América Latina y el Caribe tiene como desafíos generar el financiamiento para mantener el gasto púbico ante la pandemia covid-19, y fortalecer una fiscalidad expansiva para impulsar la reactivación económica, planteó la Cepal al presentar el panorama fiscal que aprecia en la región.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), dijo al presentar el informe en esta capital que “vincular la emergencia con la reactivación es esencial para potenciar el papel del gasto público en una trayectoria de desarrollo inclusivo y sostenible”.

El informe argumenta que la dinámica del crecimiento en 2021 (3,7 por ciento de incremento en el producto interno bruto, según cálculos de la Cepal en diciembre) no compensará la caída observada en la actividad económica en 2020 (-7,7 por ciento) ni tampoco revertirá los aumentos en la pobreza y desigualdad.

La pobreza en la región aumentó en 22 millones de personas y se ubicó en 209 millones, y la tasa de desocupación pasó de 8,1 a 10,7 por ciento, siendo las mujeres las más afectadas, con un retroceso de 10 años en su participación laboral.

A su vez, la persistencia de la pandemia, las asimetrías en la disponibilidad de las vacunas y las incertidumbres sobre su efectividad, junto a ritmos lentos y diversos de recuperación de la economía, “ponen un manto de incertidumbre sobre la velocidad y sostenibilidad de la recuperación económica”, según la Cepal.

Por ello, para Bárcena “es importante extender los paquetes de medidas fiscales durante 2021, ante la fragilidad del proceso de recuperación económica y para continuar mitigando los efectos sociales, productivos y económicos negativos de la pandemia”.

Los esfuerzos fiscales anunciados en 2020 representaron 4,6 por ciento del PIB, en promedio para los países de la región, y se dirigieron a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la estructura productiva.

Los principales instrumentos utilizados para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia fueron los subsidios y transferencias corrientes.

Esa expansión del gasto público, combinada con la caída en la recaudación tributaria asociada al desplome económico, conllevó aumentos significativos en los déficits fiscales y en los niveles de endeudamiento en la región.

La deuda pública bruta de los gobiernos centrales alcanzó a 56,3 por ciento del PIB y la región, una de las más endeudadas del mundo, es la que tiene la peor relación, de 59 por ciento, entre el servicio de la deuda (pagos de capital e intereses) y sus ingresos por exportaciones.

Al vincular los dos desafíos, la región debe “ligar la atención de demandas de corto plazo con inversiones sostenibles e intensivas en empleo, especialmente para mujeres, y promover la transformación productiva y el fortalecimiento y universalización de los sistemas de protección social”, dijo Bárcena.

El segundo objetivo para el que deberían trabajar los países de la región, sus acreedores y las economías desarrolladas es una renegociación de la deuda que mejore los términos de pago no solo para las naciones más desfavorecidas sino también para las de renta media.

La Cepal aboga por más tributos, de solidaridad, a la riqueza, al patrimonio, a la economía digital, verdes, más regalías a las industrias extractivas y mejorar el impuesto sobre la renta, que en la región promedia 2,3 por ciento del PIB, versus 8,1 por ciento como promedio en las economías industrializadas.

Pero también será necesaria la cooperación internacional, y Bárcena aspira que pueda concretarse en primer lugar con una nueva emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI), por el equivalente a 650 000 millones de dólares.

La distribución mundial de esa emisión inyectaría más de 50 000 millones de dólares a las reservas de la región, aumentando en más de 30 por ciento las de países pequeños como Guyana y Suriname, o en 14 por ciento las de Argentina.

El documento de la Cepal también aborda la “no neutralidad de la política fiscal frente a los impactos de género” y plantea la importancia de incorporar la perspectiva de género en el diseño de las políticas fiscales, a través del análisis de los efectos distributivos de las políticas de ingresos, gastos e inversión en las mujeres.

La Cepal insertó su estudio dentro del 33 Seminario Regional de Política Fiscal, un diálogo virtual de varios días en el que participan autoridades, académicos y responsables de entidades internacionales vinculadas al tema.