En el ejercicio de sus potestades públicas, los organismos de la administración del Estado están sujetos a la legislación de libre competencia de los países. Si bien, las actuaciones de los organismos públicos que están expresamente normadas por ley, no constituyen un ilícito anticompetitivo per se, no están exentos del escrutinio legal en situaciones donde exceden sus atribuciones adoptando decisiones que pueden afectar la libre competencia en los mercados.
A su vez, en el ejercicio de sus funciones, los servicios públicos tienen una constante e importante interacción con los agentes económicos, por lo que muchas de sus decisiones pueden tener repercusión en la competencia de los mercados en que dichos agentes participan.
De esta manera, es de vital importancia discutir la razonabilidad de los elementos que fundamentan las decisiones de los organismos públicos, así como los potenciales efectos que aquéllas puedan tener en el buen desempeño del proceso competitivo.
Asimismo, los organismos del sector público deben cautelar que sus actuaciones (normativas o actos administrativos) no distorsionen la libre competencia en los mercados, por lo tanto, garantizar que las fundamentaciones de sus decisiones estén basadas en criterios de libre competencia así como adoptar medidas preventivas suficientes para comprender y gestionar los riesgos de libre competencia en el sector público.
La Libre competencia en el sector público responde a:
Así, surge la necesidad de unificar esfuerzos entre el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y el Programa de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile para capacitar a organismos públicos cuyas decisiones inciden directamente en mercados de suma importancia para la sociedad (e.g., telecomunicaciones, salud, infraestructura pública). Para ello, se propone una capacitación online a directivos de organismos públicos de todo Latinoamérica y el Caribe.