Al presentar un informe sobre los impactos sociodemográficos de esa enfermedad en la IV Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ratificó que esa es la zona más afectada en términos sanitarios, sociales y económicos.

Tanto la pobreza extrema como la pobreza alcanzaron niveles que no se observaban desde hacía al menos una década, indicadores que registraron el pasado año 86 millones (13,8 por ciento de la población de la región) y 201 millones de personas (32,1 por ciento), respectivamente.

El documento refiere que en términos de desigualdad social el aumento se expresa en un índice de Gini promedio regional un 0,7 por ciento más alto en 2020 que en 2019, el cual en general pudo ser mayor de no ser por las medidas de apoyo económico implementadas por los gobiernos, que se focalizaron en los grupos de ingreso bajo y medio.

Otra cara del deterioro redistributivo fue el incremento del peso de los estratos de ingreso bajo, sobre todo en 2020, y una movilidad descendente en los estratos medios, que no suelen ser destinatarios de las políticas de protección social y los programas de transferencias monetarias.

Con relación a la actividad económica, señaló el texto, la contracción fue del 6,8 por ciento del Producto Interno Bruto y del 7,7 por ciento en el per cápita, la mayor caída anual en los 120 años de historia estadística de la región, con un rebote en el 2021 insuficiente para volver al registro previo a la pandemia.

La trayectoria futura de ese indicador está sujeta a diversas incertidumbres, como las relativas al proceso de vacunación y la persistencia de los problemas estructurales de las economías y sociedades de la región, precisó la Cepal.

Para el mercado laboral el impacto de la crisis económica fue inmediato y devastador, pues todos los indicadores laborales sufrieron un marcado deterioro, la tasa de desocupación subió tres puntos porcentuales entre 2019 y 2020: del 6,8 al 9,8 por ciento.

Similares estragos tuvieron los sectores de la salud y educación, en tanto el gasto público alcanzó niveles históricamente altos por las erogaciones públicas derivadas de los planes fiscales de transferencias directas a personas, familias y empresas, subsidios al empleo y a los servicios básicos, aplazamiento de pagos y condonación de intereses.

Junto con estos impactos de la Covid-19, la Cepal concluyó que hay un eje económico que funda y moldea la desigualdad social en América Latina y se corresponde con la heterogeneidad estructural en el ámbito productivo y laboral, y el acceso diferencial a patrimonio, recursos e ingresos.

Tales condiciones, agregó en el informe, se reproducen mediante privilegios y discriminaciones históricas mantenidas hasta el presente, con un acceso diferencial que limita el disfrute de derechos a grandes grupos de población, sobre todo cuando dependen de la capacidad de pago.