Blanca Barahona cultiva maíz, frijoles y verduras para su propio consumo en su parcela, ubicada en una aldea de la zona rural del Departamento de Francisco Morazán, al centro de Honduras. Tiene 52 años y desde diciembre de 2021 es beneficiaria del programa Sembrando Vida, que apoya a agricultores de Centroamérica -El Salvador, Honduras y Guatemala- con un pago mensual de 250 dólares a poseedores de una parcela de hasta 2.5 hectáreas.
“A mí me gusta mucho la agricultura. De lo que nos da la tierra nosotros comemos aquí, preparamos las tortillas en la mañana, cocemos el maíz, los frijoles y nuestros ayotes [calabazas] que cosechamos”, asegura Blanca Barahona.
Desde mediados de 2019, más de 10 mil agricultores centroamericanos como Blanca Barahona reciben apoyo económico y en especie por parte de Sembrando Vida a cambio de cultivar la milpa [maíz y frijol] junto con árboles frutales y maderables bajo un sistema agroforestal que busca contribuir al cuidado del medio ambiente.
Sembrando Vida inició en 2019 en México como parte de la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender la pobreza rural y la degradación ambiental en 20 estados del país. En Centroamérica se implementa y financia por el gobierno mexicano a través de la Asociación Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo (AMEXCID).
A partir de diciembre de 2021 se incorporó a Sembrando Oportunidades, un marco de cooperación bilateral con el gobierno de Estados Unidos mediante la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que se anunció como estrategia para frenar la migración desde América Central. En los últimos años, un promedio de más de 400.000 personas han abandonado anualmente El Salvador, Honduras y Guatemala para dirigirse en su mayoría hacia México y Estados Unidos, impulsadas por problemas relacionados con la inseguridad, la desigualdad, la pobreza, el cambio climático y la pandemia de Covid-19.
“Este programa ha sido el primero del que hemos recibido una ayuda económica, pues los agricultores no contamos con apoyo de parte de nuestro gobierno. Antes había un Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, pero lo quitaron”, menciona Blanca Barahona.
Para ella y las personas beneficiarias de Centroamérica, Sembrando Vida representa una gran ayuda, con la que han podido recibir un pago mensual de 250 dólares -que les permite comprar semillas o cercar sus parcelas-, instalación de biofábricas para producir herbicidas y fungicidas, y capacitación.
Sin embargo, en México el programa enfrenta cuestionamientos por la falta de transparencia sobre cómo se está midiendo el cumplimiento de metas de estos programas, que por un lado busca reducir la deforestación e impulsar la seguridad alimentaria y por otro reducir los flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos a través de la generación de empleos locales.
Hace tres años, Blanca Barahona había intentado cruzar a Estados Unidos por la frontera de Tamaulipas, al noreste de México. “Íbamos varios migrantes con ayuda de un coyote, me arriesgué porque nos dijeron que cerca había grupos delictivos y no pudimos cruzar. Yo me regresé a Honduras y no quise volver a ir. Ahora que estoy en este programa me he sentido motivada y digo: ¿por qué me voy a ir si aquí cuento con esta ayuda?”, cuenta.
Ella comparte que Sembrando Vida ha hecho la diferencia en su país, pues antes no había oportunidades para jóvenes ni adultos, ni tampoco para el campo, y ahora pueden comprar lo que necesitan: semillas o fertilizantes. “Es una ayuda muy buena. Yo estoy muy agradecida con las autoridades de México por acordarse de Honduras porque somos un país pobre”, asevera. No obstante, ella y más personas beneficiarias están preocupadas porque no han recibido los últimos pagos de parte del programa y nadie les ha ofrecido alguna explicación, por lo que solicita apoyo de autoridades locales y mexicanas.
Hasta ahora no sabemos cómo se ha validado que el programa esté funcionando en México. ¿Cómo vamos a fiscalizar lo que se está haciendo en Guatemala, Honduras o El Salvador?
El programa Sembrando Vida, que consiste en sembrar árboles frutales y maderables para emplear a la población, se ha extendido de México a Centroamérica: El Salvador, Honduras y Belice, con el fin de frenar la migración hacia Estados Unidos. Según reportes oficiales, en la primera fase del programa disminuyó la intención de migrar de los salvadoreños (10 mil beneficiarios), de un 55 a un 0.6%. Pero a pesar de contar con esa cifra, el informe no señala cómo se realiza el conteo de las personas centroamericanas que desistieron de migrar hacia Estados Unidos gracias a Sembrando Vida.
Esa falta de transparencia del programa en materia de migración y generación de empleo también ha sido percibida por Sergio Prieto, investigador del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur, un centro de investigación científica en el sureste de México. En algunas partes del país se han puesto en marcha planes de trabajo temporal para inmigrantes en el marco de Sembrando Vida. Prieto cuenta que ha realizado varias solicitudes de transparencia a organismos federales mexicanos para saber cuántos migrantes están empleando en México como peones o ayudantes para Sembrando Vida, pero no ha obtenido respuesta. “Hasta ahora no sabemos cómo se ha validado que el programa esté funcionando en México. ¿Cómo vamos a fiscalizar lo que se está haciendo en Guatemala, Honduras o El Salvador?”, cuestiona el investigador.
