Santo Domingo, 14 de noviembre de 2014 (PL).- El canciller dominicano, Andrés Navarro, reiteró ante embajadores del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el compromiso de su país de respetar los derechos humanos.
En el encuentro, destacó los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente Danilo Medina en el proceso del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros.
Aseguró que no se ha escatimado esfuerzo alguno para garantizar el debido proceso de regularización a los hijos nacidos en el país de padres con estatus de ilegales, con todas las facilidades disponibles y de manera gratuita.
Asimismo, afirmó que el gobierno estudia diferentes escenarios y encamina una consulta nacional con experimentados juristas para establecer su posición ante la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Dominicana.
Consideró que la sentencia de la CIDH se decidió sin tomar en cuenta los procesos históricos y la realidad económico-social de la República Dominicana.
Dijo además que se trata de un fallo que alude a la Constitución dominicana, el derecho a decidir sobre la nacionalidad, y cuestiona algunos artículos de la Ley 169/14 que ha facilitado el plan de regularización de extranjeros.
Cada país tiene derecho a definir el mecanismo para conceder la ciudadanía, en el marco de la innegociable libre determinación, y esa soberana decisión no puede ser interpretada como una negación al respeto de los derechos humanos, opinó.
Navarro planteó que el gobierno acogió el fallo de la sentencia 256/14 del Tribunal Constitucional dominicano porque tiene claro el debido respeto al orden jurídico y a la independencia de los poderes del Estado, "con lo que ha evitado una innecesaria confrontación y una posible crisis social y política de impredecibles consecuencias".
Recordó que los gobiernos dominicano y haitiano se esfuerzan por estrechar los lazos de buena vecindad y cooperación, lo que se manifiesta en el proceso de regularización de haitianos que viven ilegalmente en el país.
El gobierno del presidente Medina hace ingentes esfuerzos por resolver esta situación, pero apegado al ordenamiento jurídico del país y con profundo respeto a los derechos humanos, dijo.
Es necesario profundizar el diálogo, y entendemos que las autoridades del vecino país, su presidente Michel Martelly y el primer ministro Laurent Lamothe, han dado positivas señales de buena voluntad en ese sentido, remarcó Navarro.
