En las zonas de la selva amazónica donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, hubo mayor pérdida de bosques entre 2000-2015 respecto de las tierras indígenas sin minería, reveló un trabajo interactivo del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG).

“En Bolivia, Ecuador y Perú, la tasa de deforestación fue al menos tres veces mayor; y en Colombia y Venezuela la tasa fue de una a dos veces mayor en tierras indígenas con minería que en tierras indígenas sin minería”, dijo  Patricia Quijano Vallejos, consultora legal y coautora del estudio titulado “Derechos minados: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas”.

La minería cubre más de 20 por ciento de los territorios indígenas en la cuenca, con una superficie total de 450 000 kilómetros cuadrados (km2).

“Las concesiones mineras industriales cubren aproximadamente 1,28 millones de km2 (más de 18 por ciento) de la Amazonia” añadió Quijano Vallejos. Junto con las áreas de minería ilegal afectan a 1131 (31 por ciento) territorios indígenas. De esas áreas, 370 son ilegales y muchas están en Brasil, donde se usa mercurio, un tóxico con alto impacto en ríos y suelo.

Si bien el estudio se terminó antes del comienzo de la pandemia de coronavirus, el hecho de que la crisis internacional haya aumentado el precio del oro más de 25 por ciento hizo crecer la demanda en estos meses con el consiguiente daño a comunidades y ecosistemas.

El estudio también analizó la situación legal en el Amazonas, donde “las leyes nacionales otorgan a los pueblos indígenas determinados derechos sobre sus tierras, pero un número reducido de derechos sobre los minerales existentes en ellas”, dijo Quijano Vallejos.

Solo en Guyana, otro de los países de la Amazonia, los pueblos indígenas tienen el derecho al consentimiento previo al inicio de actividades mineras a cargo de terceros, y solo en Colombia cuentan con el derecho de prelación para realizar minería en sus tierras antes de que un tercero pueda hacerlo.

“El reporte encontró que aunque las leyes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana y Perú reconocen algunos derechos a los indígenas (los gobiernos) no proveen la protección legal necesaria para asegurar sus tierras y hacerse cargo del desarrollo”, afirmó en el prólogo del trabajo Andrew Steer, presidente de la WRI.

“En la práctica, la ley no es cumplida adecuadamente por los mineros. Por ello, los pueblos indígenas emplean diversas estrategias, como protestas, marchas y litigios, para proteger sus tierras de la minería”, añadió Quijano Vallejos.

A diferencia de la minería artesanal a pequeña escala que durante generaciones practicaron las comunidades, la minería industrial genera conflictos sociales.

“Cuando llega la minería industrial aumenta el alcoholismo, la prostitución y las drogas; y destruye las comunidades”, mencionó Michael McGarrell, coordinador de derechos humanos de Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca (Coica) y representante de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana, durante la presentación  del informe el 7 de octubre, vía Zoom.

Además, en la minería, los asesinatos de defensores del ambiente son más altos que en cualquier otro sector. Un informe de Global Witness señala que hubo 50 asesinatos en todo el mundo, y más de las mitad de ellos en comunidades de América Latina donde se practicaba la minería.

Respecto de posibles soluciones, el informe de la WRI, de 136 páginas, presenta cinco recomendaciones para controlar la situación, y “empoderar a los indígenas (…) y asegurar que la minería en tierra indígena genere un saldo positivo y a la vez no dañe de manera irreparable el ambiente”, señala.

Entre ellos pide más derechos legales para los indígenas, establece salvaguardas ambientales y crea capacidades en los territorios.

Eleodoro Mayorga, ex ministro de Ciencias de Perú, señaló en la conferencia de prensa que “hubo un avance desde fines del siglo pasado, cuando no había estudios de impacto ambiental”.

“Hoy, en Perú, por ejemplo, la mayor falla es en la aplicación, entre gobiernos nacionales, regionales y municipales”, agregó.

Mayorga también anotó que faltan instituciones en la región que incluyan al sector privado, público y comunidades.

Por su parte, Silvana Baldovino, directora del programa de biodiversidad y pueblos indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que no participó en el estudio de WRI, dijo que “es importante contar con información que pueda generar mejoras en los niveles de protección de los derechos de los pueblos indígenas, de sus territorios y de los defensores ambientales”, dijo.