Lima, 5 de mayo.- América Latina y el Caribe debe apostar por pactos sociales que promuevan un desarrollo con igualdad y sostenibilidad ambiental, plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el documento Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible, que presenta en su Trigésimo quinto período de sesiones, que comienza hoy en Lima.

Ante las limitaciones que la región enfrenta para poder sostener los avances en materia económica y social logrados en la última década, la CEPAL propone reorientar el desarrollo sobre la base de la igualdad y la sostenibilidad ambiental. Ello debe plasmarse en pactos que aseguren, entre otros objetivos, una fiscalidad redistributiva, un incremento de la productividad, una mejor provisión de bienes y servicios públicos, una mayor gobernanza de los recursos naturales y un aumento y diversificación de la inversión.

La Comisión presenta el documento de posición, que contiene su propuesta estratégica sobre el desarrollo para los próximos años, a los representantes de los 44 Estados miembros y 12 miembros asociados que asisten a su Trigésimo quinto período de sesiones -la cita bienal que convoca cada dos años este organismo regional- que se celebra hasta el viernes 9 de mayo.

El documento advierte que la región enfrenta una encrucijada que combina restricciones externas, como el estancamiento de la demanda y la pérdida de dinamismo del comercio internacional, y problemas endógenos que limitan el desarrollo futuro. Entre estos últimos se encuentran las altas tasas de informalidad laboral, los bajos niveles de inversión con poca incorporación de progreso técnico, el déficit de servicios públicos y la presión sobre el medio ambiente.

Ante esta coyuntura, la CEPAL plantea varios ejes de transformación que deben reflejarse en pactos sociales en distintas esferas con una visión de mediano y largo plazo.

Los acuerdos propuestos contemplan un pacto fiscal por un mejor equilibrio entre bienes públicos y privados en la provisión del bienestar; un pacto para la universalización de la protección social y la mejora de los servicios públicos, un pacto para la sostenibilidad ambiental y un pacto por la gobernanza de los recursos naturales.

También se plantea un pacto para la inversión, la política industrial y el financiamiento inclusivo; un pacto para la igualdad en el mundo del trabajo y un pacto de la comunidad internacional por el desarrollo y la cooperación más allá de 2015.

Esta propuesta completa la denominada “trilogía de la igualdad”, formada además por los documentos centrales de los últimos dos períodos de sesiones, La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir, entregado en 2010 en Brasil, y Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo, dado a conocer en 2012 en El Salvador.

La Comisión sostiene que no hay que renunciar a la igualdad para ser más eficiente, que las instituciones juegan un papel clave en la distribución de la riqueza y que esta política de distribución debe ir de la mano de la política de la productividad y, por tanto, requiere de un cambio estructural. Como la CEPAL ha reiterado, la igualdad es el horizonte, el cambio estructural el camino y la política el instrumento.

El cambio estructural exige buscar las sinergias entre aumentos de productividad, inclusión social y economía verde a escala local y mundial a través de actividades intensivas en conocimiento y de rápido crecimiento de la demanda para así generar más y mejores empleos.

La Comisión resalta que en la última década la región ha logrado una importante reducción de la pobreza, del desempleo y de la desigualdad de ingresos, mejoras en la cobertura educativa y de protección social, profundización de la democracia y consolidación de la estabilidad económica.

Se estima que en 2013 la tasa de pobreza en América Latina fue de 27,9 % de la población, frente a 43,9 % que se registró en 2002. La tasa de desempleo, en tanto, fue de 6,4 % en 2012, mientras que en 2002 se situó en 11,2 %. El empleo ha sido, de hecho, el principal factor en la reducción de la pobreza y es, para la CEPAL, la llave maestra para la igualdad.

El organismo regional de Naciones Unidas advierte de que, tras el período de bonanza económica de 2010-2011, las economías de la región se desaceleraron en 2012 y 2013, lo que parece anunciar escenarios futuros de menor crecimiento y, por tanto, de menor dinamismo en el mercado de trabajo, lo que puede incidir en el ritmo de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, los países de América Latina y el Caribe crecerán en promedio 2,7 % en 2014 debido a un acotado dinamismo de las principales economías de la región. Esa cifra es levemente superior a la de 2013 (2,5 %) e inferior a la pronosticada en diciembre (3,2 %).

