Elisa fue despedida durante la pandemia. Trabajaba en una organización de la sociedad civil, pero en julio de este año su nuevo jefe le avisó que ya no requería de sus servicios.
Desde finales de 2020 comenzó a sentir preocupación por mantener su trabajo. El temor fue mayor porque en la asociación “nadie tiene prestaciones sociales ni contratos vigentes y no contamos con un seguro médico garantizado en caso de contagio (por COVID-19)”.
Con la pandemia, la jornada laboral de Elisa se extendió hasta 11 horas diarias y su carga de trabajo aumentó cada vez más con el trabajo a distancia. Pero finalmente “me despidieron injustificadamente, en medio de un semáforo rojo, en la tercera ola de la pandemia”, compartió Elisa con Cuestione.
“Me quedé sin ingresos a mitad del año, lo que me está dificultando encontrar un trabajo bien pagado. Todo esto me genera mucho desgaste, estrés y ansiedad. Tuve que parar mis planes. Ahora, estoy administrando mi sobrevivencia”, nos dijo.
Elisa es de las 1.5 millones de mexicanas que aún no recuperan el empleo que perdieron a partir de la crisis económica que provocó la pandemia por la COVID-19 en México.
Esta crisis causó un rezago en las mujeres y niñas, porque las colocó en mayores niveles de desempleo, pobreza, pérdida de ingresos y una mayor carga de trabajos de cuidado, como se alertó durante la 61 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en coordinación con ONU Mujeres, el pasado 29 de septiembre.
Las proyecciones de la CEPAL para este año advierten que aunque se observa un incremento de 2.2% en la tasa de participación laboral de las mujeres, sólo los hombres volverán a los niveles previos a la crisis.
“Las mujeres apenas alcanzarían la participación laboral del 2008 (49.1%). Estaríamos aún en los niveles de hace 13 años”, explicó Raúl García-Buchaca, secretario Ejecutivo Adjunto para Administración y Análisis de Programas de la CEPAL, durante la reunión de la Mesa Directiva.
El representante de la CEPAL explicó que la crisis por COVID-19 profundizó las desigualdades de género en la región porque las mujeres están sobrerrepresentadas en el desempleo, la informalidad, la pobreza, el trabajo doméstico y de cuidados, y en la primera línea de respuesta a la pandemia desde el sector de la salud.
“Seis de cada 10 mujeres (trabajadoras) de la región se concentran en sectores de alto riesgo afectados por la pandemia, como la manufactura, el comercio, el trabajo doméstico remunerado y el turismo”, puntualizó.
En 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo, señala el Informe Especial COVID-19 N⁰9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad.
Según este informe, en 2020 la participación de las mujeres en el mercado laboral se ubicó en 46% en contraste con el 52% del año 2019.
Es una situación de emergencia, expuso Marta Ferreyra, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres en el Instituto Nacional de las Mujeres “porque efectivamente las mujeres han pagado muy alto el costo de la pandemia, lo han pagado en su cuerpo, lo han pagado en sus oportunidades, lo han pagado en su economía”.
Además, la pandemia colocó a las mujeres en mayor vulnerabilidad, porque multiplicó sus tareas y les restó tiempo para su desarrollo personal y profesional, señaló la funcionaria de Inmujeres.
En marzo de 2020 Daniela cumplía 7 meses en su nuevo trabajo. Después de casi un año de buscar oportunidades laborales, supo que una conocida necesitaba una niñera, “lo pensé mucho, porque estudié una carrera. Pero como era un trabajo mejor pagado que en la empresa donde trabajé antes me aventé a hacerlo. Pero inició el confinamiento por la pandemia y ya no pude ir”.
Daniela, de 38 años de edad, regresó a vivir a la casa familiar, porque no podía sostener ni la renta ni sus gastos. Lleva un año y siete meses sin empleo, sin ingresos y “con un proceso de depresión que se potencia cada vez más cuando no me quedo en los empleos donde postulo”.
Con el confinamiento, los trabajos en casa aumentaron. Ella hace las compras y la limpieza diariamente, además de cocinar y ordenar el espacio que comparte con su madre, padre y hermanos.
“No tengo autonomía económica, soy una mujer empobrecida. Mis últimos ahorros terminaron a principios de año. En 2008, trabajaba y estudiaba para poder sostenerme y sacar mis estudios”, nos comentó Daniela, quien sigue en búsqueda de un empleo digno.
Algunas de las afectaciones que sufren las mujeres por la pérdida de empleos formales son en el acceso a mecanismos de protección social y reducción de ingresos, acceso efectivo a servicios de salud, y afectaciones al acceso a educación de calidad, como lo documentó el estudio La Vacuna contra la desigualdad.
Ante el impacto desproporcionado que ha tenido la crisis económica en las mujeres, la reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe acordó que el sistema de cuidados será el tema principal de la próxima conferencia regional sobre la mujer (a celebrarse a finales de 2022 en Argentina), para buscar una recuperación económica sostenible con igualdad de género en la región.
La pandemia puso en evidencia la injusta organización social del cuidado, trabajos domésticos y de cuidados que se imponen a las mujeres y a las niñas en las casas y que “se exacerban en los hogares de menores ingresos”, se dijo en la Conferencia.
“El cuidado es un bien público, es imprescindible para la vida, no puede estar solo resuelto en el ámbito familiar ni en los hogares. Debemos enfrentarlo desde la perspectiva de la corresponsabilidad”, dijo Ana Güezmes García, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
El sistema de cuidados busca redistribuir con los hombres la carga excesiva que ahora sostienen las mujeres y las niñas en los hogares, asimismo distribuir estos trabajos de cuidados con la iniciativa privada y con el Estado; para mejorar la calidad de vida, las oportunidades profesionales y laborales de las mujeres.