Lima, 26 de mayo de 2014.- La OIT alertó sobre la necesidad urgente de luchar contra el trabajo forzoso en América Latina y el Caribe, donde la explotación de unas 1,8 millones de personas genera ganancias ilícitas por 12.000 millones de dólares, de los que casi 90 por ciento provienen de la explotación sexual comercial.

“La existencia del trabajo forzoso no puede ser aceptada, estamos frente a una violación flagrante de los derechos humanos y laborales convertida en un próspero negocio ilícito”, dijo la Directora Regional de la OIT, Elizabeth Tinoco, al comentar las estadísticas difundidas en un informe global de la OIT que denuncia una actividad cuyas ganancias “son ilegales por definición”.

El informe sobre “Ganancias y pobreza: aspectos económicos del Trabajo Forzoso” presentado esta semana en Ginebra dice que al nivel mundial hay 21 millones de víctimas de trabajo forzoso, cuya explotación genera ganancias por unos 150.000 millones de dólares, de los cuales la mayor parte, 99.000 millones de dólares, provienen de la explotación sexual comercial.

Los cálculos incluyen aquellos casos en el cual la relación de trabajo implica un elemento de coacción, incluyendo la servidumbre por deudas, las prácticas análogas a la esclavitud y la trata de personas con fines de explotación.

El hecho que la explotación sexual comercial sea la que genera más ganancias es explicada en el informe “por la demanda de estos servicios y los precios que los clientes están dispuestos a pagar, por la poca inversión de capital y los bajos costos operativos”.

El documento dice que en América Latina y el Caribe las ganancias provienen de explotación sexual comercial, 10.400 millones de dólares, trabajo doméstico, 500 millones de dólares, y explotación laboral 1.000 millones de dólares, lo cual abarca principalmente sector agrícola, y también otros como construcción, manufacturas, minería y servicios.

Cada víctima de trabajo forzoso en esta región genera ganancias anuales por 7.500 dólares.

“Es fundamental recordar que detrás de estas cifras hay millones de personas para las cuales no hay futuro ni posibilidades de salir de la pobreza ni de tener una vida digna”, alertó Tinoco al destacar que estas ganancias obtenidas ilegalmente contrastan con las “enormes pérdidas no sólo materiales sino también morales y de integridad física y mental para las víctimas de trabajo forzoso, para sus familias y para la sociedad en su conjunto”.

La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe recordó que las víctimas son los más vulnerables de las sociedades, los trabajadores más pobres con menores cualificaciones y oportunidades de educación. Las familias donde ocurren pérdidas imprevistas de ingresos que profundizan su situación de pobreza, suelen estar expuestas al trabajo forzoso en situación desesperada y como último recurso.

El informe global destacó que las estimaciones indican que 55 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso en el mundo son mujeres y niñas. Por otra parte, 44 por ciento son personas que migraron dentro o fuera de sus países.

Tinoco planteó que serán necesarias “medidas exhaustivas y con sentido de urgencia” para hacer frente al trabajo forzoso en la región, y que estas deben estar respaldadas por procesos de diálogo social que involucren a gobiernos, empleadores y trabajadores para generar estrategias de prevención y de rescate de las víctimas.

El informe destaca que un paso fundamental es contar con métodos para recopilar datos sobre la extensión y la ubicación del trabajo forzoso en cada país, dado que la mayor parte no cuentan con información nacional confiable ni actualizada que permita observar las tendencias, identificar los factores de riesgo y diseñar estrategias adecuadas.

“En muchos países se reconoce la existencia de situaciones de trabajo forzoso, pero se tiene escasa información sobre cómo opera y dónde está situado”, dijo Tinoco, al recordar que en ocasiones se produce en zonas remotas de difícil acceso.

Al mismo tiempo, la OIT llamó a los Estados a adoptar “medidas concretas e inmediatas” para abordar con medidas de disuasión de las prácticas de trabajo forzoso y trata de seres humanos, incluyendo el fortalecimiento de la legislación y las políticas, así como de las instituciones encargadas de la inspección.

El combate a la impunidad en casos de trabajo forzoso, imponiendo sanciones penales a quienes sean culpables de la explotación de trabajadores, también es considerado esencial, así como poner en práctica las medidas que sean necesarias para abordar las causas económicas de “esta práctica ilegal enormemente rentable”.

Las estrategias contra el trabajo forzoso también deben incluir medidas de prevención para apoyar a los más vulnerables, incluyendo esquemas de protección social, en especial frente a la pérdida de ingresos familiares, estrategias de acceso a la educación y formación profesional, medidas para favorecer la inclusión social de los más pobres, promoción de la igualdad de género y mejorías en la gobernanza de la migración.

“Es una práctica que no tiene cabida en la sociedad moderna y que debería ser erradicada con carácter prioritario”, concluye el informe.