Las redes de protección social son un conjunto de políticas públicas dirigidas a proteger a la población ante contingencias sociales que se presentan a lo largo del ciclo de vida. Es así que tienen el potencial de resguardar el bienestar social y económico por medio de transferencias monetarias, a manera de prestaciones económicas que están sujetas al tipo de régimen de seguridad social y a manera de programas focalizados y/o condicionados, además de transferencias en especie y servicios sociales. Para muestra, ante la actual pandemia por COVID-19 las redes de protección social materializadas en programas dirigidos a proteger los ingresos de los hogares mediante bonos de emergencia, la ampliación de la cobertura de servicios de salud, la exención de pagos de servicios sociales, entre otros, han sido clave para la resiliencia de los hogares en la región.

América Latina y el Caribe están expuestos a múltiples amenazas de origen natural. En las últimas dos décadas se registraron 1 302 desastres por fenómenos naturales que han dejado un saldo aproximado de 155 millones de personas afectadas.1 Es urgente potenciar la resiliencia ante fenómenos naturales en la región debido a sus altos índices de desigualdad y pobreza, asociados con mayores vulnerabilidades y exposición a amenazas.

En este sentido, es fundamental impulsar y consolidar las redes de protección social en toda la región latinoamericana y caribeña, además de ampliar las contingencias sociales a los impactos de los fenómenos naturales y los eventos vinculados con el cambio climático. Para ello, se requiere de instituciones preparadas para operar y responder en situaciones de emergencias y desastres, en correspondencia con las prestaciones y servicios que brindan.

Las instituciones de seguridad social son primordiales para las redes de protección social en caso de desastres. El Marco de Sendai 2015-2030 establece como prioridad el invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, lo que implica promover el desarrollo de redes de protección vinculadas a programas de mejora de los medios de vida. En tanto, la cobertura de seguridad social se mantiene reducida en los países de la región, así, por ejemplo, casi la mitad de las personas trabajadoras no cotiza al sistema de pensiones,2 no obstante, la cobertura se amplía en el caso de los programas universales de pensiones, de servicios de salud, educación, transferencias monetarias y en especie, dirigidos a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, mujeres embarazadas, niños, niñas, y personas con discapacidad. Es decir, que los diferentes esquemas de redes de protección se complementan, y la seguridad social requiere adaptarse ante el riesgo de desastres.

Por consiguiente, el desarrollo de redes de protección social entraña la generación de capacidades técnicas y logísticas para asegurar, en principio, la entrega en tiempo y forma de las prestaciones y servicios en todo momento. La resiliencia social y económica de la región depende, en cierta medida, de que las instituciones de seguridad social se preparen mejor frente a los desastres con base en la continuidad de las operaciones, la priorización de funciones sustantivas, y la puesta en marcha de los programas emergentes para proteger a la población afectada y en situación de vulnerabilidad.