La recaudación tributaria en la región de América Latina y el Caribe podría verse amenazada por el deterioro de las perspectivas fiscales de la región, que se ha incrementado a raíz de la pandemia de Covid-19, según un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos.

El texto explica que si bien la recaudación fiscal tuvo un buen rendimiento en 2018, la región enfrentó posteriormente "importantes vientos en contra, que se intensificaron como resultado de la pandemia del Covid-19".

El informe destaca que los ingresos tributarios de la región alcanzaron el 23,1% del PIB promedio en 2018, lo que supuso el nivel más alto registrado en la región después de superar al del año anterior en 0,4 puntos porcentuales. Pese al buen rendimiento, los organismos resaltan que la carga tributaria de América Latina se mantiene "muy por debajo" del promedio de la OCDE, que fue del 34,3% en 2018.

Por países, la recaudación tributaria fue desde el 12,1% de Guatemala y el 13,2% de República Dominicana hasta el 33,1% de Brasil y Barbados o el 42,3% de Cuba. Asimismo, 15 países reportaron un aumento entre sus ingresos tributarios respecto a 2017, mientras que siete se anotaron reducciones y tres se mantuvieron en el mismo nivel.

Además, el informe resalta que, aunque la dinámica de la demanda interna y externa impulsó la recaudación en 2018, las condiciones económicas en la región se deterioraron en 2019 debido, en gran parte, a una disminución en los precios de las materias primas.

Por otro lado, los ingresos fiscales procedentes de la exploración y extracción de petróleo crudo y gas natural en los principales productores de la región aumentaron del 2% en el PIB en 2017 al 2,7% en 2018, pero se estima una caída del 2,5% en 2019. Esta tendencia se ha intensificado en 2020 a raíz del colapso de los precios del petróleo.

Restricciones del gasto por el Covid-19. "La generación limitada de ingresos tributarios en América Latina y el Caribe restringe el espacio para el gasto en servicios públicos, incluida la salud, y plantea cuestiones sobre cómo los países financiarán las medidas de protección social de emergencia para responder a la pandemia del Covid-19", ha subrayado.

Las debilidades de los sistemas administrativos para gestionar instrumentos fiscales como impuestos y transferencias, en comparación con los países de la OCDE, reducen las herramientas disponibles para que la región responda de una manera eficaz a la crisis, según el informe.

"Mirando hacia el futuro, a raíz del Covid-19, será necesario que las economías de América Latina y el Caribe fortalezcan el papel de los sistemas tributarios para estimular el desarrollo económico inclusivo y, en el largo plazo, encauzar sus finanzas públicas hacia una base más sostenible", ha apostillado el texto.

Los organismos señalan que, aunque la estructura tributaria de la región se ha acercado a los niveles de los países de la OCDE como resultado de una mayor recaudación de impuestos directos y una reducción en los gravámenes arancelarios, la recaudación de impuestos "claves", como el impuesto sobre la renta personal (IRP), sigue siendo "limitada y a su vez una fuente de vulnerabilidad".

La recaudación del IRP en la región en 2017 (2,2% del PIB) se situó por debajo del nivel en los países de la OCDE (8,3%), mientras que las contribuciones a la seguridad social se ubican en 4% del PIB en 2017, en comparación con el 9,1% de los países de la OCDE.

Al mismo tiempo, la región depende de los impuestos al consumo en mayor medida que los países de la OCDE. "En conjunto, esto reduce el poder redistributivo de los sistemas tributarios en la región y limita el espacio para abordar las vulnerabilidades en un contexto donde las desigualdades persistentes han sido un factor importante detrás del malestar social en toda la región en los últimos tiempos", ha advertido.

Por último, la presión fiscal de la región se situó en un promedio del 25% del PIB en 2018, frente al 24,4% de 2017. Esta variable se mide a través de una gama más amplia de ingresos fiscales que los impuestos recaudados por los gobiernos, incluidos los ingresos no tributarios provenientes de los recursos naturales y las contribuciones obligatorias a los sistemas privados de seguridad social.