Lima, 20 de julio de 2015.- Las pérdidas humanas y materiales frente a terremotos, tsunamis u otros desastres naturales devastadores aumenta cuando existe una deficiente planificación urbana, basada en el desorden y la informalidad, sostiene un reciente informe de las Naciones Unidas al respecto.

Según el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2015, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNISDR), para prevenir y mitigar los daños se requiere una confiable base de datos sobre el territorio, que incluya mapas de riesgo, así como buenas normas de construcción y zonificación que se cumplan.

Al respecto, Andrew Maskrey, coordinador del citado informe, destacó que desde hace varios años el Perú incorporó, sobre todo a nivel del gobierno nacional, la gestión de riesgo en la inversión pública, con presupuestos importantes para prevención y mitigación de daños.

Sin embargo, consideró que este enfoque no ha sido necesariamente compartido a nivel de los gobiernos locales y regionales, algunos de los cuales carecen de capacidad institucional para gestionar la vulnerabilidad y el riesgo ante desastres.

Señaló que muchas ciudades y centros urbanos del país carecen, desconocen la existencia o simplemente no toman en cuenta la información sobre zonificación, y autorizan sin criterio técnico o permiten la construcción de predios para fines de vivienda, comercio o industria en áreas altamente vulnerables a desastres.

Un ejemplo de esta situación, en Lima Metropolitana, ocurre en el distrito de Chosica, donde cientos de familias han construido sus viviendas en los cauces de las quebradas por donde discurren huaicos casi todos los años en temporada de verano y lluvias.

Como consecuencia de ello se generan pérdidas de vidas humanas y numerosas familias damnificadas que ven cómo el lodo y las piedras destruyen sus viviendas, enseres, vehículos, infraestructura pública y todo lo que se interponga en el camino del deslizamiento.

Reducir riesgo y aumentar resiliencia

Maskrey apuntó que una buena gestión de la vulnerabilidad permite tomar decisiones acertadas sobre planificación e inversiones que reducen el riesgo y aumentan la resiliencia o capacidad de recuperación frente a un hecho adverso.

Destacó que en los últimas dos décadas el desarrollo y mejoramiento de las normas y códigos de construcción han desempeñado una función central en los esfuerzos de gestión del riesgo urbano.

No obstante, enfatizó en la necesidad de cumplir esas normas para evitar los daños, lo cual implica que las autoridades desarrollen permanentes campañas de sensibilización y fiscalización en sus comunidades.

Participación del sector privado

El experto indicó que si bien la inversión estatal es muy importante en este tema, la participación del sector privado en los procesos de planificación urbana puede influir directamente en los futuros niveles de riesgo, en el cumplimiento de las normas de construcción y de planificación. Asimismo, puede conducir a un mejor diálogo con el sector público, anotó.

"Una gestión urbana eficaz debe reconocer la relación directa que existe entre la infraestructura adecuada, la sostenibilidad ambiental, la productividad, la igualdad y la calidad de vida. Esto implica también que deben tomarse en cuenta los factores sociales y ambientales del riesgo de desastres", manifestó.

Maskrey recordó que en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en la ciudad japonesa de Sendai en marzo de este año, se acordó como objetivo al año 2030 una reducción sustancial del riesgo ante desastres y de las pérdidas ocasionadas, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud pública.

Subrayó que una de las metas mundiales adoptadas en ese cónclave tiene que ver con el incremento de la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples, a información y realizar evaluaciones sobre riesgo de desastres.

Asimismo, reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Bruto Interno (PBI) de los países, así como la tasa de mortalidad y de damnificados por cada 100,000 personas.

Otras metas son incrementar considerablemente el número de países que cuenta con estrategias de reducción del riesgo a nivel nacional y local para el año 2020; y mejorar la cooperación internacional para los países en desarrollo (como el Perú), mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional.