Quito. El costo de reconstruir los daños que dejó el terremoto del 16 de abril pasado, que inicialmente han sido estimados en $ 3.344 millones, se asemejan a lo que el país exportó el año pasado en banano y conservas de atún ($ 3.400 millones) o lo que juntas facturaron las tres principales cadenas de supermercados del país ($ 3.500 millones).

Dos meses después del sismo, el Gobierno anunció que ya ha gastado más de $ 200 millones en la emergencia.

Parte de esos gastos han sido atendidos con la línea de contingencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que comprometió $ 300 millones. “Son los créditos que nos aprueban, nos desembolsan, vamos justificando y recibimos más”, dijo el jueves el presidente Rafael Correa.

El BID es una de las fuentes de las que provienen los recursos contemplados en los $ 2.253 millones que el Gobierno ha dicho que asumirá el sector público (67%) para la reconstrucción posterremoto.

Allí se estipulan otras líneas contingentes del Banco Mundial, CAF, FMI, el presupuesto del Estado y la Ley de Solidaridad, de la que el régimen espera recibir en promedio $ 50 millones cada mes.

Carlos Bernal, secretario técnico del comité de reconstrucción, indicó que para la remoción de escombros tuvieron una primera asignación de $19,5 millones, para incentivos de reparación de casas (bonos de hasta $ 4.000) se asignaron $47,5 millones y para la reparación de tramos viales se asignaron cerca de $ 39 millones.

De los fondos de emergencia también han salido más de $ 35 millones para escuelas y $ 20 millones para recuperar servicios de agua y saneamiento.

Bernal señaló que otros rubros han ido para atender gastos corrientes, abastecimiento de alimentos en los albergues e insumos de salud.

Ministros de Estado y miembros del Comité de Reconstrucción han estimado que levantar lo que el terremoto devastó tomará, según las áreas, entre dos y cincos años.

La ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, dijo que solo la parte correspondiente a vivienda demanda de unos $ 200 millones y la reconstrucción llevará dos años más en ese rubro.

Al sector privado le toca asumir el restante 33% de la reposición de los daños, que significan unos $ 1.091 millones.

En Manabí, la provincia más golpeada, se estima que el terremoto dejó sin empleo a 22 mil personas. Solo en la zona cero de Portoviejo hubo 3.000 comerciantes afectados, sin contar con las plazas que se perdieron por los daños en el sector hotelero de la provincia.

Por ello, los gremios aspiran a que haya una reactivación rápida, eficiente y responsable. Luis Miranda, presidente de la Cámara de la Construcción de Portoviejo, espera que los rubros sean bien invertidos y que en la reconstrucción se considere mano de obra y profesionales locales.

Correa señaló que se han abierto líneas crediticias para el sector productivo. Por ejemplo, dijo, que en créditos de hasta $20 mil no exigen garantías materiales. Además mencionó que para las nuevas inversiones hay exoneraciones del impuesto a la renta por diez años.

Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, calculó que el sector hotelero necesita de $ 60 y $ 70 millones para reparaciones internas y la reconstrucción.

Consideró que al menos se necesitarán dos años para que Manta recupere las plazas que tenía antes del sismo.