Los Cabos, México, 17 de marzo (EFE).- Los Estados participantes en el XIX Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe acordaron el pasado viernes promover un programa de cooperación regional sobre cambio climático en áreas de interés para la región.
Al cabo de tres días de conversaciones, los delegados publicaron una declaración final en la que dijeron que el plan será diseñado y coordinado conjuntamente por México como presidente del foro, y Perú como sede de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20) que se celebrará en Lima en diciembre.
Tendrá además el apoyo de los países participantes en este foro y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el objetivo claro de "adoptar acciones ante las consecuencias derivadas del aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos".
"Los impactos negativos del cambio climático en América Latina y el Caribe afectan al bienestar y calidad de vida de sus habitantes así como sus perspectivas de desarrollo", señala el documento.
Los países de América Latina y el Caribe son responsables del 12,5 por ciento de las emisiones mundiales totales de gases de efecto invernadero, y ésta podría ser una de las regiones más castigadas por los efectos del cambio climático.
En una conferencia de prensa previa a la presentación de las conclusiones del encuentro, el secretario mexicano del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, se declaró "convencido de que las metas que nos habíamos fijado se alcanzaron a plenitud".
Durante tres días, 266 personas entre ministros, viceministros y representantes técnicos de los Gobiernos de 27 países, así como delegados de quince agencias internacionales especialistas en temas de medio ambiente, han discutido sobre los principales retos a los que se enfrenta la región en este campo.
Y lo han hecho a través de cuatro mesas de debate sobre el desarrollo sostenible global, el cambio climático, la biodiversidad y las sustancias químicas y residuos.
Este intercambio de experiencias y opiniones "nos va a permitir fortalecer las políticas públicas en la región en estos temas que son fundamentales para el bienestar, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de la región", aseguró el ministro mexicano.
En la declaración final, los Estados subrayaron la "urgencia de impulsar acciones ambiciosas e inmediatas por la alta vulnerabilidad de la región a los fenómenos climáticos, especialmente los pequeños Estados insulares del Caribe".
Además, insistieron en la necesidad de llevar a cabo un "desarrollo equitativo, incluyente y sostenible" de la región, para lo que son necesarias "visiones innovadoras, acciones coordinadas e iniciativas sólidas de cooperación".
Hablaron además de la necesidad de alcanzar un borrador de acuerdo global sobre cambio climático en la COP20 de Lima que represente "un hito en la renovación del esfuerzo para alcanzar un acuerdo global sustancial en 2015".
Además, insistieron en la importancia de ratificar lo antes posible la enmienda del Protocolo de Kioto y de adoptar el Convenio de Minamata sobre el control del mercurio.
Para dar vigencia a estos y otros acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible, apuntaron, se requiere contar con recursos financieros adicionales, estables y predecibles.
"El rápido crecimiento urbano, agrícola e industrial en la región ha hecho que la contaminación atmosférica y la generación de residuos representen una preocupación cada vez mayor para la región debido a sus serios impactos en la salud pública, el bienestar humano y la integridad de los ecosistemas", apunta el documento.
Los ministros expresaron su preocupación por la continua y significativa pérdida de la biodiversidad, que está teniendo impactos adversos para el bienestar humano, la equidad y el patrimonio de la región.
Por ello se comprometieron a desarrollar políticas públicas encaminadas a abordar las causas subyacentes de la pérdida de la biodiversidad y la degradación de ecosistemas, en particular los bosques, y fomentar su conservación, restauración, uso sostenible y distribución justa y equitativa de beneficios.
