Quito, 30 de marzo de 2015 (Andes).- La titular de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci), de Ecuador, Gabriela Rosero, afirmó en entrevista con la agencia Andes que su país ha dejado claro qué tipo de cooperación requiere y añadió que esta se refiere fundamentalmente al campo de la ciencia, investigación y la tecnología.

“En este momento, Ecuador en los diferentes espacios que ha estado, en las reuniones bilaterales y de diálogo político con Estados Unidos (…), ha sido muy claro en señalar el tipo de cooperación que requerimos”, afirmó desde su despacho en la sede de la Seteci, frente a la iniciativa del presidente Barack Obama de un plan de ayuda a la región.

Obama pidió al Senado estadounidense que apruebe un presupuesto de 1.990 millones de dólares para un plan denominado ´Alianza para la prosperidad´, una parte del cual sería destinado a promover la libertad de prensa y derechos humanos en Ecuador, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Queremos ya una cooperación que realmente apueste por la transmisión del conocimiento, de tecnología, intercambios académicos y entre universidades, por lo cual ese tipo de líneas (propuestas por Obama) no son las que ha priorizado el país”, indicó.

La funcionaria señaló que Estados Unidos y sus representaciones están en el legítimo derecho de tomar las decisiones respecto a dónde o hacia qué dirección ubicar los recursos, y por otra parte en su ejercicio soberano los países pueden aceptarla o no.

En su opinión, estos son mecanismos o propuestas que en este caso ese país busca establecer para generar un nivel de incomodidad y controversia en los países de la región.

“Qué tipo de experiencias nos van a transmitir. Por eso es que el canciller (Ricardo Patiño) ha dicho que eso debe ser allá (lo que están proponiendo); el lobby allá, para que aprendan sobre libertad de expresión. Esos no son recursos que nosotros necesitaríamos”, indicó.

Señaló que, sin embargo, no es solo Estados Unidos el que sigue esta tendencia de pretender colocar recursos en estas temáticas, “la Unión Europea, también”, y Ecuador ha dicho “no, gracias, no queremos estos recursos”.

En la actualidad, la cooperación representa apenas el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, reflejo de la existencia de una mayor inversión pública, contrario a lo que sucede en otros países. Los mayores cooperantes actualmente provienen de la Unión Europea, y en lo bilateral destacan España, Italia y Alemania.

"¿Qué pasa cuando hay una intencionalidad política detrás de una propuesta de cooperación como la que ha hecho Obama?", se cuestionó la titular de la Seteci.

Usaid “no está más” en Ecuador

De la cooperación que llegaba hace cinco años a Ecuador, la de Estados Unidos, fundamentalmente a través de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo (Usaid, siglas en inglés) representaba entre un 25 y un 30% del total; en 2014 la cifra no superó el 12%, según cifras proporcionadas por la Seteci.

La titular de esa secretaría confirmó que “Usaid como representación en Quito ya no está más” (desde 2013), pero se siguen recibiendo fondos desde Estados Unidos a través de las Ongs extranjeras (Organizaciones No Gubernamentales) con representación en el país, entre estas Care Internacional, Conservación Internacional, WWF, y otras, relacionadas mayoritariamente con temas de la niñez y ambientales.

También llegan recursos que el gobierno Estados Unidos otorga a través de terceros, como la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Otra forma de canalizar es con la participación de ONGs extranjeras que no están registradas, aunque existe la información de cuánto están ingresando.

“Lo que tenemos hasta el momento son programas y proyectos con recursos que vienen de Estados Unidos, pero no del ente oficial del gobierno de Estados Unidos para gestionar la cooperación”, apuntó.

La cooperación recibida desde ese país norteño ha evolucionado, primero de forma bilateral a partir de convenios en áreas generales, como por ejemplo con planes para apoyar la estrategia de desarrollo en la frontera sur entre Ecuador y Perú tras la guerra; luego se priorizó el área de intervención en la frontera norte, y a través de mesas donantes con respaldo de Usaid para asuntos de infraestructura, conectividad, trata de personas, refugiados y gobiernos locales.

Pero, expuso, en el camino siempre hubo dos líneas que más les ha interesado siempre a ese país norteño: gobernabilidad (o gobernanza, Estados democráticos), y otra relacionada con el eje ambiental (residuos sólidos, áreas protegidas con influencia en territorios indígenas, entre otros).

En el caso de la primera, se otorgaba una cifra importante, pero EE.UU. decidía la forma de su implementación, sin embargo, aún cuando la apuesta era a fortalecer la institucionalidad, las ejecutaban ONGs estadounidenses y no se enfocaban a la institucionalidad pública.

“En su mayoría por ONGs norteamericana como el National Democratic Institute (NDI), un brazo ejecutor de la Aned (Agencia Nacional para la Democracia), del Departamento de Estado, que hacía formación política; se puede investigar cuál ha sido el papel de la Aned y la NDI, financiar básicamente -en momentos complejos de nuestras democracias latinoamericana- desestabilización”, precisó.

Lo controvertido radicaba en que las líneas se ejecutaban desde una visión de las ONGs y con apoyo a aquellos gobiernos locales que no estaban con el gobierno nacional de turno, el mismo que firmaba los contratos, por lo cual Ecuador demandó un cambio en los mecanismos de implementación.

Por otro lado, la línea ambiental, a través de la cual llegaba financiamiento para el cambio climático y sostenibilidad ambiental, eran ejecutadas en su mayoría a través de empresas norteamericanas, mientras existía un proyecto de costas y bosques que les permitía mapear toda la región a través de información satelital.

“Estos mecanismos de implementación y las formas mediante las cuales Estados Unidos ejecutaba sus recursos (…) fue la que nos llevó a decir paremos un momento, dialoguemos”, describió Rosero, quien agregó que en el caso de Usaid del 100 % de sus funcionarios en Quito, el 70% o un poco menos eran militares.

La titular de la Seteci concluyó que está clara la intención política de esas partidas que están previstas por el presidente Obama, sobre todo, por el tipo de gobiernos a los que están dirigidos, en el propósito de posicionar a nivel internacional que son países donde se estarían violando los derechos humanos y no hay libertad de expresión.

“Eso no lo vamos a permitir, (…) pero dentro de los mecanismos bilaterales, si hay un ofrecimiento de cooperación, imagínese esos recursos para movilizar académicos y promover procesos de innovación tecnológica; es la intención que está detrás de eso, el mensaje”, afirmó.

“No estamos en contra de que las organizaciones de la sociedad civil cooperen mutuamente, o reciban recursos o se intercambien experiencias, pero qué pasa cuando hay una intencionalidad política de un gobierno”, se cuestionó.