El gobierno salvadoreño promueve una transformación del actual Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para crear un nuevo tratado que constituya la "Unión Centroamericana" (UNCA), un organismo supranacional que pueda tener decisiones vinculantes para todos los países miembros.

La iniciativa, presentada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, busca reformar el tratado constitutivo del SICA, conocido como el Protocolo de Tegucigalpa, firmado en 1991, porque "requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo", indicó.

El borrador diseñado por El Salvador propone la creación de la "Unión Centroamericana", una organización que se asemeja en su funcionamiento a la Unión Europea, con su propio Consejo de presidentes, parlamento y tribunales. Tendría "alcances en lo económico, político, monetario, fiscal, social, seguridad democrática y ambiental".

Según Ulloa, estas instituciones tendrían jurisdicción sobre ocho países: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, cuyos representantes participaron ayer en la Conferencia Sobre el Futuro de Centroamérica, celebrarada en San Salvador, y que discutirán el borrador en cuestión.

"La meta, según nos hemos planteado para 2024, es que podamos tener ese documento que permita presentarle a los órganos de integración una propuesta de reforma al Protocolo de Tegucigalpa y que pasemos de la integración a la unión centroamericana", indicó el vicepresidente.

¿Cómo funcionará?

La propuesta salvadoreña, que llegó a las delegaciones de presidentes centroamericanos en junio pasado, establece que la UNCA se fundará tras la aprobación y ratificación de cada Estado, en un tratado constitutivo.

La entidad estaría conformada por siete instituciones: el Consejo de la Unión, integrado por presidentes y primeros ministros; el Consejo de Ministros, el Parlamento de la Unión, el Tribunal de la Unión, el Consejo de Vicepresidentes y la Contraloría de la Unión.

Este modelo se asemeja al ya establecido en el SICA, que cuenta con una Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, la Secretaría General, el Consejo de Vicepresidentes, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y la Corte Centroamericana de Justicia. La diferencia entre ambos modelos es la competencia: según la propuesta salvadoreña, las decisiones de las nuevas entidades serán vinculantes y la legislación secundaria que emitan no tendría que ser aprobada por los parlamentos de cada país.

Sobre el presupuesto para el funcionamiento, el tratado prevé que se fondee con aportaciones de cada Estado miembro, las cuales pueden provenir de impuestos sobre el tabaco, el alcohol, o incluso aranceles a productos que circulan en la región.

Los Estados miembros "aportarán de manera proporcional a su territorio y población sus montantes correspondientes, que además de otras fuentes pueden provenir de los impuestos", afirma el documento en cuestión.

Respaldan reforma

El recién electo secretario general del SICA, Werner Vargas, respaldó la propuesta salvadoreña para reformar el tratado constitutivo, sin embargo, advirtió que dependerá de la voluntad política de los mandatarios centroamericanos lograr cambios. Vargas, el candidato enviado por Daniel Ortega para presidir el SICA, fue apoyado de forma unánime por los presidentes de Centroamérica para ocupar su cargo.

Doris Gutiérrez, designada presidencial de Honduras, también respaldó el proceso; pero enfatizó en que su país busca que el Parlamento Centroamericano "tenga un efecto vinculante".