Washington, 16 de enero.- El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y la Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica, Ana Isabel Garita, firmaron un acuerdo de cooperación entre ambos organismos por el que la institución multilateral proporcionará asesoría técnica para el monitoreo y la evaluación de su programa para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social en el país centroamericano.
El acuerdo fue rubricado en la sede del Ministerio de Justicia en el distrito de Zapote, en San José de Costa Rica. A la ceremonia asistieron como testigos de honor el Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, Fernando Quevedo. El banco de cooperación multilateral financia la implementación del programa.
Mediante el acuerdo, el gobierno de Costa Rica y la Secretaría General de la OEA compartirán información y datos relacionados con el programa y celebrarán reuniones destinadas a mejorar su funcionamiento y eficiencia. El acuerdo apunta especialmente al fortalecimiento de capacidad institucional del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia y Paz, como entidades rectoras de las políticas de control y prevención de la violencia, respectivamente; y a la prevención social focalizada en niños y jóvenes en riesgo en áreas críticas.
En su alocución en el evento de la firma, el Secretario General destacó que el objetivo general del Programa es “contribuir a la disminución del delito violento en el país”, y más específicamente “incrementar la eficacia de la fuerza policial a nivel nacional”, “reducir la incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en las áreas de influencia del programa”, y “reducir la tasa de reincidencia de la población en conflicto con la ley penal”.
En ese sentido, agregó, “el Departamento de Seguridad Pública de la OEA asesorará, monitoreará y evaluará el Programa, a solicitud del Ministerio de Justicia y Paz, mediante visitas e informes para verificar el cumplimiento de la normativa internacional en lo que respecta a las actividades que se desarrollarán”.