En este contexto, la CEPAL aboga por pactos fiscales en los que se consagren reformas tributarias que permitan aumentar los recursos públicos, construir una institucionalidad pública más robusta y eficiente y lograr un mayor impacto redistributivo. Estos pactos deben ser el mecanismo para hacer viables los demás acuerdos sociales.

La Comisión explica que en los últimos años el crecimiento ha estado liderado por el consumo y no por la inversión. El incremento en el ingreso de los hogares permitió una notoria expansión del consumo que se ha traducido en mejoras del bienestar de sectores tradicionalmente privados del acceso a ciertos bienes y servicios. Sin embargo, el patrón del consumo es fuertemente procíclico y volátil y muestra un sesgo hacia el consumo privado, más estratificado según ingresos.

El consumo privado per cápita en América Latina y el Caribe creció a una tasa anual de 2,4 % en promedio entre 1990 y 2012, superior al 1,7% que registraron los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el período 1990-2010.

En la OCDE, el gasto en consumo del gobierno como proporción del PIB entre 2000 y 2012 alcanzó un promedio de 18,6 %, por encima del de América Latina y el Caribe, que fue de 14,8 %. Este indicador incluye todos los gastos corrientes para la adquisición de bienes y servicios, incluida la remuneración de los empleados. El gasto en consumo de los hogares, en cambio, fue similar en ambas regiones y se situó en 62,4 % y 63,5 %, respectivamente.

La CEPAL advierte sobre la necesidad de lograr un mejor equilibrio entre el consumo privado y público en esta región y alienta a que sea el Estado el que, sobre la base de pactos para la universalización de la protección social y para un mayor bienestar, pueda proveer servicios públicos de calidad en materia de salud, educación, transporte, seguridad y medio ambiente.

El consumo privado de bienes importados conlleva además una alta intensidad de gasto energético y contaminación ambiental, mientras que una solución pública con énfasis en alternativas compartidas generará menos emisiones y consumirá menos energía no renovable.

Para promover esta transformación, la CEPAL propone un pacto para la sostenibilidad ambiental que contemple la solidaridad con las generaciones futuras al gravar la contaminación y el consumo energético excesivo, por ejemplo, con cargas impositivas sobre los combustibles fósiles, y que incluya políticas compensatorias sobre los estratos de ingresos bajos para paliar los efectos de las alzas de precios de esos combustibles.

El patrón de consumo intensivo en bienes elaborados importados se conjuga además con un patrón de producción intensivo en materias primas en una región que no ha logrado transformar la riqueza de sus recursos naturales en procesos de desarrollo sostenible a largo plazo.

En el caso de la minería, los ingresos fiscales procedentes de ese sector en América Latina y el Caribe se triplicaron como porcentaje del PIB durante el período de aumento de precios de 2004 a 2009 (1,98 %) con relación al período 2000-2003 (0,6%). Entre 2010 y 2012, la renta del sector minero continuó creciendo hasta alcanzar en promedio 2,65 % del PIB regional.

Para maximizar su contribución al desarrollo, la Comisión plantea un pacto para la gobernanza de los recursos naturales que procure la participación progresiva del Estado en las rentas derivadas de su explotación y la existencia de mecanismos institucionales que permitan el ahorro de esas rentas para las generaciones futuras y su inversión pública eficiente.

La CEPAL también aboga por equilibrar la expansión del consumo con una mayor inversión. Hasta el momento, ésta muestra bajas tasas y está concentrada en sectores no transables o productores de recursos naturales.

El organismo regional propone un pacto que logre, a través de incentivos de la política industrial, el aumento y la diversificación de la inversión con el fin de conformar una estructura productiva que fomente el progreso técnico, reduzca las brechas de productividad, promueva una mayor inclusión social y provea mayor resiliencia frente a los choques externos.

Esto debe ir acompañado de un pacto para la igualdad en el mundo laboral que incluya un programa de apoyo para reducir esas brechas de productividad, de ingresos laborales y de calidad del empleo, y equilibrar, en lo que respecta a la distribución por género, el trabajo remunerado y no remunerado.

Finalmente, la CEPAL llama a la comunidad internacional a sellar pactos que respeten el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que cierren ciertas asimetrías a nivel global y eviten que sean las personas o los países más vulnerables quienes terminen asumiendo los mayores costos de vivir en un escenario más incierto y con mayor escasez de recursos naturales.