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¿Es el cambio de la Constitución la solución a la crisis en Chile? Expertos analizan la propuesta
7 de noviembre, (DW).-Las críticas a la Constitución de 1980 apuntan a su origen y también a su contenido. Sus detractores la califican de ilegítima, herencia Pinochet y amarre de la dictadura, no representativa, excesivamente presidencialista, tramposa y muy difícil de modificar.
En medio de las protestas, la ciudadanía, reunida en cabildos, discute los cambios que necesita el país. Las demandas siempre se encuentran una traba: la Constitución.
Al reclamo, originalmente surgido de la oposición, se han sumado sectores de la derecha y ahora el propio presidente se ha abierto a la posibilidad de modificar la carta magna. "Después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la constitución”, señaló Sebastián Piñera en una entrevista con la BBC.
Existen posturas legales divididas en torno a si las reformas que exige la población requieren o no de una nueva Constitución. En opinión de Kirsten Sehnbruch, cientista social, el gran tema es que como "viene de la época de Pinochet y limitó la democracia durante los 90, tiene una carga negativa muy fuerte”.
Nuevas estructuras para los cambios. Para que las reformas sociales no sean superficiales, se necesitaría cambiar primero ciertas estructuras determinadas por la actual Constitución, que limitan los cambios que exigen los manifestantes, indica a DW el historiador Manuel Bastías, investigador del Instituto Max Planck para la Historia del Derecho, con sede en Frankfurt.
Las reformas realizadas hasta ahora han apuntado a cuestiones políticas y electorales, en el sentido de hacer más democrática la composición del parlamento y eliminar los senadores designados y vitalicios.
"Muchas de las demandas tienen un límite jurídico dado por la actual Constitución. Temas de propiedad privada, nacionalización de recursos, el agua, reformas al sistema de salud, educación, previsiones, podrían tener objeciones de revisión del Tribunal Constitucional”, indica Bastías.
"El mayor problema es que la estructura no permite la construcción de un Estado social”, afirma el experto. Las reformas realizadas hasta ahora han apuntado a cuestiones políticas y electorales, en el sentido de hacer más democrática la composición del parlamento y eliminar los senadores designados y vitalicios.