños y niñas, que suman casi la mitad de las personas desplazadas en el mundo (41%), y las mujeres son quienes más sufren el retroceso de sus derechos en todo el mundo, como lamentablemente se puso en evidencia en 2022.
Las protestas masivas desencadenadas en Irán que exigen su libertad y derechos han sido respondidas con violenta represión. Cientos de personas han muerto en las movilizaciones, decenas han sido encarceladas y han comenzado las ejecuciones tras juicios que las asociaciones de derechos humanos consideran una farsa, recoge el International Crisis Group.
Las niñas y mujeres en Afganistán también padecen un vertiginoso recorte de derechos tras la llegada al poder de los talibanes en Afganistán. Su presencia y representación en los espacios públicos es cada vez más limitada, tienen prohibido estudiar en institutos y universidades, y miran al futuro con temor. En ambos casos, el reconocimiento de refugio por género podría ser la manera de permitirles empezar en otros países donde encontrar la seguridad que no tienen en los suyos.
Europa se convierte en el objetivo de muchas de las personas que necesitan refugio, pero la Unión Europea también tiene numerosos retos que abordar aún. Los recientes acontecimientos de criminalización de la solidaridad en Europa constituyen un gran reto, al igual que las estrategias de instrumentalización de la migración o la violencia en las fronteras. Tragedias tan terribles como la ocurrida en Melilla deben investigarse para que la represión y violencia no queden impune, y se garanticen los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas y a sus familiares.
Esperamos que el nuevo Pacto de Migración y Asilo que la Unión Europea tiene previsto aprobar próximamente resuelva parte de estos desafíos y dé respuesta a las necesidades de acogida y refugio de las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Europa desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. La presidencia de España puede ser una oportunidad para llevar adelante el Pacto liderando una postura donde se ponga en el centro a las personas, y no la mirada de securitización que ha demostrado ser un fracaso.
Cerca de 21,5 millones de personas huyen cada año por el cambio climático y el impacto de fenómenos climáticos extremos como la degradación medioambiental. Son más que las desplazadas por conflictos. Y cada año se producen una media de 12 millones de nuevos desplazamientos forzosos por sequías e inundaciones. El cambio climático es real, como lo son sus consecuencias y efectos sobre las personas y sus derechos.
Según ACNUR, las personas migrantes y refugiadas son las más vulnerables al cambio climático. Sin embargo, las personas forzadas a huir del clima afrontan desprotección jurídica y sufren una gran vulneración de derechos. Aunque se están produciendo avances en su reconocimiento, también a nivel político, queda camino por recorrer.
Uno de los desafíos en este ámbito es que los conflictos cada vez están más interconectados con otros factores como la pobreza y la inseguridad alimentaria derivada del cambio climático, que fuerza el desplazamiento de las personas. En la actualidad, el 70% de las personas refugiadas provienen de los países más vulnerables al clima y por eso son las que primeras en sufrir sus consecuencias.
Somalia encabeza la lista de Rescate Internacional sobre “Las 10 principales crisis humanitarias que no podemos ignorar en 2023”, debido al impacto de los fenómenos meteorológicos extremos que han llevado al país a afrontar una sequía y hambre sin precedentes. Miles de personas ya han fallecido y millones están en peligro. En esa lista le siguen Etiopía o Sudán del Sur, algunos de los países del Cuerno de África más castigados por la sequía, una de las consecuencias más peligrosas del impacto del cambio climático.
La búsqueda de refugio es el elemento común que une a todas las personas afectadas por estas vulneraciones de derechos, persecuciones y violencias.
Es imprescindible establecer vías legales y seguras que permitan acceder al procedimiento de asilo sin tener que arriesgar la vida en el mar o en infernales tránsitos entre países que, en muchos casos, no respetan los derechos humanos. Además, ante amenazas globales, la protección también debe serlo: solidaria, universal e igualitaria, sin discriminaciones ni distinciones.