Personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe benefician las economías locales

Dos nuevos estudios publicados hoy por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) muestran que, cuando se les da la oportunidad de hacerlo, las personas desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe pueden contribuir significativamente a las economías de los países donde viven.

Las personas refugiadas y migrantes llenan vacíos trascendentales en los mercados laborales locales e impulsan la demanda de bienes y servicios, lo que puede aumentar los ingresos fiscales y elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de los países de acogida. Esta población, que en su mayoría está en edad productiva, tiene altos niveles de educación y está ocupada; además, con frecuencia está sobrecalificada para los trabajos que desempeña y a menudo trabaja de manera informal, lo que limita sus ingresos y exacerba la inseguridad alimentaria.

“Los movimientos de población pueden beneficiar a comunidades y países de acogida si se aplican las políticas adecuadas”, afirma Carolina Mejía Mantilla, autora del estudio realizado por el Banco Mundial y ACNUR. “Para que estos beneficios se materialicen, son esenciales políticas específicas que promuevan la inclusión económica de las personas en situación de movilidad humana en los mercados laborales, que les proporcionen acceso a los servicios básicos, como la educación y la salud, de manera que puedan contribuir de forma más significativa a los países de acogida.

Según estos estudios, se estima que el PIB de los principales países de acogida de América Latina y el Caribe aumentará, en promedio, de 0,10 a 0,25 puntos porcentuales al año, entre 2017 y 2030. “El éxodo venezolano parece haber tenido un efecto positivo en el crecimiento económico de la región, gracias a la mayor disponibilidad de mano de obra y al impulso de la demanda”, informa el estudio del Banco Mundial y de ACNUR.