Ciudad de México, 7 de marzo.- Hablar de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) es hablar de solidaridad entre los pueblos y las naciones, de intercambio de conocimientos, de tecnología; competencias, buenas prácticas y recursos; de acciones que trascienden la ayuda humanitaria para impulsar con corresponsabilidad el desarrollo sostenido de los países. La CID es un instrumento de “poder blando” que facilita e impulsa las relaciones diplomáticas entre las naciones.
Para alcanzar su objetivo de desarrollo, la CID prevé la movilización de recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos en distintas modalidades, como la educativa, cultural, técnica, científica, económica y financiera. Esta cooperación beneficia principalmente a las personas y las instituciones de los países que la reciben, pero también a quienes ofrecen la cooperación. Cuando la CID está bien enfocada incide positivamente en la percepción y confianza de los habitantes y las autoridades de los países receptores hacia los países oferentes, lo que en última instancia mejora sus relaciones diplomáticas. Igualmente, el desarrollo de mediano plazo de los países, detonado por la CID, conlleva el fortalecimiento de los mercados y de las oportunidades de inversión y comercio entre países, contribuyendo a crear círculos virtuosos en beneficio de ambas naciones.
Dentro de esta administración, uno de los objetivos fundamentales es convertir a México en un actor con responsabilidad global. Para ello se han establecido cuatro pilares: Fortalecer la presencia internacional de México; promover el valor de México en el mundo; velar por los intereses de México en el extranjero; y ampliar la cooperación internacional.
En nuestro país, la CID se entiende como un mecanismo por medio del cual se promueven, multiplican, fortalecen y dinamizan los intercambios con el resto del mundo, a fin de propiciar un desarrollo económico y social compartido, tanto de los mexicanos como de los habitantes de otros países. Este compromiso se inscribe en el artículo 89 de la Constitución, que contempla a la CID como uno de los principios que deben guiar al Estado en su quehacer internacional.
El compromiso de México con la CID no es nuevo; se encuentra bien arraigado y se remonta al menos 70 años en el pasado; siete décadas durante las cuales hemos estrechado los lazos que nos hermanan con naciones de todo el mundo.
En este tenor podemos destacar cómo, después del terremoto de 1939 en Chile, el gobierno de México donó la Escuela México en la ciudad de Chillán, con murales de los grandes maestros mexicanos Siqueiros y Guerrero adornando las paredes. Hoy esta escuela, además de fomentar la educación entre los chilenos, forma parte del patrimonio cultural de ese país. Otro ejemplo, también de aquella época, se relaciona con la llamada revolución verde que inició México en los años 40 y que consistió en el desarrollo de nuevas variedades de cereales básicos para el consumo humano: maíz, arroz y trigo, cuyas semillas fueron compartidas con otros países en Asia y África, colaborando con ellos en sus esfuerzos por combatir la hambruna de millones de personas.
Actualmente y a partir de 2011, el ente responsable de la estrategia mexicana en torno a la CID es la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como país de renta media, México tiene una responsabilidad global en materia de CID para reafirmar su liderazgo entre países similares. Al igual que países como India, China, Brasil, Chile o Turquía, México tiene una política de CID dual: es tanto receptor como oferente de cooperación.
Entre la cooperación que ofrece a otras naciones, destaca la que se enmarca en el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en el que participan, además de México, todos los países de Centroamérica, República Dominicana y Colombia. Este es un espacio político de alto nivel que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración con una región con la que compartimos historia y retos. Dentro de este mecanismo, los países se ponen de acuerdo en los proyectos y acciones a emprender, promoviendo la creación de bienes públicos regionales que permitan encontrar soluciones comunes a problemas compartidos tanto económicos como sociales. Esta iniciativa promueve el desarrollo de más de 210 millones de personas que viven en 3.6 millones de kilómetros cuadrados, en áreas como carreteras, telecomunicaciones, energía, facilitación comercial, salud, desastres naturales, vivienda y medio ambiente.
Este esfuerzo se sustenta, además de en la solidaridad de México frente a las necesidades y oportunidades de nuestros vecinos más cercanos, en la convicción de que construir una región más sólida y próspera, fortalecida a través de la cooperación, generará a su vez grandes oportunidades para la expansión y el desarrollo de las personas y de las empresas mexicanas, más allá de las propias fronteras.
