Montevideo, 4 de agosto de 2014 (Télam).- El Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) firmará hoy lunes en Montevideo un convenio de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI).
Según confirmó a Télam el presidente del legislativo regional, Rubén Martínez Huelmo, el lunes 4 de agosto al mediodía se rubricará el Convenio de Cooperación entre el Parlamento del MERCOSUR y la Corte Penal Internacional en la Sala de Conferencias del Edificio MERCOSUR de la rambla montevideana.
Martínez Huelmo participará del evento junto al juez Sang-Hyun Song, Presidente de la CPI, además del Alto Representante General del MERCOSUR, Iván Ramalho y Gonzalo Rodríguez Gigena, Jefe de Gabinete del Alto Representante General del bloque regional.
Martínez Huelmo indicó en diálogo con Télam que se asume un compromiso con esta institución "ya que el Parlamento está en la sintonía por la plena vigencia del Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional de 1998) y porque ha sido ratificado por todos los países integrantes del MERCOSUR".
El funcionario agregó que el PARLASUR asiente firmar este acuerdo a los efectos de la "promoción y la difusión del Derecho Penal Internacional; de la promoción y la difusión de los principios, valores y disposiciones del Estatuto de Roma y otros documentos relacionados; y al mismo tiempo de dar el apoyo público y político al mandato y a las actividades de la Corte Penal Internacional, que es la que administra el Estatuto".
De la misma forma, "hará que el Parlamento se prestigie con esta firma, ya que es el único Parlamento de la integración que tiene una Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos que tiene que hacer una informe anual del estado de derechos en el MERCOSUR y por lo tanto es un elemento que se suma al trabajo del PARLASUR y salvaguardar los grandes valores del Estatuto de Roma", según consignó a la secretaría del PARLASUR.
Según la oficina de prensa del parlamento regional, asistirán como invitados el cuerpo diplomático de los países miembros de MERCOSUR y representantes de organismo gubernamentales como la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, Mirtha Guianze, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, Jorge Larrieux Rodríguez, entre otras autoridades del área.