Más de 6,1 millones de personas se han marchado de Venezuela desde 2015. De ellas, unos cinco millones huyeron a otros países de América Latina y el Caribe. Más de tres millones están en Colombia y Perú, y más del 50% son mujeres y niñas. Si bien la violencia basada en género es una “pandemia en la sombra” en toda la región, tal y como advierten desde ONU Mujeres, hay condiciones particulares que enfrentan las venezolanas que escaparon de su país que las dejan en una situación de mayor vulnerabilidad. En este contexto, los Estados de acogida no están cumpliendo con su obligación de protegerlas, ni como refugiadas, ni como supervivientes de violencia basada en género. Eso debe corregirse.

Desde Amnistía Internacional denunciamos esta ausencia de los Estados colombiano y peruano en la protección de mujeres venezolanas, basándonos en un riguroso análisis de la situación en el terreno y la normativa vigente. Entrevistamos a 63 de ellas que vivían en Colombia y Perú; realizamos 45 cuestionarios de investigación con ONG locales y organizaciones internacionales; registramos 17 solicitudes de acceso a la información pública; sostuvimos 15 reuniones con instituciones estatales; revisamos legislación nacional, políticas públicas y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tras meses de investigación, concluimos que los Estados de Perú y Colombia no están cumpliendo con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres venezolanas.

"Los Estados de Perú y Colombia no están cumpliendo con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres venezolanas"

La doble desprotección se refiere, por una parte, a la ausencia de protección internacional como personas que han huido de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela; y, por otra parte, a la ausencia de protección cuando sufren violencia basada en género, siéndoles denegados en muchos casos los derechos a la justicia y a la atención médica. Cuando se combinan ambas desprotecciones, también se potencian los riesgos. Al no tener estatus regular de permanencia en el país, sus oportunidades se ven reducidas a la informalidad, la precariedad y la explotación laboral o sexual, y a su vez las excluye de acceder a servicios públicos como la atención en salud o la denuncia por hechos de violencia que sufren por ser mujeres venezolanas.

La realidad en ambos países muestra que un gran obstáculo para garantizar sus derechos radica en la xenofobia y la discriminación por motivo de su género y nacionalidad. Los funcionarios que más atienden a las venezolanas supervivientes de violencia de género –fiscales, policías, personal médico y de migraciones– suelen aplicar estereotipos compuestos en su actuación. Es decir, que las discriminan no solamente por cuestión de género, sino también por otros factores que confluyen, como el estatus migratorio, la nacionalidad, la orientación sexual o la identidad de género, entre otros. Esto significa que, con demasiada frecuencia, las discriminan y revictimizan por un conjunto de aspectos: ser mujeres, venezolanas, migrantes y hasta por estar en situación de pobreza. Carmen, una venezolana en Perú cuyo nombre real no usamos para salvaguardar su identidad, nos compartió su propia experiencia: “Yo fui a la comisaría la primera vez y no se me olvida la expresión del policía. Me miró de arriba abajo y me dijo: ‘veneca’ [venezolana, en tono despectivo]”.

"Las personas funcionarias que más atienden a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género suelen aplicar estereotipos en su actuación"

Llamamos a las autoridades colombianas y peruanas a corregir este rumbo de forma urgente, asegurando la protección de las refugiadas en ambos países. En primer lugar, deben garantizarles acceso efectivo a los mecanismos de protección internacional y de regularización migratoria. Entre otras cosas, esto implica eliminar requisitos excluyentes y arbitrarios, como haber ingresado al país antes de una determinada fecha y proveer evidencia documental de ello, o tener un documento de identidad específico.

Por otra parte, Colombia y Perú deben garantizar que las personas funcionarias en primera línea de atención a las supervivientes de violencia basada en género reciban una formación adecuada, sistemática, obligatoria, inicial y continua en materia de prevención y detección de ese tipo de maltrato. Estos programas deben estar orientados a desafiar los estereotipos de género y abordar las necesidades particulares de las refugiadas y migrantes.

Estos son los primeros pasos que deben tomar las autoridades peruanas y colombianas. Ante una crisis de esta magnitud, los Estados deben ser protagonistas de la solución, no los grandes ausentes.