El Gobierno cubano ha puesto en marcha un ambicioso plan estratégico que busca transformar de manera profunda la economía nacional, golpeada hoy por el doble efecto de la pandemia del nuevo coronavirus y del bloqueo que desde hace más de medio siglo mantiene Estados Unidos contra la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció en julio el inicio de esas reformas, cuya aplicación parece acelerarse en los últimos días con la información de que en fecha próxima se realizará una unificación monetaria y cambiaria en la isla.

En el país caribeño circulan el peso cubano, a la par del dólar al cambio oficial, y el peso convertible o CUC, que se cambia en el mercado paralelo por 25 pesos.

La eliminación del CUC, para que quede el peso como única moneda legal, y la unificación de la tasa de cambio son tareas establecidas por los lineamientos aprobados en los dos últimos Congresos del Partido Comunista de Cuba, realizados en 2011 y en 2016, con el objetivo de "actualizar el modelo económico cubano".

"No es posible seguir avanzando en las transformaciones de la economía, si no se realiza ese ordenamiento", expresó esta semana en televisión el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo.

El vicepremier señaló que se pretende favorecer la producción de alimentos porque "hay dificultad con la fuerza laboral", además de impulsar incentivos fiscales para la labor de las mini-industrias y abrir este año un Banco de Fomento Agrícola.

Además de los factores externos, la economía cubana enfrenta deformaciones en la formación de los precios, desequilibrios macroeconómicos, así como problemas de salario, de eficiencia en el sistema empresarial y de incentivo a los exportadores.

Simultáneamente, el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, detalló en televisión la llamada estrategia socioeconómica de Cuba y su aplicación para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la COVID-19.

Gil adelantó que ese plan incluye desde el estímulo a los agricultores, eliminando trabas productivas, pasando por el incentivo a las exportaciones, hasta la flexibilización del trabajo por cuenta propia, como se denominan aquí a los privados.

En este sentido, informó que "antes de fin de año" se dará a conocer una normativa que ampliará las posibilidades de acción del sector privado, así como una ley para la conformación de pequeñas, medianas y micro empresas, tanto estatales como privadas.

El vicepremier señaló que se pretende favorecer la producción de alimentos porque "hay dificultad con la fuerza laboral", además de impulsar incentivos fiscales para la labor de las mini-industrias y abrir este año un Banco de Fomento Agrícola.

Agregó, por otra parte, el propósito de fomentar la exportación de la producción de las entidades privadas a través de empresas estatales, toda vez que, dijo, las exportaciones son la fuente genuina de ingresos que tiene el país.

De igual manera, se transforma el sistema empresarial estatal con 15 nuevas medidas, entre ellas flexibilizar la distribución de los salarios y descentralizar la función de esas entidades.

"Es una transformación grande que necesita el país y que se hace para bien de la economía y también de la población", aseveró Gil, quien enfatizó que "no se aplicarán terapias de choque y siempre habrá atención a los más vulnerables".

"Las medidas que se acaban de aprobar con la participación de las empresas estatales y no estatales, ambas cruciales para el desarrollo económico del país, permitirán una mayor flexibilización de la economía", aseguró a Xinhua la economista Gladys Hernández.

La académica del habanero Centro de Investigaciones de la Economía Mundial calificó de estratégico a ese programa que, a su juicio, "garantiza una mayor integración de ambos tipos de empresas a la economía".

"No son medidas diseñadas al vapor. Son medidas que van a tener un impacto directo en lo que va a ocurrir desde el punto de vista socioeconómico en el país", estimó la investigadora.