El equipo de Diálogo Chino buscó entrevistar a los responsables de la AMEXCID para preguntar sobre las metodologías que emplean para medir los resultados en materia de migración e impacto ambiental, pero no fue posible dado que los funcionarios se encontraban en la Cumbre de las Américas, realizada del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.
Lo que sí se puede revisar, con fundamentos metodológicos, son los datos de migración antes del programa Sembrando Vida. En 2019 hubo 86 mil devoluciones de personas migrantes centroamericanas por parte de las autoridades mexicanas en la frontera sur, indica el Informe Anual de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 2019, elaborado a partir de encuestas a migrantes en sus países.
Honduras, el país de donde es originaria Blanca Barahona, lidera el número de devoluciones, con 43 mil, mientras Guatemala tuvo 31 mil y El Salvador 12 mil. El documento citado da cuenta que la migración se debe a razones económicas, de violencia e inseguridad que impera en esos países.
Prieto ha estudiado las causas y los flujos migratorios en el sur de México a través de sistemas cartográficos. Explica que México se reafirma como el mayor corredor migratorio del mundo, pues desde 1970 y 1980, con el conflicto ideológico entre el modelo neoliberal y comunista, cruzó población centroamericana, de Guatemala, El Salvador, Honduras, y del Caribe. Y recientemente se sumaron algunos países de América del Sur, África Subsahariana e incluso refugiados de Ucrania, que intentan atravesar México hacia Estados Unidos.
“Todos ellos son los más perjudicados por las políticas económicas, políticas y sociales implantadas por intereses estadounidenses en el territorio, y por la desigualdad interna de sus países, donde una pequeña parte de la población es muy rica y la mayoría es altamente empobrecida”, señala el investigador. Esa condición ha derivado en la idea de que son países “nacidos para migrar”, pues la oportunidad de sobrevivencia la encuentran en el exterior.
Dado que la migración es un fenómeno complejo y en constante transformación, es muy difícil que una solo programa incida en la modificación de esos procesos, además se debe considerar el contexto de los países, donde las dinámicas de corrupción e inseguridad pueden impedir que la ayuda llegue directo a las campesinas y campesinos, alerta Sergio Prieto.
En su parcela, Blanca Barahona no solo siembra hortalizas, también cultiva árboles de Madriado (Gliricidia sepium), “son bien frondosos, se siembran en las orillas de la cerca, sirve para comida del ganado y también para abono”. Comparte que cuando fueron las autoridades mexicanas a Honduras les dijeron que el programa se trataba de que reforesten sus parcelas con árboles frutales y siembren sus alimentos.
El cultivo de la milpa (maíz y frijol) y árboles maderables y frutales es parte del sistema agroforestal que impulsa Sembrando Vida en los campos mexicanos y centroamericanos. Al intercalar en espacio y tiempo los cultivos, ese tipo de sistemas ofrece mayor contenido de materia orgánica y control de erosión del suelo, de acuerdo con las Reglas de Operación del programa en México, donde se beneficia a 400 mil campesinos en 20 estados del país. Así buscan contribuir a la alimentación de las comunidades rurales pero también a la recuperación de suelos y a la mejora del medio ambiente.
Este último argumento ha sido cuestionado por organizaciones ambientalistas debido a la deforestación que pudo traer el programa en territorio mexicano. A principios de 2021 el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) publicó un estudio donde a partir de información satelital de su sistema de monitoreo Global Forest Watch, compararon la pérdida de cobertura forestal a nivel municipal donde se implementó el programa en 2019 contra los cinco años previos, y encontraron una pérdida de cobertura forestal de 72,830 hectáreas, lo que representaría 11.25% del total de las parcelas beneficiadas en 2019.
A pesar de que la estimación no es concluyente debido a la falta de acceso a la información y coordenadas de las parcelas, aclaró WRI, la investigación sirvió para proponer a las autoridades del país un conjunto de indicadores ambientales para medir la restauración de coberturas forestales, captura de carbono, recuperación de suelos y biodiversidad que se tendría con el programa.
Si se presume que tiene impactos ambientales positivos hay que medirlos y tener claridad sobre eso
Si bien éstas no fueron consideradas en la plataforma de Sembrando Vida en México, están disponibles para que puedan emplearse en cualquier lugar donde se implemente el programa, incluso en Centroamérica donde tampoco se tiene información sobre las parcelas, menciona Javier Warman, director de bosques de WRI México. “Si se presume que tiene impactos ambientales positivos hay que medirlos y tener claridad sobre eso. El programa podría tener beneficios sociales y ambientales si cuentan con indicadores ambientales y sobre todo si las parcelas donde se implementa están degradadas y no se genera el incentivo perverso de tirar para sembrar”, enfatiza.