FMI advierte a El Salvador por crisis fiscal

Del comunicado del Fondo Monetario Internacional:

Las autoridades de El Salvador expresan su agradecimiento al personal técnico por el intercambio constructivo y franco mantenido con ocasión de la Consulta del Artículo IV. Consideran que el informe describe de forma objetiva y clara las principales cuestiones económicas y sociales a las que se enfrenta el país. De hecho, coinciden con la mayor parte de la evaluación sobre los diferentes sectores y las diferentes políticas, con ciertos matices en cuanto al enfoque y la puntualidad del informe. Las autoridades coinciden en que la inseguridad y la escasa inversión son factores a los que cabe atribuir el bajo crecimiento potencial de El Salvador. 

Consideran que cualquier plan de consolidación fiscal debe tener en cuenta por lo menos tres particularidades fundamentales de la economía salvadoreña. En primer lugar, la dolarización ha ayudado a mantener la inflación bajo control, pero ha anulado la capacidad para adoptar políticas monetarias y cambiarias y ha supuesto una menor flexibilidad para hacer frente a los shocks externos y los desastres naturales. En segundo lugar, la escasez de fondos de desarrollo ha restringido la senda hacia una consolidación más suave. 

Por último, se ha producido una serie de ciclos negativos entre el crecimiento débil, los desequilibrios fiscales —incluido el sistema de pensiones— y el escaso desarrollo, la pobreza, la desigualdad y la inclusión social. 

Evolución reciente

El país está beneficiándose del ingreso extraordinario que representa el bajo nivel de los precios del petróleo y de la recuperación económica de Estados Unidos, lo que se ve reflejado en la disminución del déficit en cuenta corriente de 5,2% del PIB en 2014 a 3,6% del PIB en 2015. El precio de la energía eléctrica ha descendido considerablemente, lo cual constituye un aliciente para la competitividad de las empresas y el ingreso de los hogares.

 La inflación permanece bajo control en un nivel de 0,86% (abril de 2016). Gracias a la inversión (privada y pública) y el consumo, cabe prever que para finales de 2016 el crecimiento se sitúe dentro de un rango de 2,3%-2,6%. El comportamiento de otras variables corrobora esta proyección: 1) El crédito al sector privado ha crecido a un ritmo de 5,3%, similar al de 2015, con un crecimiento del crédito empresarial de 6,9% (abril de 2016), es decir, más rápido que el crédito de consumo. 2) La inversión pública, cifrada en USD 230,5 millones (enero-abril de 2016), ha crecido 33,9% en comparación con el mismo período del año pasado. 3) Las remesas han crecido 6,8% (enero-abril de 2016) en comparación con el mismo período del año pasado. 

Si bien la parálisis política ha obstaculizado constantemente las reformas necesarias, la reciente aprobación de una asignación de USD 152 millones para reforzar la seguridad interna demuestra que es posible lograr consenso político y es un buen augurio para el futuro programa de reforma. 2 Política fiscal Las autoridades coinciden en la necesidad de consolidación fiscal y están de acuerdo en que si no se adoptan medidas la deuda podría aumentar a niveles insostenibles. Tienen planificado un ajuste fiscal de 2,5% del PIB —es decir, similar al recomendado por el personal técnico— con un equilibrio entre las medidas de ingreso y las de gasto. Un ajuste sustancial podría poner en riesgo la estabilidad del país ya que exigiría recortes en partidas prioritarias de gasto social e inversión. Las autoridades consideran que el período de ajuste propuesto por el personal técnico es limitado (2017-2019), teniendo en cuenta el problema de bajo crecimiento de El Salvador, y que la incertidumbre fiscal no es la causa principal, como bien se señala en el informe. El crecimiento se vería muy perjudicado si no se dispone de financiamiento para suavizar el período de ajuste.

Las autoridades concuerdan en que, dada la necesidad de promover el crecimiento, la eficiencia de la tributación es un tema pertinente. Continuarán analizando opciones para introducir impuestos progresivos que generen menos distorsiones. A diferencia del personal técnico, las autoridades consideran que el rendimiento de los impuestos sobre las transacciones bancarias y las telecomunicaciones no es despreciable y que sus efectos de distorsión en la actualidad no son excesivos. En el caso del impuesto a las telecomunicaciones, este se grava sobre consumidores que en la actualidad son propietarios de 11 millones de teléfonos móviles. (Los salvadoreños son propietarios de dos móviles cada uno, en promedio). El producto recaudado de este impuesto está destinado a incrementar el gasto en policía y seguridad, lo cual es esencial para contrarrestar el reciente aumento de la delincuencia. El impuesto a las transacciones bancarias reviste importancia para el tesoro (USD 80 millones), mientras que el crédito a las empresas creció a un ritmo de 6,9% durante los cuatro primeros meses del año. 

