“La salud es la riqueza real y no piezas de oro y plata”, dijo una vez Mahatma Gandhi. Los centroamericanos lo saben, por eso, en 2014, el último año para el que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dispone de cifras, invirtieron $6,458 millones en servicios médicos privados.

La OMS califica la inversión privada en salud como todos aquellos desembolsos directos de los hogares, los seguros privados y las donaciones de caridad, así como todos aquellos pagos directos de estos servicios por parte de corporaciones privadas.

Las estadísticas de dicha entidad revelan que, en ese mismo año, los países del istmo gastaron además un total de $10,057 millones en salud pública, un monto donde se incluyen todas las inversiones gubernamentales, municipales, donaciones y otros.

Del gasto global (privado y público) realizado en Centroamérica, el cual equivalió a $16,515 millones, la mayor proporción respondió obviamente al sistema público, que corrió con un 60.9 % de los desembolsos, y la menor a los servicios privados, que representaron un 39.1 %.

Por países, la porción más grande del gasto privado del área correspondió a Guatemala, con un 36 % de los $6,458 millones, un resultado que parece obvio dado el tamaño de su población (la mayor del istmo).

A esta le siguió Costa Rica, con un 20 % del referido total, y Panamá, con 15 %. Más abajo se ubicaron Honduras, con 13 %; El Salvador, con 9 %; y Nicaragua, con 7 %.

El análisis de la entidad internacional permite ver asimismo los gastos médicos en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) de los países, lo que permite observar el grado de relevancia fiscal del tema, en el apartado público, así como la demanda y el poder adquisitivo, del lado privado.

Según el informe de Indicadores Básicos, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región hay tres países que invierten, de forma combinada pública y privada, un total de 9 % de sus PIB: Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Detrás se ubica Panamá, con 8 % del PIB, El Salvador con 7 % y en último lugar Guatemala con 6 %.

Si se toma únicamente el gasto privado con respecto al PIB, los datos arrojan que Honduras invierte un 4.3 %; Guatemala y Nicaragua un 3.9 %; Costa Rica un 2.6 %; El Salvador un 2.3 %; y Panamá un 2.2 %. Con ello, el gasto promedio regional en servicios privados de salud asciende a aproximadamente 3.2 % del PIB.

Ahora bien, por el lado público, los montos totales invertidos por cada Estado  permiten observar otros datos igualmente interesantes.

En ese apartado, Costa Rica sobresale como el país donde el sistema público corre con un 73 % del gasto total que se hace en salud. En esa nación, solo un 27 % sale de los bolsillos de los pacientes o de alguna organización privada. La proporción es idéntica en Panamá.

Un caso intermedio, en cambio, es El Salvador, donde un 66 % del gasto en el sector lo realiza el sector público y un 34%, el privado. Ese porcentaje se eleva a 44 %, en Nicaragua y a 49 % en Honduras.

En contraste, Guatemala es el único país del istmo donde el mayor gasto en salud es realizado en el ámbito privado, llegando a un 62 % del total.

La demanda privada crece

Más allá del gasto público en salud que realiza cada una de las naciones de Centroamérica, un dato es innegable: la demanda de servicios privados ha venido creciendo de manera acelerada en al menos cinco países, una lista donde la excepción ha sido El Salvador.

Entre 2000 y 2014, Costa Rica, por ejemplo, según la información de la OMS, ha reportado un crecimiento de 423 % en el gasto efectuado en ese tipo de servicios, pasando de $241 millones a $1,261 millones. En ese mismo período, Honduras, por su parte, reportó un alza de 283 %, pasando de $218 millones a $834 millones.

Mientras que Nicaragua y Guatemala registraron un crecimiento bastante similar de 263 % y 260 %, respectivamente. Así, en el primero de esos países, el gasto pasó de $128 millones a $466 millones, mientras que en el segundo de $645 millones a $2,323 millones.

Finalmente, el dinamismo en Panamá, en el referido período, llegó a un 244 %, con un gasto privado que de $288 millones saltó a $992 millones.

La gran excepción, y por mucho, como ya se ha dicho fue El Salvador, un país que, en comparación con sus vecinos, reportó alzas marginales que hacen ver al gasto privado en salud más bien estancado en los alrededores de los $580 millones.

De hecho, en los 14 años del período mencionado, los desembolsos privados en salud en El Salvador apenas representaron un crecimiento de 1.13 %, pasando de $574 millones a $581 millones.

Ese resultado estaría ligado al bajo poder adquisitivo de los hogares salvadoreños, un hecho vinculado a su vez con el pobre desempeño de la economía local, que es la que menos crece en la región centroamericana.

Un escenario que contrasta, por ejemplo, con el panorama costarricense, donde no solo la cobertura de salud pública es enorme sino que también la capacidad y los desembolsos de los hogares, así como el auge del turismo médico que han impulsado el crecimiento del sector.

Prioridad fiscal

La salud como parte fundamental del bienestar de la población debería ocupar, al menos en teoría, un lugar angular en los presupuestos estatales, al igual que la educación.

De acuerdo con Werner Peña, economista Investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), para medir cuán importante es la salud en los planes de gobierno de los países del istmo, se utiliza el denominado indicador de prioridad fiscal.

En Centroamérica, este es en promedio del 18.6 %. De forma individual destacan, en ese punto, Nicaragua con un 23.9% de prioridad fiscal en salud y Costa Rica con el 23.3 %.

Peña indica que Guatemala, por su parte, es un caso especial en el que la prioridad económica no siempre coincide con la presupuestaria, ya que si bien con relación al PIB su gasto es el más pequeño del istmo, dentro de su presupuesto, que también es bajo, sí tiene una gran relevancia.

En el análisis sobre la situación de la cobertura de salud pública, Peña señala que en definitiva hay un nexo entre la calidad de salud que tiene un país y su crecimiento económico.

Por lo tanto, los retos para la región, en ese punto, se antojan importantes, ya que la salud pública suele estar ligada al trabajo formal, como lo ejemplifica Costa Rica con la Caja Costarricense del Seguro Social.

Sin embargo, en economías altamente informales el tema se complica y el acceso se reduce. Para el caso, en El Salvador solo 35 de cada 100 personas ocupadas tienen acceso al seguro público de salud.

En cualquier caso, enfatiza el especialista, el análisis aunque sea económico deberá siempre apuntar a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes centroamericanos.