Según este estudio elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con sede en Perú, dentro del mercado laboral informal, predominan los jóvenes de 14 a 29 años (79.8%). Ocho de cada diez mujeres no se encuentran trabajando de manera formal. (Foto: Perú 21)
Martes 02 de febrero del 2016.- El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), en su estudio “Economía informal en el Perú”, estima que al 2021 el país tendrá al 58.2% de su población trabajando de manera informal. Ello significa que en nueve años este indicador bajará solo cerca de 6%, dado que en el 2013 fue de 64% (con este dato, el Perú sería uno de los cinco países más informales). Con ello, se estaría viendo un menor ritmo en la reducción de la informalidad, ya que en el 2004 la población que no contaba con empleo formal era 75%, y al 2013 esta se redujo en 11%.
Esto se complementa con datos de la OCDE, que concluye que Perú sería uno de los países con mayor persistencia en informalidad, dado que el 55% de estos trabajadores permanecen en esta condición después de dos años y solo el 12% encuentra un empleo formal el año siguiente.
En el estudio se revela que dentro del mercado laboral informal predominan los jóvenes de 14 a 29 años (79.8%).
En cuanto a estudios, el 78.9% de personas que han cursado la secundaria son empleados informales y, en el caso de los que tienen educación superior, la tasa desciende a 45.2%. Además, en el Perú, la informalidad laboral tiene rostro femenino, pues ocho (76.1%) de cada diez mujeres se encuentran en esa condición y, en los hombres, la relación es de siete de diez (70.3%).
Por último, los sectores que registran mayor informalidad son agricultura, transportes, construcción y comercio.
El PBI estimado del sector informal del Perú se situará en cerca del 17%, 15% y 6% para los años 2021, 2030 y 2050, respectivamente. En el 2014 un trabajador formal percibía, en promedio, S/11.90 por hora, mientras que un informal solo S/5.30. La brecha de ingresos crece a medida que mejora el nivel educativo.
Ceplan concluye que una mayor regulación de los negocios generaría más empleo informal, y menos corrupción reduciría el PBI de la informalidad.