Uno de los paneles del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, realizado en Lima entre el 15 y el 17 de noviembre. La segunda por la derecha es la lideresa asháninka Ruth Buendía, quien participó en el encuentro en representación de comunidades rurales. Crédito: Aramís Castro/IPS
LIMA, 17 nov 2015 (IPS) - Los legisladores del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe decidieron durante un encuentro regional trabajar en bloque por la aprobación de leyes sobre seguridad alimentaria, un tema en que el avance regional ha sido desigual.
En el VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), realizado entre el domingo 15 y este martes 17, contó con la participación de más de 60 legisladores de 17 países de la región y delegaciones invitadas de parlamentos de África, Asia y Europa.
La coordinadora del Frente regional, la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle, aseguró a IPS que el desafío es “armonizar” estas normas para combatir la pobreza y el hambre en la región con mayor desigualdad del planeta.
Calle agregó que se han aprobado varias leyes sobre seguridad y soberanía alimentaria en América Latina y que ahora el reto es estandarizar estas iniciativas en todos los países que participan en el FPH para fortalecer las políticas en beneficio de la agricultura familiar.
En América Latina, 81 por ciento de los productos que alimentan a su población provienen de los pequeños agricultores que garantizan la seguridad alimentaria de la región, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), asesor del FPH desde su creación en 2009.
Doce de 17 países ya cuentan con normas de seguridad y soberanía alimentaria, informó Calle. Pero este no ha sido un camino fácil, hay normas que se aprobaron después de varias postergaciones.
Durante la inauguración del VI Foro, la coordinadora del FPH recordó que en la región “hemos reducido en 50 por ciento el hambre (desde 1990), pero aún es insuficiente. No es posible que sigamos viviendo en un mundo donde el alimento es un negocio y no un derecho. No es posible que 80 por ciento de quienes producen los alimentos sean quien sufren de hambre”.
El camino no es fácil y muestra de ello es el país anfitrión.
En Perú, el proyecto de ley de seguridad alimentaria se aprobó recién el 12 de este mes por el unicameral Congreso legislativo, tras dos años de debate. El Poder Legislativo reaccionó a solo tres días de ser anfitrión de VI Foro. Sin embargo, la norma aún debe ser promulgada y reglamentada por el Ejecutivo.
“¿Cómo es posible que un gobierno haga objeciones a una ley de seguridad alimentaria?”, se preguntó la vicepresidenta de Perú, Marisol Espinoza, durante la inauguración del VI Foro.
Espinoza, quien renunció en octubre al gobernante Partido Nacionalista Peruano, reemplazó al mandatario Ollanta Humala, quien había sido invitado a inaugurar las deliberaciones de los parlamentarios.
Muestra de papas nativas en una feria alimentaria que formó parte de los actos inaugurales del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, celebrado en Lima entre el 15 y 17 de noviembre. La defensa alimentaria y cultural de los productos nativos forma parte del derecho a la alimentación que impulsan los legisladores de América Latina y el Caribe. Crédito: Aramís Castro/IPS
El coordinador del capítulo peruano del FPH, Jaime Delgado, dijo a IPS que espera que el Ejecutivo promulgue la norma de seguridad alimentaria y no la observe.
La lideresa indígena Ruth Buendía, quien participó en el VI Foro en representación de las comunidades rurales, consideró que el gobierno debe aprobar normas para proteger a los campesinos peruanos debido a que se les paga muy poco por su cosecha a pesar de que abastecen a los mercados de las ciudades.
“Lo que tiene que hacer el gobierno es regular para su ciudadanía. ¿Para qué tenemos un gobierno que no nos va a defender? Lo decimos nosotros en nuestra comunidad, ¿para qué tengo padre (Estado)? Si quieren inversión, que haya pero que regulen”, declaró a PS la integrante del pueblo asháninca.
