La mayoría de los países de América Latina tienen una larga historia de receptividad hacia la migración. Pero el aumento sin precedentes en 2021 del número de personas desplazadas por la agitación política, la inestabilidad económica, la violencia, la desigualdad generalizada, el cambio climático, la pandemia de Covid-19 y otros factores ha puesto de manifiesto que los esfuerzos de muchos gobiernos para proteger a los migrantes no están a la altura de las intenciones plasmadas en sus políticas.

Uno de los rasgos más preocupantes de la actual situación migratoria en América Latina es la brecha entre las intenciones de cada país, expresadas a través de sus políticas migratorias, y sus capacidades para proporcionar a los desplazados la protección que necesitan. Esto suele estar relacionado con el insuficiente apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional.

Los países de la región están haciendo esfuerzos increíbles para gestionar la actual crisis migratoria, dando prioridad a los programas en función de lo que permiten sus limitados recursos. Pero la variación de los enfoques está contribuyendo a aumentar aún más el movimiento de personas, pues los migrantes y los solicitantes de asilo tienden a ir a donde pueden obtener la mayor seguridad para ellos y sus familias.

Otro problema es la falta de soluciones a largo plazo. Pensemos en la reciente crisis de los haitianos, tanto los que se dirigen a la frontera entre México y Estados Unidos como los que están atrapados en el sur de México: muchos de los miles de haitianos que atravesaron Panamá en 2021 habían buscado antes un entorno seguro en Suramérica, después del devastador terremoto de 2010, pero no pudieron encontrar esa seguridad a largo plazo.

Los gobiernos y las organizaciones internacionales, junto con la sociedad civil local, deben diseñar una estrategia más eficaz de colaboración, centrada en las personas, para gestionar estas crisis. Reconociendo su propio papel a lo largo de la ruta migratoria, Panamá ha intensificado sus esfuerzos para proporcionar a los migrantes atención médica. Las personas que cruzan el país reciben ayuda médica básica y se les hacen pruebas de Covid-19 y otras enfermedades.

Muchos migrantes y solicitantes de asilo llegan al país desnutridos y con heridas por el peligroso viaje a través del tapón del Darién, una densa selva que interrumpe la carretera panamericana entre Panamá y Colombia. Allí se encuentran con enfermedades, animales mortales y un paisaje traicionero. Las mujeres y los niños, en particular, son vulnerables a la violencia, las agresiones sexuales, el tráfico de personas y la extorsión de los grupos criminales. Y lo que es más preocupante, uno de cada cinco emigrantes de la región es un niño, y el 80% de ellos son menores de cinco años, un periodo crucial para su desarrollo a largo plazo.

Ningún país puede gestionar esta cuestión por sí solo. La situación exige una iniciativa internacional para controlar los flujos migratorios y atender a los desplazados en su paso por América Latina. Necesitamos un sistema en el que cada país comparta la responsabilidad de proteger a las personas desplazadas, incluido el suministro de bienes básicos como atención médica, alimentos, apoyo psicosocial y seguridad. Panamá ha estado asumiendo esta carga en Darién, pero a medida que el número de migrantes aumenta, una respuesta multinacional se hace más urgente cada día.

El Comité Internacional de Rescate lleva mucho tiempo defendiendo los marcos políticos –o pactos– para agrupar los recursos destinados a la atención de los refugiados y los migrantes. La idea es reunir a los donantes, los países de acogida y las organizaciones humanitarias y de desarrollo para crear sistemas capaces de satisfacer las necesidades de estas poblaciones vulnerables. En estos marcos, los gobiernos de acogida se comprometen a aplicar políticas inclusivas a largo plazo para proteger a las poblaciones desplazadas. A cambio, los donantes y las instituciones financieras se comprometen a financiar su aplicación a largo plazo.

Este modelo “compacto” ya se ha aplicado en Jordania, con el apoyo del Banco Mundial, y podría proporcionar un marco inicial para mejorar las condiciones de los migrantes en toda América Latina. Como primer paso hacia ese objetivo, los gobiernos nacionales deberían centrarse en coordinar y armonizar sus políticas migratorias. Existen mecanismos para ayudar a los donantes y a los países de acogida a forjar acuerdos sobre compromisos financieros concretos, reparto de cargas, armonización de políticas transfronterizas y provisión de seguridad, documentación, educación, empleo, atención sanitaria y vías de acceso a la ciudadanía. Pero se necesitará mucha más atención y financiación para hacer realidad la promesa de estos acuerdos.

Para prevenir futuras crisis, debemos abordar las causas profundas de la migración, entre ellas los conflictos violentos, el Covid-19, el cambio climático, la desigualdad sistémica y la falta de oportunidades económicas en los países de origen. Esto significa no solo crear puestos de trabajo y poner en marcha programas de desarrollo, sino también ofrecer respuestas humanitarias eficaces y políticas de apoyo a la protección.

El reto consiste en romper el ciclo de migración y desplazamiento que se perpetúa, creando un entorno seguro tanto para los que han intentado rehacer su vida en otro lugar como para los que han regresado a sus países de origen. Por ejemplo, los más de 100.000 solicitantes de asilo y migrantes de Haití que viven hoy en Suramérica deberían tener la oportunidad de establecerse allí de forma permanente, para no verse obligados a seguir desplazándose.

Con el rápido aumento del número de personas desplazadas que atraviesan América Latina, Panamá y el Comité Internacional de Rescate hacen un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones humanitarias y las instituciones multilaterales para que actúen juntos. Debemos proteger a las personas vulnerables y trabajar por un mundo en el que puedan buscar oportunidades en sus propios países o en otros, en pleno cumplimiento de las normas internacionales y las leyes de inmigración. La mayoría de los emigrantes y solicitantes de asilo no tienen hoy esa opción.

Si la comunidad internacional no dedica más recursos a la atención de los migrantes a lo largo de sus viajes, sus problemas simplemente empeorarán, y las crisis humanitarias en los países de la región serán más frecuentes y graves. Debemos romper el ciclo antes de que se descontrole.