La migración venezolana ya representaba un reto sin precedentes mucho antes de la pandemia de COVID-19. El número de migrantes que se han establecido en la región alcanzó en 2019 unos 3 millones de personas de los más de 4,7 millones de venezolanos que han dejado el país sudamericano.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un nuevo estudio, titulado Migración en la región andina: impacto de la crisis y expectativas a mediano plazo, analiza el impacto en el corto y mediano plazo de la pandemia sobre los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos en la región andina.

Según el informe, los sectores donde trabajan los migrantes en países como Colombia, Ecuador y Perú, donde reside la mayoría de los venezolanos, han sido los más afectados por la crisis económica que ha dejado el coronavirus y dependiendo de cuánto del shock en el empleo absorban los migrantes, se podría esperar una reducción de empleo de entre 5 % y 42 % de los migrantes empleados.

Aproximadamente 1,5 millones de migrantes que están viviendo en la región lo hacen de manera irregular, por lo que el impacto de la pandemia ha sido mayor en su calidad de vida, en la búsqueda de atención médica y en las posibilidades de acogerse a medidas diseñadas para mitigar los impactos de la crisis sanitaria.

La migración venezolana representa una clara diferencia respecto de otros eventos de migración masiva en el que muchas de estas personas tienen estatus de refugiado, lo que facilita el acceso a servicios públicos y protección.

El estudio del BID dice que en Colombia la población migrante con estatus irregular corresponde al 57 % del total, lo que equivale a 1 017 162 personas. En Ecuador es el 74 % del total, es decir, 271 281 personas; y en Perú alcanza el 15 %, 129 157 migrantes.

La mayoría de los venezolanos trabaja en el sector de servicios y comercio, con un alto porcentaje de empleo informal. Otros lo hacen por su cuenta sin estar bajo ningún control de un empleador.

El perfil de edad de los venezolanos que viven en la región oscila entre 18 y 45 años, un rango considerado no vulnerable para el virus. La falta de vivienda adecuada y el limitado acceso a los servicios de salud, junto con la necesidad de generar ingresos para sus familias, hacen que esta población sea altamente susceptible al contagio.

Para los migrantes venezolanos la precariedad laboral es mayor que para la población local; su estatus de irregularidad les impide acceder a seguros de desempleo y otros tipos de prestaciones que pueden asignarse a través de los registros de la fuerza laboral, además de salarios menores de los establecidos legalmente.

Según el BID, en Colombia, el 90 % de los venezolanos no tiene seguridad social y el 37 % de los trabajadores es informal. En el caso de Ecuador, el 92 % no tiene contrato laboral ni entrega una factura por sus servicios y el 35 % es informal; y en Perú, el 94 % se encuentra sin seguro laboral y el 88 % sin contrato laboral .

El endurecimiento de las condiciones de vida en los países a causa de la pandemia podría motivar la decisión de los migrantes de retornar a Venezuela. Hasta el momento, según artículos periodísticos, entre 6000 y 30 000 venezolanos ya habrían regresado a su país, estima el informe del BID.