Otro tema controversial en el caso peruano es el retraso por más de dos años del reglamento de la ley de alimentaciones saludables para niños, niñas y adolescentes, promulgada en mayo de 2013, que exige que las empresas productoras de alimentos para ese grupo poblacional detallen el contenido de los productos.
El congresista Delgado aseguró que las compañías de alimentos presionan para que la norma no entre en vigor, lo que solo es posible con su reglamentación.
“Sería patético que con tanto sacrificio que se hizo por la ley, (el gobierno) ni siquiera la deje reglamentada por haberse dejado ganar por los intereses empresariales”, planteó Delgado.
El legislador recordó que en Perú se invierten cada año en publicidad de comida chatarra más de 200 millones de dólares, según un estudio de 2012 del Consejo Consultivo de Radio y Televisión y que a nivel mundial, 80 por ciento de muertes tienen su origen en la mala alimentación.
La ecuatoriana Calle aseguró en su diálogo con IPS que los miembros del FPH decidieron recomendar la entrada en vigor de esta norma peruana, en su declaración final del VI Foro.
“Los 17 países (que integran el FPH) estamos empeñados en que en Perú se reglamente la ley de alimentación saludable. Creemos que es indispensable. Es una ley maravillosa”, aseguró la asambleísta.
Danzantes campesinos de los Andes peruanos, durante uno de los actos inaugurales del VI Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado en Lima entre el 15 y el 17 de noviembre. En la región más de 80 por ciento de los alimentos que se consumen provienen de los pequeños agricultores, mientras paradójicamente igual porcentaje del hambre se concentra en el área rural. Crédito: Aramís Castro/IPS
La parlamentaria explicó que en su país sí se logró exigir que las empresas de alimentos y bebidas informen los contenidos de sus productos en las etiquetas a pesar de la oposición de las compañías.
“En Ecuador tenemos una experiencia fabulosa (sobre la comida chatarra y el etiquetado de los alimentos) que quisiéramos que puedan, aquí en Perú, entender los empresarios y no se asusten”, agregó Calle.
Al insistir en que “no es posible que vivamos en un mundo en el que la alimentación sea un negocio”, la coordinadora regional del FPH consideró que para afrontar este problema “necesitamos gobiernos y parlamentos comprometidos con las mayorías y no con las transnacionales”.
Otro de los países que logró avances fue Brasil, donde entre las leyes a favor del derecho a la alimentación destaca una que fija que al menos 30 por ciento de la alimentación escolar se adquiera a los pequeños agricultores locales, explicó a IPS, Nazareno Fonseca, miembro del consejo consultivo regional del FPH.
Para Calle, la experiencia brasileña a favor de la seguridad alimentaria, vinculada a su programa de “Hambre Cero,” marcó un hito para América Latina.
La coordinadora regional del FPH recordó que como ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria, el responsable de la aplicación de ese programa en sus cruciales primeros dos años (2003-2004) fue José Graziano da Silva, quien desde 2011 es director general de la FAO.
El senador español José Miguel Camacho señaló que es importante que los parlamentarios de América Latina y el Caribe actúen en bloque porque “todavía queda mucho camino por recorrer y estos foros ayudan en ese sentido”.
En su declaración final el VI Foro centrará sus compromisos sobre tres áreas: seguridad alimentaria, un tema en el que el FPH trabaja una ley marco uniforme; alimentación escolar y experiencias sobre la mala alimentación por exceso y por comida chatarra.
El ministro de Salud de Perú, Aníbal Velásquez, aseguró que se espera “que los compromisos que se aprueben en el VI Foro se puedan traducir en leyes”, mientras que el presidente del Congreso local, Luis Iberico, reflexionó que no se puede hablar de ciudadanos, cuando no se les garantizan derechos fundamentales y aún existe hambre y pobreza.
La asháninca Buendía, por su parte, reclamó a los legisladores del FPH más presencia de las autoridades en las zonas rurales para trascender las declaraciones políticas.
