La política migratoria de los Estados Unidos se ha caracterizado por una permanente contención de las personas migrantes, la cual quedó aún más clara durante la pandemia cuando decidió que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés), podía expulsar a migrantes indocumentados rapidamente, sin concederles siquiera el derecho a solicitar asilo con el argumento de las autoridades sanitarias de “evitar la propagación de enfermedades invisibles”. 
 
Esta política migratoria es claramente violatoria de los derechos de los migrantes y en el período de mayores contagios, los expuso a un riesgo elevado de adquirir el Covid-19, por la falta de medidas de protección en los centros de detención, que se convirtieron es espacios de brotes del virus. 
 
Por ello, frente a la lenta recuperación de las economías de todos los países, particularmente los de Centroamérica y el Caribe, incluido México, era de esperarse un incremento considerable en los flujos migratorios procedentes de la frontera sur de nuestro país.  
 
En preparación a este escenario, el gobierno de Estados Unidos, con el respaldo del gobierno mexicano, implementó una estrategia de freno total a cualquier intento de personas migrantes para llegar a nuestro vecino del norte, estableciendo un doble muro, no de concreto ni de metal, sino de miembros de la autoridad migratoria, el Instituto Nacional de Migración (INM) y de integrantes de la Guardia Nacional, tanto en la frontera sur como en la frontera norte del país, inhibiendo todo intento en lo individual como en colectivo, como han sido las caravanas migrantes, para miles de personas de llegar a territorio estadounidense. 
 
La consecuencia de la política migratoria de Estados Unidos fue, durante la pandemia, el hacinamiento y los brotes de contagios en sus centros migratorios, además de miles de personas retornadas a territorio mexicano sin importar su nacionalidad, negándoles toda solicitud de asilo y, en los últimos meses, los coloca en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo por la necesidad de las personas migrantes de obtener nuevas oportunidades para alcanzar mejores niveles de vida. 
 
En la búsqueda de esas oportunidades tienen que lidiar con el muro que se levanta por personal del INM y por miembros de la Guardia Nacional, enfrentan la negativa de las autoridades migratorias mexicanas para permitirles un tránsito legal por territorio nacional y los peligros que representan los grupos del crimen organizado y la delincuencia común, además de la corrupción de cuerpos policiacos. 
 
Cuando sortean los peligros que implica cruzar por territorio mexicano, nuevamente se topan con un nuevo muro, igualmente conformado por elementos de la Guardia Nacional y una barrera metálica que les impide el tránsito hacia suelo estadounidense. 
 
Todo este contexto, ha obligado a las personas migrantes a exponerse a las más diversas formas de cruzar la frontera norte, que conlleva saltar la enorme reja divisoria, cruzar nadando el Río Bravo, pagar cada vez más dinero a los traficantes de personas y, en un caso extremo pero que se presenta, ingresar a Estados Unidos aún poniendo en riesgo su vida, como ocurrió recientemente con la muerte de 53 migrantes, 27 de ellos mexicanos encerrados en la caja de un trailer, en la ciudad de San Antonio, Texas, el cual pasó por dos puntos de revisión de la Oficina de Aduanas y Protección Migratoria sin ser detectado. 
 
Esperamos que los gobiernos de Estados Unidos y México, en la reunión bilateral de hoy, logren colocar el problema migratorio como uno de los temas centrales en la agenda binacional y alcancen los acuerdos necesarios que permitan su atención con una nueva visión de las causas y acciones que eviten los riesgos de las migraciones.  
 
Lo que resulta insoslayable es que los Estados Unidos sigue requiriendo de los migrantes y para cubrir las necesidades de mano de obra y de trabajadores, requiere aumentar la cantidad de visas que se otorgan y permitir el ingreso seguro y ordenado de los migrantes, comenzando con grupos específicos como los “Dreamers”, cónyuges de los ciudadanos de origen mexicano y de otros países como Honduras, Guatemala, El Salvador, entre otros, o facilitando la llegada de trabajadores de otros sectores de la economía estadounidense. 
 
Deseamos que los dos países encuentren los mecanismos básicos para obtener financiamiento para proyectos de gran impacto en las economías locales que contribuyan a la generación de empleos, mejorar las condiciones de vida en sus países de origen y a largo plazo frenen las migraciones, que abonen a la integración económica de la región, a la ampliación del mercado laboral para refugiados y migrantes; a perfeccionar la gestión de las fronteras y como consecuencia veremos una mejora en la salvaguarda de los derechos de los migrantes, y la prevención del tráfico de migrantes y la trata de personas. 
 
Es tiempo de atender la movilidad desde otra perspectiva, promover vías legales de migración que incluya programas de trabajo temporales de todo tipo para extranjeros. Es tiempo de hacer de las fronteras el paso a nuevas oportunidades para los migrantes.