San José, 9 de febrero de 2015.- Hernán Piedra administra un negocio familiar que provee materiales didácticos y de oficina a algunas entidades del Estado.

Para vender sus productos, se inscribió en CompraRed, en Mer-link y también en el registro de proveedores de la Universidad Nacional.

Si quisiera ofrecerle bienes a Recope, Poder Judicial o a muchas de las municipalidades del país, tendría que suscribirse a los registros de proveedores de todas ellas y estar pendiente de cada uno de sus concursos, anunciados en sus sitios web, en La Gaceta o por medio de comunicación directa con los proveedores registrados, según la contratación.

Por estos sistemas pasan prácticamente todas las compras del Estado que no se puedan hacer con fondos de caja chica y otras excepciones, desde lapiceros hasta carreteras.

De las 400 instituciones públicas, solo los 18 ministerios y la Presidencia están obligados a utilizar una plataforma integrada que por ahora es CompraRed pero que irá migrando al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) a partir de este año.

CompraRed desaparecerá en diciembre del 2016 y a Merlink lo seguirá administrando Radiográfica Costarricense (Racsa), así como al Sicop.

Al resto de instituciones públicas solo una ley puede obligarlas a unificarse.

Así, grandes compradores estatales como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que es la 12.° institución que más compró en Costa Rica en el 2014, continúan haciendo sus contrataciones mediante un sistema propio que implica papeleo y trámites presenciales.

La entidad está registrada en CompraRed, pero no lo utiliza.

Transparencia en juego

Esa desintegración no solo confunde a los proveedores y encarece sus trámites, sino que le suma puntos a la corrupción y le resta a la transparencia.

“Entre más automatizado esté un sistema, se reducen por mucho los riesgos de corrupción a los que están muy expuestas las compras públicas”.

Con esta frase, Allan Ugalde, de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República (CGR), resume uno de los principales pecados de las compras públicas.

En el 2012, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micit) publicó un estudio en el que reveló que para el 57% de las compras públicas aún intervenía algún procedimiento en papel.

El papeleo se vuelve riesgoso cuando comienza a pasar de mano en mano. Mientras más personas estén involucradas, más peligra la transparencia.

“Hay que reducir al máximo el recurso humano en este tema”, comentó Ugalde.

Ese es precisamente el mayor reto en transparencia al que se enfrenta el país, dice Julisa Sáenz, del Área de Administración Financiera de la CGR.

La posibilidad de vigilar los procesos de cerca, con toda la documentación en línea, hace transparente las compras ante la gente. “Que el ciudadano pueda ver cuándo y cómo”, dijo Sáenz.

El vía crucis

Cada registro en una proveeduría implica un trámite adicional que, aunque se rige por los principios generales de la Ley de Contratación Administrativa, es diferente según el reglamento de la institución.

“Todas las empresas se topan con un desorden. Es una pluralidad que genera inseguridad jurídica, mucha informalidad y ambivalencia de criterios para los empresarios”, comentó el presidente de la Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa, Christian Campos.

Una multiplicación de requisitos que urge revertir desde hace al menos nueve años.

En el 2006, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial ya alertaba sobre las múltiples aprobaciones y revisiones por las que pasaba una sola compra en cada ente.

La Contraloría General de la República también lo viene advirtiendo desde el 2008: muchas plataformas aisladas cuestan muchos millones de dólares y no solucionan el problema.

Hasta el Gobierno de Singapur anotó la necesidad de un solo sistema de compras para toda Costa Rica en el Tratado de Libre Comercio que firmó en el 2010.

Pero en el 2015, el panorama se pinta con los mismos colores de entonces. Sigue sin existir un registro único de proveedores y hay tantas formas de comprar como instituciones fuera de los sistemas unificados de CompraRed o Merlink.

La desintegración es causa y consecuencia del papeleo y la tramitología, pero solo una ley puede corregirla. Y no una ley cualquiera. “Una específicamente de contratación electrónica”, apuntó Campos.

Un proyecto de ley que modifique un artículo de la Ley de Contratación Administrativa, como el que actualmente se encuentra en el orden del día del plenario, no sería suficiente para paliar el problema, afirmó el especialista.