Cerrar la brecha digital puede crear 15 millones de nuevos empleos directos en América Latina y el Caribe, aumentar la productividad e impulsar el crecimiento económico sostenible, sostuvo un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Los retrasos en la conectividad y la digitalización de los países de América Latina y el Caribe han agravado drásticamente los impactos económicos y sociales de la covid-19”, observó el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, al presentar el estudio en un encuentro virtual con empresarios del hemisferio.

Sin embargo, dijo el ejecutivo, “esta realidad también representa una oportunidad histórica para reducir la desigualdad y generar empleo y un crecimiento económico sostenible”.

El estudio, “Brecha Digital en América Latina y el Caribe: Informe Anual del Índice de Desarrollo de Banda Ancha”, comparó en esas áreas a la región con las economías industrializadas y emergentes reunidas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Si la región puede disponer de acceso y uso a tecnologías de información y comunicación como las de la OCDE, elevaría en 6,3 por ciento su productividad y en 7,7 por ciento su producto interno bruto.

Para subsanar esa brecha, la región necesitaría invertir 68 500 millones de dólares, de los cuales 59 por ciento debería destinarse a mejorar la conectividad en zonas urbanas, lo que suele estar a cargo del sector privado.

El 41 por ciento restante debería ir a zonas rurales, donde las inversiones públicas suelen ser la fuente principal de financiamiento.

Además, según el estudio, se necesitan más alianza público-privadas para cerrar la brecha en comparación con los países de la OCDE.

Brasil debería invertir cerca de 22 000 millones de dólares (31 por ciento en áreas rurales) para el cierre correspondiente de su brecha, pero generaría 3,27 millones de nuevos empleos; y México, con unos 12 000 millones de dólares (43 por ciento en lo rural), puede generar tres millones de nuevas plazas de trabajo.

Colombia requiere invertir casi 6000 millones de dólares (41 por ciento en el campo) y conseguiría 1,5 millones de nuevos empleos; Argentina, con 4700 millones de dólares tendría un millón de empleos nuevos, pues no más de 20 por ciento de sus necesidades son requeridas en zonas rurales.

Perú, con un monto similar (destinando 46 por ciento a espacios rurales), dotaría de empleo a unas 900 000 personas, y Venezuela requeriría invertir 4000 millones de dólares (35 por ciento en áreas rurales) y también conseguiría emplear a otras 900 000 personas.

Los países mejor ubicados en la tabla de acceso de sus ciudadanos a banda ancha con calidad requieren menos inversiones y el impacto en número de empleos cuando cierren la brecha es previsiblemente mucho más pequeño.

Es el caso de Uruguay, que necesitaría invertir 95 millones de dólares (13 por ciento en el campo) y conseguiría unos 3000 nuevos empleos; Barbados, que no requiere invertir sino unos 11 millones de dólares, casi todos en sus espacios no urbanizados, y Bahamas, que con 30 millones de dólares puede conseguir otros 9000 empleos.

En una franja media se ubican países como Chile, que necesita invertir 1700 millones de dólares (29 por ciento en el campo), con cerca de 300 000 nuevos empleos, casi las mismas plazas que se crearían en República Dominicana con 800 millones de dólares, de los que 40 por ciento deben ir a zonas rurales.

En términos de asequibilidad, los ciudadanos promedio de la región deben gastar actualmente más de 20 por ciento de sus ingresos para acceder a servicios de banda ancha, una cifra muy por encima del tres por ciento recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

El BID, con sede en esta capital, maneja un índice global de desarrollo de la banda ancha, con 26 países prestatarios del hemisferio y decenas de otras regiones hasta completar 65 naciones.

En esa tabla, el país mejor situado es Barbados, en el puesto 31, y le siguen Chile (33), Costa Rica (38), Brasil (39), Argentina (40), Uruguay (42) y Bahamas (43).

El banco hizo recomendaciones a los países de las distintas subregiones, comenzando por América Central, que debe invertir en infraestructura y desarrollo de aplicaciones y programas pedagógicos en el uso de la tecnología.

En los países del Caribe se requiere inversión en infraestructuras y actualización de los marcos normativos y regulatorios.

En las naciones del Cono Sur se necesita modernizar las infraestructuras y desarrollar modelos productivos basados en tecnologías digitales.

Y en los países andinos es necesario invertir en infraestructuras y desarrollar políticas públicas que permitan instrumentar alianzas público-privadas para llegar a las zonas más remotas.