Madrid, 4 de febrero de 2015.- El 31 de diciembre de este año vence el plazo límite que tienen los países en vías de desarrollo para concluir el proceso de adecuación al Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Entre los países beneficiados por la prórroga se encuentran: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, Fiji, El Salvador, Granada, Guatemala, Jamaica, Jordania, Mauricio, Panamá, Papua Nueva Guinea, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Algunos de los cuales ya tiene implementado el régimen de adecuación.

En 2007, el Consejo General adoptó la decisión de extender el plazo para la eliminación de los programas de subvenciones a la exportación de los mencionados países en desarrollo, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2015.

Las zonas francas son áreas geográficas que gozan de tratamiento preferencial en materia arancelaria, tributaria y cambiaria, lo que promueve sectores dinámicos como el manufacturero, servicios y logística.

América Latina y el Caribe concentran el 23% del total de zonas francas existentes en el mundo, el segundo mayor porcentaje después de Asia-Pacífico (44%), según la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

Cabe recordar que el desarrollo y consolidación de zonas francas en América Latina y el Caribe, permitió conformar un instrumento importante para el incremento del empleo, la atracción de inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la ampliación de la oferta exportable, mejorando considerablemente la inserción internacional de los diferentes mercados.

Hasta la década de los 90s, precisa un estudio del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), las zonas francas eran principalmente un medio de promoción de exportaciones, pero en los últimos veinte años pasaron a ser un instrumento de desarrollo productivo.

A partir del estudio de la evolución de las legislaciones de algunos países, señala SELA, se evidencia la importancia en el desarrollo que adquirieron las zonas francas, especialmente, las enfocadas a la tecnología, convirtiéndose en “catalizador de inversiones y en polos de desarrollo productivo e industrial”.

Las zonas francas en la región generan más de un millón de empleos directos, concentrando la mayor participación de puestos laborales en Estados Unidos, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Brasil.

El informe del SELA señala algunos casos como el de Costa Rica, República Dominicana, Uruguay y Colombia, pero destaca la falta de una política unificada, principalmente en materia de origen, para la región de América Latina y el Caribe.

Así, mientras Estados Unidos, por ejemplo, reconoce el origen en los productos fabricados en las zonas francas de República Dominicana, otros países del CAFTA, Colombia, Perú y MERCOSUR niegan origen a los productos provenientes de sus propias zonas francas, advierte el informe, pese a que reconocen origen en otros provenientes de zonas extra regionales.

Para el SELA, la región se beneficiaría más si estableciera el reconocimiento de origen de los productos elaborados en zonas francas en los acuerdos comerciales del continente.