Los responsables económicos de los siete países más desarrollados (G7) buscarán este viernes y sábado cerrar un acuerdo que implicaría una revolución en el sistema fiscal global, al establecer un impuesto mínimo de sociedades y la tasación a las grandes tecnológicas.

Aun si los ministros de Finanzas y los gobernadores de bancos centrales del grupo alcanzan un pacto en Londres, este todavía deberá someterse al examen del G20 y de la OCDE. Pero lo que es seguro es que, sin este consenso previo, la gran reforma fiscal estará condenada a morir sin haber nacido.

El Reino Unido, anfitrión de la cita ministerial y de la cumbre que la semana que viene reunirá a los líderes del G7 en Cornualles (suroeste de Inglaterra), se muestra "optimista" ante la posibilidad de un acuerdo, según fuentes gubernamentales.

El Gobierno de Boris Johnson considera que un eventual entendimiento está sujeto a que al menos se produzcan "avances" mañana y pasado entre los ministros de su país, Francia, Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Japón, además de la Unión Europea.

Al igual que el resto de los miembros del grupo, Londres cree que el acuerdo debe sustentarse sobre ambos pilares: la imposición mínima a empresas y las tasas a las grandes multinacionales -especialmente tecnológicas- que operan en todo el mundo pero casi sólo contribuyen en los países donde tienen domicilio fiscal. El uno sin el otro, insisten, no son viables.

La voluntad del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, ha sido decisiva para resucitar un proyecto que comenzaba a languidecer.

En la conversación flota la cifra del 15 % como un tipo aceptable para el impuesto mínimo de sociedades. Queda lejos del 21 % al que aspiraba Francia, pero todavía es un plato difícil de digerir para Estados con baja presión fiscal como Países Bajos o Irlanda.

El inicio de la reunión el viernes se dedicará precisamente a este asunto. Para sesiones posteriores quedarán otros como la obligación a las empresas de difundir el impacto climático de sus actividades o la necesidad de que la recuperación pospandemia sea homogénea entre países.

PRESIÓN ESTADOUNIDENSE

Pese a que el tono desde Washington ha cambiado respecto a la presidencia de Donald Trump, todos saben que las negociaciones no serán fáciles.

El Gobierno de Biden lo dejó claro ayer al anunciar la imposición de aranceles, aunque los suspendió de inmediato durante seis meses, a los países que han aprobado la llamada "tasa digital" a las grandes tecnológicas, entre ellos España.

Estados Unidos recordó que su objetivo es encontrar "una solución multilateral" dentro del G20 -cuyos ministros de Finanzas se reunirán en julio- y de la OCDE, pero se guardan la bala de los aranceles en la recámara por si las negociaciones no fructifican.

Para EE.UU. es especialmente relevante hallar un acuerdo para un tipo mínimo del impuesto de sociedades, toda vez que Biden pretende elevarlo del 21 % al 28 % en su país para costear sus masivos programas de gasto público.

Contará previsiblemente con el respaldo de los anfitriones, sumidos en una situación similar, y de Francia, que se ha posicionado desde hace años como ariete de la iniciativa.

El ministro francés del ramo, Bruno Le Maire, declaró este jueves que su país "no ha ahorrado esfuerzos para que los gigantes digitales, grandes ganadores de esta crisis, paguen su justa parte de impuestos", por lo que instó a sus colegas del G7 a respaldar la propuesta en la cita de Londres.

Se trata, a juicio de Le Maire, de una "etapa decisiva" antes de la reunión del G20 en julio y de un objetivo "al alcance de la mano".

Será la primera reunión presencial de los responsables de las políticas económicas de las siete democracias más desarrolladas desde la que tuvieron hace ahora dos años en Francia.

A lo largo de este año, los ministros de Finanzas han tenido cuatro reuniones virtuales este año que han allanado el camino para un acuerdo.