Santa Fe, Argentina, 14 de noviembre de 2014.- Cerró el Congreso Mundial de Derecho, Política y Gestión de Riesgos de Desastres llevado a cabo en la UNL. Allí se presentó un documento académico con recomendaciones a tener en cuenta por Naciones Unidas en el tratamiento del nuevo marco que regulará los riesgos de desastres a nivel global.

Luego de tres días de trabajo, el Congreso Mundial de Derecho, Política y Gestión de Riesgos de Desastres desarrollado en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), concluyó sus actividades en un acto que tuvo lugar ayer por la tarde en el Consejo Superior de la Universidad, y que estuvo encabezado por Albor Cantard, rector de la UNL; Ricardo Mena, de la Oficina da las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres; Michel Prieur, del Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE) de Limoges; y José Corral, intendente de la ciudad de Santa Fe.

Desde el inicio, el Congreso se interesó en contribuir a las agendas de debate existentes en torno a la regulación y gestión de los desastres, por lo que focalizó su eje de trabajo en el marco de acción Post Hyogo 2005-2015 de Naciones Unidas, que planea la realización de una conferencia mundial en Sendai (Japón), en 2015, para discutir y definir la regulación de estos temas a nivel global.

Sumadas a las investigaciones sobre Catástrofes y Derechos Humanos llevadas a cabo por un equipo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL, dirigido por Gonzalo Sozzo, y en colaboración con CIDCE, a cargo del Michel Prieur; el Congreso recuperó una serie de conclusiones dignas de ser puntualizadas en un documento académico con recomendaciones para presentar ante Naciones Unidas en la reunión de Sendai el año próximo.

En el acto, el Rector de la UNL, hizo entrega de la Declaración de Santa Fe a Ricardo Mena, como representante de las Naciones Unidas, y destacó que: “El orgullo que como santafesinos y universitarios tenemos por estar debatiendo en este Congreso temas tan importantes para el futuro de la humanidad, hoy se ve duplicado con este excelente resultado fruto de estas tres jornadas”.

Por su parte, Prieur señaló que: “La Declaración de Santa Fe sobre la Reducción de Riesgos de Desastres, que elaboramos como conclusión final del Congreso, es sumamente importante como contribución a la negociación internacional que va a estar desarrollando próximamente, destacando el objetivo de reforzar los deberes de los Estados en materia de riesgos de desastres y por supuesto disminuir pérdidas humanas”.

“Como expresamos en ella, consideramos que el zero draft, el borrador del marco de acción que entrará en vigencia a partir de 2015, necesita ser reforzado y justamente hemos tratado de elaborar un documento que represente una fiel ilustración de la contribución conjunta del trabajo de nuestras universidades, de las autoridades locales y de los científicos. Creo que las tres partes tenemos la responsabilidad colectiva de apoyar y reforzar el contenido del borrador que va a tratar Naciones Unidas, para que el próximo plan de acción sea más efectivo y completo, y para que pueda ser más fácil tener medidas preventivas en materia de riesgos de desastres en todos los países”, enfatizó Prieur.

Recomendaciones con vistas a Sendai 2015

La “Declaración de Santa Fe sobre la Reducción de Riesgos de Desastres”, que fue presentada y leída en el cierre del Congreso, cuenta con recomendaciones de dos tipos: en el plano internacional y regional, y a nivel nacional y local.

En primer lugar, en lo que refiere a lo internacional y regional, la Declaración hace hincapié en la integración de los Derechos Humanos y el Derecho de las Catástrofes, en el refuerzo del marco institucional en esta materia, en facilitar el acceso a la Justicia y a los mecanismos de protección de los derechos humanos, y en la adopción de un estatuto jurídico de los desplazados ambientales.

Por otra parte, a nivel nacional y local, en el Documento se recomienda la constitucionalización del Derecho de las Catástrofes, la incorporación de los Derechos Humanos en la planificación urbanística y en el ordenamiento territorial, la participación de la sociedad civil en la gestión de riesgos de catástrofes, la instauración de una cultura de la resiliencia, y la reducción del riesgo de desastres a través de sistemas de alerta.