La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, ha planteado un ingreso mínimo para la población pobre en América Latina durante seis meses.

Así lo ha señalado en una videoconferencia organizada por Casa América, en la que también ha participado el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza.

Bárcena ha señalado que, si bien muchos países ya han puesto en operación ingresos mínimos ciudadanos, "no es suficiente", ya que han sido establecidos para un período de en torno a uno y tres meses. La representante de Cepal ha apuntado que esta no es una crisis de bancos ni financiera, sino "una crisis de personas, de la economía real".

"Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar, sin lugar a dudas, es cuanto puede costar un ingreso básico por los próximos seis meses y después, quizás, habrá que pensar como mantener ese ingreso mínimo ciudadano", ha apuntado.

Bárcena ha explicado que si el bono se destinara a la población latinoamericana mayor de 65 años a un nivel de pobreza extrema, es decir, un ingreso de US$67 mensuales durante tres meses, costaría el 0,2% del PIB. Si este bono se destinara a la población pobre, Bárcena ha calculado que el coste rondaría el 4,7% del PIB de la región.

"Si comparas la figura de la evasión fiscal, que es del 6,3%, aquí estamos hablando del 4,7%, es decir, no es tan imposible hacerlo, pero es urgente pensarlo, porque la gente no va a tener otros ingresos", ha advertido.

Bárcena ha explicado que si el bono se destinara a la población latinoamericana mayor de 65 años a un nivel de pobreza extrema, es decir, un ingreso de US$67 mensuales durante tres meses, costaría el 0,2% del PIB.

Por otro lado, la secretaria ejecutiva ha criticado el papel de algunas grandes empresas durante la crisis, en referencia a la chilena Cencosud. Bárcena ha criticado que mientras que las empresas piden ayudas a los gobiernos e instan a sus trabajadores a acogerse a la ley de protección de empleo, han repartido sus dividendos entre sus accionistas.

Por su parte, Carranza ha resaltado que los pronósticos en la región se sitúan a una contracción de en torno al 5%, cuando hace un mes las previsiones eran cercanas al 3% y antes de la llegada de la enfermedad se estimaba un crecimiento del 2%, es decir, una diferencia de siete puntos. Además, hay que añadir la incertidumbre desprendida por la duración de la pandemia en la región.

El presidente de CAF ha afirmado que el impacto en los países de la región será desigual, en función de sus características estructurales y de los principales productos que exporten.

Así, ha señalado que es probable que durante la crisis Chile, cuya principal actividad exportadora es el cobre, y Colombia, que exporta hidrocarburos, sufran más que otros países como Paraguay o Uruguay.

Al mismo tiempo, países dependientes del turismo, como es el caso de México, el Caribe u otros de Centroamérica, también sufrirán un impacto negativo ante las restricciones implantadas por los diferentes gobiernos.

La informalidad será otro aspecto que marcará la diferencia del impacto entre los países de la región, puesto que aquellos con tasas más altas dispondrán de menos protecciones laborales en estos momentos, así como una menor resiliencia debido al menor acceso al crédito.

Carranza ha dividido en tres fases la recuperación económica de la región: una fase inicial, caracterizada por la respuesta en materia sanitaria y en materia fiscal por parte de los gobiernos; una segunda fase en la que se continuarán con las medidas de la primera fase y se hará necesario la adopción de medidas de liquidez en empresas para no romper la cadena de pago. "Sino le damos soluciones de liquidez vamos a ver que se quiebra la cadena de pago y podemos tener empresas en problema que pierdan empleo de manera permanente", ha señalado.

En esta segunda fase, Carranza también ha resaltado la solidez de los bancos, puesto que "no hay recuperación económica si no antecede una recuperación del crédito".

La última fase será la recuperación de la economía después de la pandemia, en la que, según Carranza, habrá empresas y familias endeudadas, por lo que será necesaria una respuesta en política fiscal que apoye la demanda.

Al mismo tiempo, ha advertido que dichas políticas fiscales solo son necesarias en la tercera fase, ante los problemas de oferta y demanda en la región en las dos primeras fases.

Por último, el representante de CAF ha afirmado que habrá sectores en los que será necesaria la intervención gubernamental, como es el caso de la industria automotriz o las aerolíneas.