Enviar a la Asamblea Nacional las reformas revisadas al Código Orgánico de Finanzas Públicas, la publicación de un plan de acción con umbrales actualizados de elegibilidad de beneficiarios y acelerar la finalización del Registro Social son las tareas más inmediatas que tiene al momento Ecuador, en relación con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el último reporte técnico del organismo, que sirvió para el desembolso del crédito de casi US$500 millones en diciembre, estas tareas deben cumplirse en febrero de este año.

Para abril se esperaría que el Ejecutivo envíe a la Asamblea la revisión de enmiendas a la ley del Banco Central.

Estos y otros temas serán monitoreados por una delegación del FMI que acaba de llegar al país. El equipo, encabezado por Anna Ivanova, se encuentra evaluando los “desarrollos económicos recientes y continuará trabajando con las autoridades ecuatorianas mientras implementan sus planes de política económica”, aseguró esta semana el FMI.

El Fondo se ha mostrado comprensivo frente a las dificultades que ha tenido el país para ajustar la economía. Incluso bajó la meta de consolidación fiscal de 5% a 3,9% para el 2021. Esto significará menor presión social para el cumplimiento.

En noviembre pasado, la Asamblea negó una megaley que había enviado el Ejecutivo, que contenía justamente las reformas al Código de Finanzas, al Código Monetario y las reformas tributarias (las que a fin de año, con variaciones a la baja sí fueron aceptadas).

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, explica que el Código de las Finanzas Públicas sería una propuesta que no generaría mayores conflictos dentro de la Asamblea. Considera que posiblemente se lo envíe con carácter de económico urgente.

"En los puntos más destacados de la Ley de Finanzas está reducir del 15% al 5% la posibilidad de modificar el presupuesto, límite al incremento del gasto y al endeudamiento”, explicó.

Sin embargo, en el segundo compromiso, la ley ya no sería integral como el primero, sino puntual y su aprobación dependerá del pulso político.

Acosta destacó que la reforma laboral no está considerada en un futuro inmediato.

Entre tanto, la Unidad de Registro Social informó que el trabajo avanza. Al momento se encuentran levantando el Registro Social en Los Ríos y parte de la provincia del Guayas; paulatinamente en marzo y abril se irán incorporando los demás territorios.

Adicionalmente, el INEC cumple el levantamiento en tres provincias, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, el cual finalizará a mediados del 2020. La Unidad del Registro Social indicó que la meta de levantamiento de datos de 2,4 millones de hogares en los sectores priorizados se cumplirá hasta enero del 2021.

El Ministerio de Finanzas informó ayer que trabaja en las reformas al Código de Finanzas Públicas, pero aún no tiene una fecha definida de entrega.

De acuerdo con Acosta, el Fondo se ha mostrado comprensivo frente a las dificultades que ha tenido el país para ajustar la economía. Incluso bajó la meta de consolidación fiscal de 5% a 3,9% para el 2021. Esto significará menor presión social para el cumplimiento, así como un mayor endeudamiento, ya que el ajuste se hace más lento