El gobierno y el personal técnico concuerdan en torno a la mayoría de las medidas de política tributaria. Coinciden en la importancia de introducir impuestos progresivos y menos distorsivos sobre el patrimonio, los predios y las pensiones muy inequitativas. Coinciden asimismo en aumentar las tasas del impuesto sobre la renta de las personas naturales con los ingresos más altos y en reducir la tasa del impuesto empresarial, ampliando al mismo tiempo la base imponible. El aumento de la tasa del IVA sería una medida de última instancia, en vista de sus bien conocidos efectos regresivos y el riesgo de recesión ya mencionado. 

En cuanto a las medidas de control del gasto, las autoridades en principio concuerdan con la idea planteada en el informe de limitar la indexación salarial a aumentos inferiores a la tasa de inflación. No obstante, están estudiando opciones para los grupos de menor ingreso ya que los salarios mínimos son de alrededor de USD 250 mensuales y que la cesta de productos de los consumidores de menor ingreso crece a una tasa mayor que el IPC. Es necesario proteger a este segmento de la población para evitar repercusiones en la pobreza y el agravamiento de la desigualdad del ingreso. Las autoridades han aprovechado el bajo nivel de los precios del petróleo para reducir los subsidios al transporte, la electricidad y el gas licuado de petróleo 3 (GLP). Concuerdan en que hay margen para focalizar aún más los subsidios a la energía. El gobierno está analizando otras formas de crear espacio fiscal para reforzar el gasto social y en seguridad. 

Además, las autoridades están negociando una iniciativa de reforma del sistema de pensiones para reducir la brecha financiera a corto plazo. Son conscientes de que para restablecer la sostenibilidad del sistema a largo plazo se precisarán más reformas, como modificaciones paramétricas, pero que aún es necesario generar mayor respaldo político. 

Sector financiero

 Los niveles actuales de las reservas financieras son suficientes para contener los riesgos sustanciales, como lo demuestran los diferentes conjuntos de pruebas de tensión realizadas por el banco central y la superintendencia financiera. A pesar del aumento del crédito al sector público, el crédito al sector privado ha estado registrando tasas saludables de crecimiento. La pérdida de relaciones de corresponsalía bancaria ha sido manejable; algunos bancos internacionales han dejado el país, pero han sido reemplazados por importantes bancos regionales. La mayoría de los riesgos están contenidos por la propia estructura del sector o se han visto mitigados por las medidas de las autoridades. Los bancos internacionales y los grandes bancos regionales mantienen una presencia importante; de hecho, en la actualidad aproximadamente un 90% de los flujos de remesas circulan por estos bancos. Se ha reforzado la vigilancia supervisora y las autoridades permanecen en estrecha colaboración con iniciativas internacionales y bilaterales sobre cumplimiento tributario. El marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo continúa mejorando y cumpliendo con las normas internacionales, y las autoridades están preparadas para actuar si se detectara una brecha persistente en materia de regulación o si surgieran nuevas normas internacionales. 

Las autoridades continúan trabajando en el establecimiento de un mecanismo de prestamista de última instancia, con la asistencia técnica del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital (MCM). Existe acuerdo en que el banco central debería coordinar y gestionar el mecanismo, y se están finalizando los detalles en tal sentido. 

Por último, en el informe la actual situación política se caracteriza en general como de parálisis y polarización, y se señala que esto representa un obstáculo incluso para una reforma gradual. Las autoridades habrían preferido que la coyuntura política interna hubiera sido enfocada de una manera más cuidadosa, a fin de facilitar el diálogo que permita impulsar las reformas estructurales necesarias. El gobierno está procurando forjar consenso político; está negociando un plan financiero con el principal partido de oposición para la reconversión de los bonos internos a corto plazo (Letras del Tesoro, o LETES) por Eurobonos, y para obtener la ratificación de los préstamos externos en la Asamblea Legislativa. También se lograron acuerdos en torno a los fondos para seguridad, como ya se ha descrito.