Los ministerios de Trabajo y Agricultura, así como la Dirección General de Migración, con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) implementaron un sistema que permite la formalización y trazabilidad en el territorio nacional de las personas trabajadoras migrantes que llegan a laborar en el sector agrícola, según informaron las autoridades.
El Sistema de Trazabilidad de Migraciones Laborales (Sitlam) es un proceso que fue probado durante la pandemia y permite registrar a una persona migrante que viene a trabajar al sector agrícola cuando ingresa al país por Panamá o Nicaragua. Sus datos son albergados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), luego el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) le emite el permiso de trabajo y le da un carnet a la persona con un código QR, que permite su trazabilidad en territorio nacional.
Así lo informaron hoy a UNIVERSIDAD Isis Orozco, jefa de misión de la OIM en Costa Rica, y el ministro de Agricultura y Ganadería Renato Alvarado. Ambos fueron entrevistados a las afueras del conversatorio “Empleabilidad para la población migrante en Costa Rica», en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia.
Orozco explicó que efectivamente el año 2020 fue el año en que se tuvieron que unir los esfuerzos para dar respuesta a la migración laboral mediante estrategias, protocolos y coordinación interinstitucional.
“El gran avance que se tuvo es el Sistema de Trazabilidad de Migraciones Laborales (Sitlam), que permitió una alerta temprana durante tiempos de Covid-19, sobre cualquier foco epidemiológico, para no afectar la productividad del sector cafetalero y permitir a la población gnobe buglé ingresar de forma segura, ordenada y regular al territorios nacional”, mencionó Orozco como ejemplo.
Según la funcionaria, durante 2020, 2021 y los últimos meses se han registrado más de 25.000 personas en dicho sistema.
El ministro Alvarado explicó que con este carnet registran a las personas migrantes a su ingreso al país, cuando llegan a las fincas y cuando se trasladan a otra actividad. Cuando los trabajadores entran al país presentan el lugar donde van a trabajar y los empresarios, por su parte, presentan una lista de los trabajadores que van a entrar a hacer la recolección. Los patronos también tienen que hacer un pago de $60 a Migración para regularizar a los trabajadores y que les den el carnet, detalló Alvarado.
“Lo más importante es que ahora la gente se mueve y se desplaza por el país con un documento, que antes no tenían; eran totalmente indocumentados. Ahora les damos un carnet que les permite ingresar, trabajar con un permiso temporal, recibir los servicios de salud como corresponde, y que el empresario los pueda tener en planilla e inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en el Instituto Nacional de Seguros (INS)”, afirmó Alvarado.
El jerarca destacó las ventajas que provee el carnet para que los trabajadores migrantes puedan ser atendidos por la CCSS. Explicó que anteriormente los trabajadores no tenían ningún documento que garantizara que ellos fueran quienes decían que eran y por normativa la Caja no atiende a ningún migrante que no presente un documento de identificación.
Únicamente son atendidos si es una emergencia; pero si eran padecimientos que no eran casos de emergencia “la Caja no los recibía, porque no había forma de cobrarle a los patronos el servicio prestado o los trabajadores por ser indocumentados no daban detalles de su lugar de trabajo”, dijo Alvarado y agregó que con el carnet ha cambiado esta situación.