(Washington D.C.) – Estados Unidos y todos los demás países deberían dejar de expulsar y deportar a personas a Haití, donde enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia y carecen de acceso efectivo a protección o justicia, señaló Human Rights Watch hoy. Haití sufre niveles alarmantes de homicidios y secuestros por parte de pandillas que controlan zonas estratégicas del país, en una situación que se ve agravada por la impunidad persistente en relación a violaciones de derechos humanos y la criminalidad, en un contexto de crisis humanitaria.

“Es inconcebible que cualquier gobierno envíe personas de vuelta a Haití considerando el deterioro de las condiciones de seguridad en el país y la consecuente agudización de los riesgos para la vida y la seguridad”, comentó César Muñoz, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Ningún gobierno debería realizar expulsiones o deportaciones a Haití. Estados Unidos, que es responsable de la gran mayoría de las repatriaciones, debe poner fin al uso innecesario e ilegítimo de una normativa sobre salud pública para justificar las expulsiones abusivas de haitianos”.

Human Rights Watch entrevistó a 49 personas durante una visita a Haití en diciembre de 2021, incluyendo a 9 haitianos expulsados de EE. UU. y República Dominicana; representantes de organismos de las Naciones Unidas; miembros de sociedad civil y funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial haitianos. Entre ellos, estuvieron el primer ministro, Ariel Henry; el ministro de Justicia, Berto Dorcé; el ministro de Interior, Liszt Quitel; el defensor del pueblo, Renan Hédouville; y el inspector general de la policía, Fritz Saint Fort. Human Rights Watch entrevistó a otras 16 personas de forma remota antes y después de la visita, y consultó datos e informes de Naciones Unidas, sociedad civil y medios de comunicación.

Las repatriaciones a Haití representan una amenaza para la vida hoy en día, y así seguirá siendo hasta que mejoren las condiciones de seguridad en el país, destacó Human Rights Watch. Haití está atravesando una grave situación de seguridad. El gobierno ha perdido el control de zonas estratégicas que ahora están en manos de peligrosas pandillas armadas que, según numerosas fuentes, son financiadas por políticos y sobornan a policías. La violencia empeoró una crisis humanitaria que ya era grave.

Haití también atraviesa una profunda crisis política y constitucional. El primer ministro Henry, jefe de gobierno putativo, no fue electo, sino que fue nombrado por el expresidente Jovenel Moïse dos días antes de ser asesinado, el 7 de julio de 2021. El primer ministro gobierna por decreto, sin mandato constitucional. El Parlamento dejó de funcionar y el sistema judicial apenas puede operar, en un contexto de colapso institucional y de seguridad.

La impunidad sigue siendo la regla. “En Haití, los jueces que están amenazados tienen dos opciones: irse del país o seguir con sus investigaciones y conseguir que los maten por ello”, explicó a Human Rights Watch un miembro del Consejo Superior del Poder Judicial, el órgano administrador del sistema judicial.

Debido a las condiciones de seguridad en Haití, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones que asisten a repatriados expresaron su preocupación de que las personas expulsadas o deportadas a Haití sean secuestradas o extorsionadas por pandillas, las cuales pueden pensar que tienen dinero para viajar o familiares en el extranjero que podrían pagar su rescate. A pesar de este riesgo, actualmente no existe un sistema para dar seguimiento y apoyo a las personas repatriadas.

Del 1 de enero de 2021 hasta el 26 de febrero de 2022, 25.765 personas fueron expulsadas o deportadas a Haití, según datos recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Estados Unidos repatriaron al 79 % de ellas, o 20.309 personas; mientras Bahamas, Cuba, las Islas Turcas y Caicos, México y otros países retornaron al resto.  

Entre el 19 de septiembre de 2021 —cuando la OIM comenzó a recopilar información detallada— hasta el 14 de febrero de 2022, EE. UU. envió de regreso alrededor de 2.300 niños de padres haitianos que habían nacido en el extranjero, la mayoría de ellos en Chile.

La mayor parte de las personas retornadas por EE. UU. habían abandonado Haití hacía años, escapando de una situación económica y de seguridad que ya era difícil, y habían vivido en Chile o Brasil antes de viajar a EE. UU. Algunas sufrieron violencia, incluyendo abusos sexuales, en su camino a los Estados Unidos.

Estados Unidos debe poner fin de inmediato al uso inapropiado del Título 42, una disposición de la normativa de salud estadounidense, para expulsar personas a Haití y otros países, señaló Human Rights Watch. Los datos de la OIM señalan que, desde el 19 de septiembre de 2021 hasta fines de febrero, el 6 % de las personas que Estados Unidos repatrió a Haití fueron deportadas y el resto fueron expulsadas en virtud del Título 42, que fue implementado por el gobierno del expresidente Donald Trump durante la pandemia de COVID-19 para negar a familias, niños y adultos que llegaban a la frontera sur el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos, y ha seguido siendo utilizado por el gobierno del presidente Joe Biden. El 11 de marzo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. dieron por finalizada su autorización para expulsar a niños y niñas no acompañados conforme al Título 42.

En general, Estados Unidos no ha brindado a las personas retornadas a Haití en virtud del Título 42 la oportunidad de expresar sus temores de sufrir persecución o violencia ni de solicitar asilo, en violación del derecho internacional.

El 4 de marzo, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia determinó que desde la perspectiva de la salud pública, “no resulta claro que la orden de los CDC tenga razón de ser”, en referencia a la orden dictada por los CDC en marzo de 2020 de aplicar el Título 42.

En una decisión que podría entrar en vigor en abril, el tribunal ordenó al gobierno de Biden que cesara el uso del Título 42 para expulsar de manera sumaria a familias con niños a países donde podrían sufrir persecución o tortura.

Organismos de la ONU y la Oficina Nacional de Migración de Haití brindan cierto grado de asistencia en el aeropuerto a personas repatriadas, incluyendo algo de dinero, alimentos y productos de higiene, pero no hacen un seguimiento de su situación después de dejarlos en estaciones de autobús o en hoteles, explicaron funcionarios de la ONU y autoridades haitianas a Human Rights Watch. 

En una encuesta realizada por personal de la OIM a 383 personas repatriadas que pudo contactar por teléfono en enero y febrero, el 69 % de los entrevistados dijo que no se sentía seguro en Haití. El 84 % dijo que deseaba irse del país de nuevo debido a la crisis económica y de seguridad.

Además de detener las repatriaciones, los gobiernos deben trabajar con autoridades haitianas, organismos de la ONU y donantes para crear un programa integral de reintegración para quienes ya han sido repatriados, explicó Human Rights Watch. El programa debería abordar las necesidades específicas de las personas repatriadas, como acceso a trabajo; seguridad; reunificación familiar; servicios para sobrevivientes de violencia de género, incluyendo acceso a anticoncepción de emergencia; y asistencia a niños y niñas que tengan su bienestar como prioridad. Un representante de la OIM dijo a Human Rights Watch el 3 de marzo que la organización ha diseñado un programa de reintegración y está buscando apoyo de donantes para ponerlo en marcha.

“Haitianos y sus hijos, muchos de ellos nacidos en el extranjero, están siendo enviados de regreso a un país sumido en el caos”, señaló Muñoz. “Los gobiernos extranjeros deberían cesar todas las repatriaciones y ayudar a establecer un programa de reintegración, en colaboración con las autoridades haitianas, para dar seguimiento a la situación de quienes ya fueron repatriados, ayudarlos a acceder a servicios básicos, proporcionar asistencia a sus hijos e intervenir cuando sus vidas estén en riesgo”.