Washington, 19 de diciembre de 2014.- Las APP están de moda en América Latina. Pero no son solo esas aplicaciones ingeniosas que se descargan en los celulares, y que permiten desde pedir un taxi hasta manejar la cuenta del banco. Nos referimos a las asociaciones público-privadas, una vía cada vez más utilizada en la que los gobiernos logran llevar a cabo grandes obras de infraestructura sin poner en peligro sus finanzas.

Si bien el concepto no es nuevo —la concesión de un proyecto en el cual el Estado no tiene necesariamente compromiso de inversión—, es en los últimos años que ha tomado vuelo en América Latina: en 2012 se alcanzó la mayor cifra de participación del sector privado en proyectos de infraestructura en la última década, con inversiones de 87.000 millones de dólares, un 50% más que el año anterior.

Ese año, según cifras recopiladas en un estudio del Banco Mundial, se llevaron a cabo 78 nuevos proyectos de infraestructura en 12 países latinoamericanos, encabezados por Brasil, Chile y Perú, principalmente en cuatro sectores: energía, transporte, telecomunicaciones y agua y saneamiento.

Según los expertos, las dos grandes ventajas de las APP son, primero movilizar financiamiento privado para que los gobiernos no tengan que recurrir a sus recursos, a veces escasos sobre todo en épocas de turbulencias económicas; y segundo, contar con el conocimiento y el manejo gerencial y técnico del sector privado en proyectos que antes eran gestionados por el sector público.

Es por ello que los países de la región han aprobado una serie de leyes, adaptadas a sus realidades económicas, para estimular este tipo de asociaciones, en donde se consigna como llevar a cabo un proyecto desde su creación hasta su puesta en marcha.

“Claramente es un fenómeno regional y hay un claro interés de los países de explorar esta vía”, asegura Richard Cabello, gerente para América Latina de la unidad de APPs de la Corporación Financiera Internacional, organismo del Banco Mundial enfocado en el sector privado. “En términos de actividad el grupo de avanzados lo conforman Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, que ya tienen leyes aprobadas y han creado instituciones para desarrollar APPs y son los que atraen mayor número de inversionistas internacionales”.

Pero hay otros países que ya están viendo las ventajas competitivas de estas asociaciones. Honduras, El Salvador y Guatemala han aprobado leyes para desarrollar APPs en los últimos tiempos, mientras que Uruguay y Paraguay están encargándose de identificar oportunidades, al igual que algunos países del Caribe.

¿Dónde invertir?

América Latina se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de bonanza que contribuyó a un crecimiento histórico de su clase media. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos.

Según Cabello, tener APPs en funcionamiento puede ayudar a contrarrestar la desaceleración atrayendo inversión privada a través de consorcios entre extranjeros y nacionales, donde el foráneo brinda su experiencia técnica y el nacional el conocimiento local. “Si se logra estructurar un programa de APPs, en lugar de ir proyecto por proyecto, se podría atraer inversión masiva, tanto nacional como extranjera, lo cual sirve para movilizar la construcción, y, además de atraer fondos, generan numerosos empleos”, afirma.

Porque no sólo se trata de construir carreteras y puentes. Brasil y Colombia, por ejemplo, están desarrollando a gran escala puertos y redes ferroviarias que quieren otorgar en concesión, así como algunos aeropuertos.

En energía, los grandes oleoductos y gasoductos así como las plantas térmicas siguen atrayendo el interés de los inversionistas. México es un claro ejemplo ya que con su reforma energética necesita de gran cantidad de fondos para llevar a cabo sus ambiciosos planes.

Pero además de las grandes infraestructuras, hay otros sectores que están guiñando a la participación privada: educación y salud. Este último es el que está generando más movimiento con la edificación de hospitales y otro tipo de centros médicos en México y Brasil, y es cada vez más activo en Perú en un esquema donde la construcción y el mantenimiento de la infraestructura y algunos servicios básicos corren a cuenta del sector privado pero la atención médica sigue controlada por el Estado.

Pero también lo hay donde el servicio médico es privado, como en Bahia, Brasil. Aquí la construcción de los edificios fue pública, pero el equipamiento y el servicio médico está en manos privadas y es ofrecido sin coste.

Atraer más financiamiento

Los principales financiadores de los proyectos desarrollados a través de APPs han sido los bancos. Sin embargo, tras la crisis, los préstamos bancarios de largo plazo se han vuelto más caros y difíciles de conseguir, aumentando la relevancia de otras fuentes de financiación: los fondos de pensiones. Estos invierten un gran volumen de recursos a largo plazo en el mercado de capitales para así cumplir con sus obligaciones de larga duración.

Daniel Pulido, experto en transporte del Banco Mundial, comenta que los fondos de pensiones han crecido significativamente, y en un contexto de bajas tasas de interés han intensificado la búsqueda de oportunidades de inversión que les permitan diversificar sus tenencias y aumentar la rentabilidad con un riesgo aceptable.

En respuesta a esta coyuntura, “lo que se está tratando de hacer es diseñar productos para que los fondos de pensiones se sientan cómodos invirtiendo directamente en estos proyectos, aumentando así la oferta de financiación de largo plazo y reduciendo su costo”, asegura.

En el pasado, Chile consiguió que los fondos de pensiones invirtieran un volumen importante de recursos en APPs reduciendo su riesgo con garantías financieras ofrecidas por aseguradoras de bonos. Esta ya no es una opción, debido a que estas aseguradoras prácticamente desaparecieron tras la crisis financiera global.

Sin embargo, hoy se están desarrollando otros instrumentos para hacer más atractivos los financiamientos de infraestructura en el mercado de capitales. Colombia está trabajando en un modelo de bono de infraestructura que incorporaría garantías parciales de riesgo, en tanto que el Gobierno de Brasil instituyó una exención de impuestos para los inversionistas internacionales que financien proyectos prioritarios a través de bonos emitidos en los mercados de capitales.