En junio de 2021, el presidente Guillermo Lasso anunció la regularización de los migrantes venezolanos. El 18 de diciembre, el gobierno presentó su plan ante la conferencia de donantes, que son gobiernos y organizaciones que apoyan económicamente la atención de la crisis migratoria. Casi un año después del primer anuncio y seis meses después del segundo, el mandatario firmó el Decreto Ejecutivo No. 436 en el que dispone el otorgar amnistía migratoria e iniciar el proceso de regularización extraordinario a personas de nacionalidad venezolana. En esta primera fase se permitirá el registro voluntario de todos los extranjeros en el país, no solo de los venezolanos. Así lo destaca el Subsecretario, según lo estipulado en el decreto.
Para esto, el primer mandatario dispuso como primer paso que el ministerio del Interior efectúe un proceso de registro de permanente migratoria. Para esto tendrá un plazo de tres meses.
El objetivo es tener una radiografía clara de cuántas personas se encuentran en el territorio nacional, dónde están y a qué se dedican, para establecer políticas públicas sobre movilidad humana. Según la información recibida por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), los venezolanos que ingresaron por pasos irregulares son alrededor de 300.000. Pero son solo cálculos, resalta el Karolys y agrega los 757.433 extranjeros que sí entraron de manera regular, pero probablemente muchos ya superaron su tiempo de estadía.
Los pasos del registro Tras meses de preparación, el personal, los equipos y los sistemas están listos para arrancar con la primera de las tres etapas del proceso: el registro. Inicialmente, los inmigrantes deberán realizar una primera entrega de información en línea. El sitio creado para esto entrará en línea este jueves, 1 de septiembre de 2022. Para ingresar les solicitará un correo electrónico y la creación de una cuenta. Entonces, el sistema les requerirá información personal de identificación, educación, trabajo y salud. Si se trata de grupos familiares, podrán agregar a todos los miembros en el mismo registro digital. El responsable del grupo deberá proveer los datos de cada uno. Al finalizar la primera fase, deberán imprimir y firmar el documento que los hace responsables por la información entregada. Entonces deberán agendar una cita presencial para la toma de huellas y fotografías de todos los registrados. Para ello habrá 77 oficinas habilitadas a escala nacional en 18 provincias.
Esta entrevista con un funcionario de Migración servirá también para validar la información entregada de manera digital. Es decir, deberán presentar los documentos de respaldo. Sin embargo, Karolys advierte que, si hubiese personas que no tengan documentos oficiales de respaldo, esto no les impedirá seguir con el proceso de regularización. Aunque sí tomará más tiempo, hasta que el personal migratorio pueda verificar la información. En ese punto, también se determinará si los inmigrantes representan o no una amenaza para la seguridad nacional y la ciudadanía. Para ello, el Ministerio cruzará información con la Policía Nacional y la Función Judicial. Es decir, en este momento no se trata de una revisión de los antecedentes penales en el país de origen, sino solo en Ecuador. Las autoridades están trabajando en las relaciones con otros Estados, para poder compartir esta información penal en un futuro.
Después, el ministerio de Relaciones Exteriores se encargará del trámite para la regulación extraordinaria, mediante el otorgamiento de una Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (Virte). La entidad tendrá cuatro meses de plazo para organizar el proceso: dictar la normativa secundaria y establecer los procedimientos necesarios. Se podrán acoger a este beneficio quienes: Hayan ingresado regularmente Ecuador a través de los puntos de control migratorios oficiales. Hayan cumplido el proceso de registro ante el Ministerio del Interior. No sean considerados una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Para eso, la Policía remitirá la información que posea a la Cancillería. El proceso, según el decreto ejecutivo, tendrá una duración de 12 meses. La visa será gratuita y tendrá una vigencia de dos años, renovables por una ocasión. Para realizar el trámite, el Gobierno ecuatoriano reconocerá como válidos los pasaportes de los ciudadanos venezolanos “hasta cinco años después de la fecha de su vencimiento o prórroga”, al igual que las cédulas de identidad.
Después de concedida la visa, el Registro Civil otorgará la cédula de identidad respectiva y los ciudadanos venezolanos “tendrán los derechos y obligaciones previstos en la legislación ecuatoriana”. La amnistía migratoria, en cambio, beneficiará a los migrantes venezolanos que, por encontrarse en situación migratoria irregular, “hayan sido sancionados o sean susceptibles de una sanción migratoria, administrativa o pecuniaria, siempre que se acojan al proceso de regulación” que implementará el ministerio del Interior. El gobierno frente a los venezolanos En la última mesa de movilidad humana, desarrollada en Riobamba, el 27 de mayo, el canciller Juan Carlos Holguín, adelantó que Ecuador iniciaría “el proceso de regularización más importante en la historia de nuestro país“. Además, el titular de la diplomacia ecuatoriana dijo que el país llevará el tema de la migración irregular y riesgosa a la Cumbre de las Américas, que empezará el 6 de junio, en Los Ángeles, Estados Unidos. “La política de acogida y regularización tiene que ver con el concepto de cómo vamos a tratar a los migrantes en nuestro país y la respuesta es simple: tal como queremos que traten a los migrantes ecuatorianos en otros países”, sostuvo el canciller Holguín.
El requisito previo para lanzar el plan de regularización fue la emisión del Reglamento a la Ley de Movilidad Humana, que fue publicado por el Mandatario ese mismo mes de febrero. En ese documento existe una nueva categoría de visado de residencia temporal de excepción. Allí se dispone que los requisitos para ese trámite deben ser establecidos por la Cancillería. En febrero, el canciller Holguín dijo que “no se trata de tener solo el reglamento del proyecto, estamos creando una nueva visa temporal, que planea llegar a 500.000 personas en tres años”. A esto se suma el hecho de que las visas humanitarias temporales, expedidas durante el gobierno de Lenín Moreno, están por expirar en agosto próximo. Según los datos, de 2020, más de 74.000 migrantes venezolanos solicitaron ese documento y otros 26.000, otro tipo de visas. De todas formas, según los cálculos del grupo de trabajo dedicado a la crisis migratoria, en el país se encuentran casi 514.000 venezolanos. Es triste pensar que en nuestro país todavía hay tintes agresivos contra la migración, cuando este país tiene dos millones de ecuatorianos fuera.