El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) celebró este pasado 30 de noviembre el XLVII Consejo Latinoamericano, en el cual se discutió con la presencia de los delegados de sus 25 Estados miembros, el nuevo Programa de Trabajo 2022-2026, el presupuesto de la secretaría permanente para el 2022 y la elección de la nueva mesa directiva.
Igualmente, en la reunión ordinaria se aprobó una restructuración del mecanismo con el objetivo de adecuarlo a las necesidades de cada uno de los países de Latinoamérica y responder a los temas urgentes que enfrenta la región, sobre todo, por la crisis que ha generado el COVID-19.
El secretario permanente del SELA, Embajador Clarems Endara, detalló que la última restructuración fue en abril de 2013 y ante ello, manifestó que en 18 años las necesidades de los países se han ido transformando, lo que lleva a los organismos internacionales a adecuarse a los retos de hoy.
"La realidad evidentemente es otra 18 años después, las prioridades y los retos de los organismos internacionales deben ser adecuados a las necesidades de los países que los conforman, a su capacidad técnica y financiera para lograr consolidarse como un aporte real y tangible en las tareas y principios encomendados por el Convenio Constitutivo", comentó el secretario permanente ante las delegaciones presentes.
La nueva agenda plurianual tiene el objetivo de fortalecer las capacidades de los países de la región para que puedan enfrentar con mayor eficacia la crisis económica y social consecuencia de la pandemia. La estructura de este plan de trabajo tendrá tres ejes: recuperación económica, digitalización y desarrollo social.
“Para ello, la Secretaría Permanente activó un mecanismo de consulta, a través de una encuesta a los Estados miembros y efectuó reuniones de trabajo, con el fin de lograr mayor precisión en su accionar”, aseguró Clarems.
En este encuentro, quedó designada la nueva directiva del organismo que se encargará de presidir las sesiones del 2022. Por aprobación de los Estados miembros, se reeligió al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en la Presidencia de la máxima instancia de decisión y al Gobierno de Cuba en la Relatoría.
Para ocupar la Primera Vicepresidencia fue elegida la República Argentina y la Segunda Vicepresidencia, será ocupada por la República Cooperativa de Guyana.
Asimismo, propuesto por la República de Nicaragua con la única objeción de Paraguay, se aprobó un proyecto de declaración en contra de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la República de Cuba.
