De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020, en México hubo un total de 6.3 millones de migrantes internos recientes entre 2015 y 2020, además de casi 803 mil migrantes internacionales. Si bien la mayor parte de estas migraciones responden a motivos económicos y familiares, las condiciones actuales de inseguridad y violencia en algunas regiones de México han provocado migraciones internas e internacionales particularmente desde la denominada guerra contra el narcotráfico.
Según los resultados del CPV 2020, entre 2015 y 2020 se dieron cerca de 251.5 mil migraciones por inseguridad delictiva y violencia al interior del país. De los cuales, 168.3 mil fueron migraciones estatales, es decir, se desplazaron a otras entidades federativas y 83.2 mil fueron migraciones municipales, desplazándose a otros municipios al interior de sus entidades. Además, 22.6 mil personas de otros países migraron a México por estos mismos motivos.
De los migrantes estatales por inseguridad y violencia, la mayor parte salió de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Michoacán y se dirigieron en particular a Querétaro, Estado de México, Yucatán, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla. Lo anterior puede deberse en parte a los diferenciales en los niveles de violencia entre los lugares de origen y destino, así como a otros factores económicos, laborales, geográficos y de redes migratorias.
Destacan Ciudad de México y Estado de México al ser de las principales entidades de expulsión y atracción de migrantes por inseguridad y violencia. Esto se debe en parte, a la dinámica de la Zona Metropolitana del Valle de México en donde los migrantes de la Ciudad de México se desplazan al Estado de México y viceversa, pero también a los migrantes de otras entidades que huyen de la violencia y ven a las ciudades y zonas metropolitanas como regiones más seguras.
Por su parte, la migración municipal por motivos de inseguridad y violencia se dio mayoritariamente en municipios y alcaldías del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guerrero y Veracruz. Lo anterior, abona a la hipótesis de que este tipo de migraciones, y en particular, los desplazamientos forzados se dan mayoritariamente a corta distancia, dados los altos costos de la migración y el deseo de las personas de poder regresar a sus lugares de origen.
Los migrantes por inseguridad y violencia en México son en su mayoría mujeres, niñas y niños, lo que puede estar asociado a una mayor vulnerabilidad ante el incremento de la violencia en sus lugares de origen, pero también al hecho de que el 86.6% de los homicidios dolosos registrados entre 2015 y 2020 fueron de hombres (SESNSP, 2021). Por tanto, el incremento de la violencia puede tener efectos diferenciados, al reducir en mayor grado la esperanza de vida de los hombres e incrementar la migración de mujeres.
A partir del módulo de migración internacional del CPV 2020, se estima que cerca de 8 mil personas migraron de México a otro país por motivos de inseguridad delictiva y violencia entre 2015 y 2020, particularmente a EE. UU. La gran mayoría procedía de Guerrero y Michoacán, entidades con altos niveles de violencia provocados por disputas entre grupos criminales. No obstante, estas estimaciones no captaron a los hogares completos que migraron, al no haber quién diera cuenta de su migración.
Al analizar las tasas de migración por violencia e inseguridad y las tasas de homicidios a nivel municipal a partir de los datos del INEGI (2021), podemos observar regiones del país con altos niveles en ambos fenómenos, en especial en el noroeste, noreste y occidente de México. Estas regiones se han caracterizado por tener de los mayores niveles de violencia desde el inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico, como resultado de las divisiones y confrontamientos por los territorios.
En este sentido, se observa que las regiones con una larga presencia de grupos criminales locales y regionales, y en particular de cárteles de drogas, muestran de los mayores niveles de migración por motivos de inseguridad y violencia en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero. Además de diversas regiones al sur del país en donde la violencia puede estar asociada a otros tipos de conflictos agrarios, comunales, religiosos y económicos.
Dados los actuales niveles de violencia e inseguridad por los que atraviesa el país y los nulos o escasos resultados de las políticas de seguridad pública implementadas desde hace 15 años, es necesario replantear la estrategia de seguridad y desarrollar leyes y programas que protejan y apoyen a las personas desplazadas. Por lo que, seguimos a la espera de la aprobación de la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno (LDFI) que fue enviada al Senado desde septiembre de 2020.
Pese a la posible aprobación de la LDFI, esta no contará con recursos económicos en el corto plazo puesto que deben ser aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por tanto, los avances que se realicen dependerán de la voluntad y los esfuerzos de las instituciones que estarán a cargo: la Unidad de Política Migratoria, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Consejo Nacional de Población, cuyas tareas pueden ser rebasadas por sus propias cargas de trabajo y la magnitud del fenómeno.
No obstante, mientras se continué con una política de seguridad que privilegia el confrontamiento de las fuerzas armadas y que no ha mostrado una disminución real de la violencia en más de una década, el problema continuará creciendo pese al desarrollo de leyes y programas de atención. Por tanto, son prioritarias acciones que reduzcan la violencia en los lugares de origen y permitan el retorno seguro de las personas desplazadas, al mismo tiempo que eviten nuevos desplazamientos forzados.