Lima, 13 de enero de 2015.- La protección social es un elemento clave de las estrategias nacionales dirigidas a promover el desarrollo humano, la inclusión social, la estabilidad política y el crecimiento económico.

Sin embargo, hoy al menos la tercera parte de los trabajadores urbanos de América Latina, la mayoría de ellos mujeres, se encuentran completamente fuera del paraguas de los sistemas formales de protección social.

Una inadecuada cobertura de protección social genera pobreza e inseguridad, ensancha la desigualdad, debilita la inversión en capital humano, y provoca una demanda agregada débil, lo cual es especialmente dañina en tiempos de recesión o de lento crecimiento.

Desde la OIT defendemos que la protección social debe ser de amplia cobertura, lo que ha sido resumido en la propuesta de contar en cada país con un “Piso de Protección Social” cuyos pilares son permitir el acceso esencial a la salud para todos, garantizar ingresos básicos a familias con niños, garantizar la seguridad de ingresos a personas en edad de trabajar (seguro de desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y protección a la maternidad) y garantizar los ingresos a las personas mayores cuando cesan su vida laboral (pensiones).

En el caso del acceso a la salud, aunque los niveles de cobertura presentan diferencias entre los países, el promedio regional de trabajadores amparados por los sistemas de protección bordea el 60%. La situación ha mejorado en las últimas décadas, pero esta tasa también nos indica que en pleno siglo 21 parte considerable de la población de América Latina aún no está afiliada a ningún sistema de salud y esta situación de desprotección aumenta a medida que disminuyen los ingresos.

Si hablamos de protección social a familias con niños, tan solo 12 de 30 países de la Región cuentan con un régimen de prestaciones familiares.

En el caso de la protección ante el desempleo, mientras que en Europa el 80% de los trabajadores dispone de un seguro de desempleo, en América Latina y el Caribe solo lo tienen el 38%.

De hecho, tan solo siete países en América Latina cuentan con un régimen de seguro de desempleo.

En cuanto a las pensiones, en todos los países de América Latina y Caribe contamos con algún tipo de protección para situaciones de vejez. De hecho la afiliación a los regímenes pensiones ha aumentado en la mayoría de los países y en algunos casos hasta más de un 20 por ciento. Otro aspecto positivo ha sido el incremento de las pensiones no contributivas en varios países, que ha favorecido la disminución de las desigualdades internas en algunos países. Aunque es igualmente importante encontrar la vía para extender y hacer viables esos sistemas contributivos.

Pese a estos avances, en este momento, más de un tercio de la población mayor de 65 años de edad no percibe ninguna prestación y menos de cuatro de cada diez trabajadores cotiza a un régimen de pensiones contributivo o tradicional, lo que recarga excesivamente esta responsabilidad en sistemas no contributivos.

Este es un tema clave a resolver, pues hay un proceso de envejecimiento de la población que es indetenible.

El concepto de “Piso de Protección Social” es crucial para el diseño de estrategias de protección social modernas, ya que implica recurrir a una diversidad de opciones para aumentar las coberturas y ganar así en igualdad, en cohesión social y en crecimiento económico.

La propuesta de ninguna manera sustituye los sistemas clásicos de protección social. Se trata más bien de una abrir una vía para ampliar la cobertura rápidamente y hacer frente a los desafíos del desarrollo.

Además implica que la protección social no sea considerada como un gasto. En realidad es una inversión que puede dejar importantes beneficios para las sociedades y las economías cuando se basa en estrategias bien diseñadas.