Washington, 10 de septiembre de 2015.- En América Latina y el Caribe las mujeres enfrentan diferentes obstáculos que limitan su progreso económico. No obstante, últimamente se han logrado avances en lo referente a la violencia doméstica con la adopción de leyes integrales destinadas a proteger a la mujer, según explica el informe del Grupo del Banco Mundial Mujer, Empresa y el Derecho 2016, presentado ayer.
El informe bianual indica que la región ha logrado notables avances hacia la igualdad de género en las áreas monitoreadas. En los últimos dos años, Jamaica eliminó la restricción al trabajo nocturno de las mujeres que existía desde 1942, México estableció la deducción fiscal por pagos por concepto del cuidado infantil, y Uruguay amplió la duración de la licencia de maternidad y paternidad. -Además, Uruguay también aumentó la edad mínima para contraer matrimonio con consentimiento para hombres y mujeres.
Nicaragua aparece como el país con más reformas de la región al introducir la licencia por paternidad y otorgar igual derecho a hombres y mujeres para ser jefas y jefes de hogar, así como elegir la sede del hogar conyugal. Asimismo, aumentó la edad mínima de hombres y mujeres para contraer matrimonio y mejoró los derechos de propiedad de la mujer en caso de divorcio.
En Suriname, se otorgó a las mujeres los mismos derechos que los hombres de transmitir la nacionalidad a sus esposos e hijos. Colombia, Costa Rica y Trinidad y Tobago aumentaron el tope en cuantía de las demandas que se pueden presentar ante un tribunal por menores cuantías, ampliando el acceso a la justicia para pequeñas empresas las cuales son muchas veces propiedad de mujeres. Jamaica cuenta actualmente con una oficina de crédito que emite informes sobre pequeños préstamos. El acceso a información crediticia puede incrementar la capacidad de la mujer para obtener un préstamo y constituir una empresa.
El informe, el cual examina leyes que impiden el empleo y la capacidad empresarial de la mujer, concluye que las mujeres casadas se ven afectadas por múltiples restricciones legales que afectan sus oportunidades económicas. En Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Haití, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago, las mujeres casadas deben presentar documentación adicional al solicitar un pasaporte, lo cual no es exigido a los hombres casados. En las Bahamas las mujeres enfrentan más dificultades en transmitir su ciudadanía a sus hijos, y en Barbados no lo pueden hacer. Restricciones de este tipo, pueden limitar el acceso de las mujeres a los servicios públicos. En Bolivia, las mujeres casadas no pueden conseguir un empleo sin la autorización de sus esposos.
Además, en 16 economías de la región las mujeres tienen prohibido realizar los mismos trabajos que los hombres, señala el informe, que cubre 173 economías del mundo, incluyendo 33 economías de la región de América Latina y el Caribe. Belize prohíbe que las mujeres trabajen de noche en fábricas o que manejen mercancías en los muelles, y Honduras y Colombia impiden que las mujeres tengan trabajos considerados peligrosos.
En cuanto a la violencia contra la mujer, todas las economías de la región, a excepción de Haití, tienen legislaciones contra la violencia doméstica. Pero la implementación y el cumplimiento de las leyes que protegen a las mujeres de la violencia siguen constituyendo un desafío.
No obstante, la región también muestra avances en otros frentes. En cinco economías (Bolivia, México, Perú, Puerto Rico, y Trinidad y Tobago) se han adoptado leyes que prohíben la discriminación por razones de género en el acceso al crédito.
Varias economías de la región promueven la participación política de la mujer mediante la aplicación de cuotas legales en los órganos electivos. Por ejemplo, en Bolivia, donde existe una cuota femenina obligatoria del 50% para las listas de candidatos y existen sanciones por la violación de dicho requisito, la presencia de mujeres en el Parlamento alcanzó el 53 por ciento. En El Salvador también imponen sanciones por la implementación no adecuada de las cuotas en las listas de candidatos. En los últimos dos años, México aumentó al 50% la cuota de género en las listas de los partidos políticos para las elecciones federales e introdujo el requisito de que los candidatos de ambos sexos se alternen en las listas. Por su parte, Haití, adoptó una nueva ley electoral que exige que uno de cada tres miembros de los consejos municipales sea una mujer.
Mujer, Empresa y el Derecho mide cómo las leyes, reglamentaciones e instituciones establecen diferencias entre hombres y mujeres de manera tal que afectan los incentivos o la capacidad de las mujeres para trabajar o establecer y llevar adelante una empresa. El proyecto analiza las diferencias legales de género observadas en 173 economías circunscritas a siete áreas: acceso a las instituciones, uso de la propiedad, obtención de empleo, incentivos para trabajar, capacidad de generar un historial crediticio, acceso a la justicia y protección de la mujer contra la violencia. El informe se publica cada dos años.