El Congreso de Bolivia aprobó una ley respaldada por el Gobierno que permite a los ciudadanos retirar hasta el 15% de sus fondos de pensiones privados para ayudarlos a superar el impacto de la pandemia de COVID-19 y los bloqueos asociados.

La medida imita las leyes respaldadas por la oposición aprobadas en Perú y Chile, y fue una promesa de campaña central del presidente socialista boliviano, Luis Arce.

Se estima que 1,4 millones de personas de la población del pequeño país sudamericano, de 11,51 millones, han perdido sus trabajos durante la pandemia. Bolivia ha sufrido tres oleadas de COVID hasta ahora y solo ha inoculado al 26% de su población con al menos una dosis de la vacuna contra la pandemia.

El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, dijo que el plan era "una medida excepcional y única", ya que los senadores votaron para aprobar la ley, que fue previamente aprobada por la Cámara Baja.

El sistema de AFP chileno se introdujo durante la dictadura de Augusto Pinochet y es visto como la piedra angular del modelo de libre mercado muy imitado del país.

En Chile y Perú, los proyectos de ley presentados el año pasado por los legisladores de la oposición para retirar los fondos de pensiones fueron firmemente rechazados por sus Gobiernos, quienes dijeron que eran perjudiciales para los ahorros y la economía.

En el evento, varias reducciones en ambos países han dado un impulso a sus economías, ya que los ciudadanos utilizaron sus ahorros para pagar deudas y comprar bienes de consumo. Sin embargo, millones ahora se han quedado sin ahorros para su jubilación a menos que el Gobierno financie una seguridad social alternativa en el futuro.

En Bolivia, los fondos de jubilación son administrados por Previsión BBVA, propiedad del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de España, y Futuro de Bolivia, que pertenece a Zurich Financial Services.

El plan establece un límite a las retiradas de 15.000 bolivianos (aproximadamente US$ 2.170) por persona. Según el Ministerio de Economía, ese proceso significará el retiro de 3.900 millones de bolivianos (unos US$ 565 millones) sin impacto en los propios fondos o pensiones.

"Misión cumplida", dijo Gonzalo Melgar, un contador desempleado que caminó durante 65 días desde el oriente de Bolivia hasta la ciudad de La Paz para exigir la devolución de sus contribuciones de jubilación, convirtiéndose así en el protagonista de la campaña.