La asociación de mujeres “Por ti mujer” junto a CIDALIA S.L.L, una empresa social especializada en migración, han llevado a cabo un estudio sobre las principales brechas de derechos que confrontan las mujeres migrantes en España y más concretamente sobre la Comunitat Valenciana: propuestas de intervención desde un enfoque de DDHH, género e interseccionalidad.

Las movilizaciones humanas y las migraciones son cada año más notorias. La Organización Internacional de las Migraciones (IOM) señala el aumento de la migración internacional apuntando que en el año 2000, el número estimado de migrantes era de 173 millones. Mientras que el último informe emitido en 2020 indica que la cifra de migrantes ascendía a 281 millones, de los cuales 135 millones son mujeres (IOM).

A nivel nacional, es relevante destacar el crecimiento de la feminización migratoria entre 2010 y 2020 en España. “Mientras que el número de hombres de origen extranjero ha aumentado en 149.941 personas, las mujeres lo han hecho en 568.286, lo que representa el 81% del total del incremento de personas extranjeras”, apunta el estudio. Ahora mismo hay 7.366.577 extranjeros viviendo en España, de los cuáles 3.874.262 son mujeres y 3.874.262 son hombres.

Sin embargo, al llegar a España parte de las y los migrantes extranjeros se empadrona y otra parte no lo hace por diversos motivos. Este grupo de extranjeros no tienen representación en los datos estadísticos y su carácter “irregulado” acrecienta la brecha en el acceso a los derechos.

Según revela un estudio de la Secretaría de Estado de Migraciones, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la inclusión y gestión de las migraciones, tan solo 6 Comunidades Autónomas en España cuentan o han presentado un programa en materia de integración de personas inmigrantes. La Comunitat Valenciana es una de estas 6, con su “Estrategia de Migraciones 2021-2026” de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Las líneas estratégicas que sigue este programa son:
– Desarrollo un marco institucional que responda de manera eficiente a la realidad migratoria en la Comunitat Valenciana.
– Asegurar el ejercicio de los derechos y el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad por parte de las personas migrantes.
– Facilitar a la población migrante el acceso al empleo y a una vivienda.
– Desarrollar un modelo social inclusivo y participativo.
– Impulsar un modelo de convivencia e interculturalidad para toda la ciudadanía Valenciana.

Además el Ayuntamiento cuenta con dos áreas de atención directa y una de campañas a nivel socio- educativo según explica Jesús Yebenes, jefe de la Sección de Inmigración, Convivencia y Cooperación del Ayuntamiento de Valencia, para el estudio de “CIDALIA” y ”Por ti Mujer”.

En el ámbito formativo y profesional, “la población inmigrante extracomunitaria padece la ‘etno-estratificación’ del mercado de trabajo, es decir, una especie de “sello étnico”, este es más acusado entre las mujeres”. El estudio muestra un notable desajuste en cuanto a la educación alcanzada y la ocupación entre hombres y mujeres. A pesar de que las mujeres alcancen un grado más elevado formativo, estas son las que más ocupan puestos elementales. Sobre todo las extranjeras procedentes de América Latina. El 40,4% de las mujeres migrantes latinoamericanas en España tienen una ocupación elemental frente a un 19,9% de los hombres latinoamericanos. La actividad mayoritaria entre las mujeres migrantes son las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.

Atendiendo al Derecho a la vivienda, que es otro de los apartados del estudio en el que recoge unas intervenciones que ponen de manifiesto la dificultad de acceso de las mujeres migrantes a una vivienda digna, que sufren “discriminación por parte de propietarios y /o agencias inmobiliarias que, de manera directa o indirecta, discriminan a las mujeres migrantes por su origen étnico, color de piel, nacionalidad, religión, indumentaria, o presunción de dificultad económica”, “obstáculos para acceder a la titularidad de un contrato de alquiler que origina que la solución generalizada sea la de alquilar habitaciones”, “inadecuadas condiciones de habitabilidad” y “el fomento de la segregación residencial, ante la dificultad de acceder a alquileres adecuados las mujeres migrantes terminan concentrándose en barrios periféricos de mayor dificultad en el acceso al transporte y servicios”.

Según el Informe “Datos básicos de la Comunitat valenciana”, del Institut Valenciá d estadística, (Actualizado a mayo de 2022) el «gasto medio por hogar de las personas migrantes se dedica fundamentalmente a pagos de la vivienda, agua, electricidad, gas; y alimentos y transporte”.

Los Derechos Civiles y Políticos, forman parte de los Derechos Humanos y son fundamentales para la protección de, en este caso, las migrantes. “Incluyen el derecho a la vida, la integridad física, moral y mental, la seguridad, la igualdad y la no discriminación en todas sus formas, así como el derecho a la libertad, incluida la de opinión y conciencia, palabra y expresión, religión, prensa, reunión, asociación y manifestación”, explica el estudio aportado por CIDALIA S.L.L y editado por “Por ti mujer”. En referencia a estos derechos, el informe pone en manifiesto y denuncia la obstaculización para el empadronamiento, las brechas en el derecho al asilo y protección internacional, brechas y obstáculos en el derecho a participación ciudadana, entre otros.

«“Cada vida es un cruce de caminos en las que las dinámicas interseccionales de género, situación migrante y clase social son fundamentales para entender cómo se configura la violencia machista hacia las mujeres migradas” (Aieti /RedMujeres, 2021)»

España ha hecho muchos avances en cuanto a leyes que protejan a las mujeres de la violencia machista, y la agenda política ha puesto el foco en el desarrollo de importantes avances políticos – normativos, gracias a la lucha feminista. Sin embargo,las mujeres migrantes siguen siendo teniendo una sobrerrepresentación en las cifras de violencia machista que, según el Informe “Mujeres migrantes víctimas de violencia de género en España”, sería de cerca de 29 mujeres extranjeras asesinadas por cada millón de extranjeras residentes en España, frente a 5 mujeres españolas por cada millón de españolas”. Por otro lado, atendiendo a las denuncias, desde el 2016 y hasta el primer semestre del 2021, se han presentado 871.320 denuncias, siendo de nacionalidad extranjera el 35% de las víctimas consignadas en el registro policial VIOGEN88.

Según el Informe del Ministerio del Interior “Trata de seres humanos en España. Balance
Estadístico 2015-2019”, durante 2019 se efectuaron 1.771 inspecciones en lugares de ejercicio de prostitución y fueron identificadas 8.405 personas en situación de riesgo63. El mayor número de inspecciones fueron en Andalucía (252), Castilla y León (212) y Castilla-La Mancha (202), mientras que los principales países de origen de las personas identificadas fueron Rumanía (2.104), España (1.180) y Colombia (1.013), aporta el estudio.

Muchas organizaciones y asociaciones en España luchan por reducir estos datos discriminatorios y acabar con las brechas que se establecen en la vida de estas mujeres por haber nacido en otro país y obstaculizan la libertad, seguridad e integridad de sus vidas. La Asociación Por Ti Mujer, editora de este estudio, “a través de los diferentes Estudios que se han realizado se ha venido sistematizando un conjunto de propuestas y recomendaciones para mejorar las políticas públicas referidas a respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres migrantes a una vida libre de violencias y discriminación”.