Washington, 3 de junio de 2014.- La demanda de servicios de salud en América Latina superará la capacidad financiera de los gobiernos de la región para responder de forma equitativa y efectiva en la próxima década, según un estudio difundido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La rápida transición epidemiológica, caracterizada por una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población, y las nuevas tecnologías sanitarias están aumentando los costos médicos y generando mayor presión en el gasto público de salud en los países latinoamericanos.
En 2010, 68 por ciento de las muertes registradas en la región se debieron a enfermedades crónicas, las cuales están afectando de forma creciente la productividad laboral. Un estudio llevado a cabo en Brasil, México, Colombia y Argentina concluye que los infartos, los accidentes cerebro-vasculares y la diabetes causaron pérdidas acumuladas de más de US$13.500 millones en el período 2006-2015.
Sin embargo, los recursos para la salud no han crecido a la par de la demanda. En la región el gasto público en salud como porcentaje del PIB se incrementó moderadamente de 3,4 por ciento a 4,1 por ciento en los últimos quince años. Considerando los escenarios fiscales futuros en la región, se proyecta que el gasto público en salud aumentará entre 1 y 1,5 puntos porcentuales del PIB en los próximos 20 años.
Los recursos públicos asignados a salud como porcentaje del PIB son en promedio el doble en los países de la OECD (7.9 por ciento del PIB) que en América Latina y el Caribe. “Las crecientes brechas entre los recursos financieros disponibles y lo que costaría a los gobiernos garantizar la provisión de los servicios de salud que más beneficien a la población, y cómo hacerlo es uno de los mayores desafíos de política pública”, indicó Ferdinando Regalia, jefe de la División de Protección Social y Salud del BID.
El BID analizó los Planes de Beneficios en Salud (PBS) de siete países: Argentina, Chile, Colombia, Honduras, México, Perú y Uruguay. Estos planes detallan de forma explícita los servicios que cubren y tienen como ventajas que los ciudadanos conocen sus derechos, permiten una mejor planificación financiera y una mayor eficiencia en la gestión del sistema al determinar los servicios que serán solicitados de los proveedores y los recursos humanos e infraestructura requeridas para cerrar brechas de equidad.
“El estudio analiza la motivación que tuvieron estos países de adoptarlos, los criterios y procesos que usaron para definir y ajustar estos planes, así como los desafíos para implementarlos”, señaló Úrsula Giedion, autora principal del estudio.
Por primera vez se estudiaron los planes en términos de la población objetivo, alcance, cobertura financiera y los recursos públicos canalizados hacia la financiación de esos planes. Por ejemplo, Uruguay ofrece un plan que abarca a casi toda la población y cubre todos los niveles de servicios por un costo anual promedio por beneficiario de US$650 mientras que Honduras optó por un plan limitado a los servicios de salud materno infantil dirigido a la población rural vulnerable de ese país y que solo cuesta alrededor de US$25.
El estudio encontró que hay una gran heterogeneidad en los planes pero, sin embargo, que un país cuente con un PBS es un paso importante para cerrar las brechas de equidad y avanzar hacia la cobertura universal que es un objetivo importante para todos los países de la región.
