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Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son las responsables de la generación de numerosas fuentes de empleo. Representando a más del 99% del tejido empresarial en América Latina generan alrededor del 30% del PIB[1], por lo que la mejora o desmejora de estas conlleva a un significativo impacto social para las economías. En el caso de América Latina, existe una tendencia a la especialización de las empresas de menor tamaño en actividades de baja productividad. De esta manera, la región posee una estructura productiva heterogénea, donde un número reducido de empresas concentran gran parte del PIB regional, en sectores con una productividad muy elevada, mientras el resto se encuentra en actividades cuyo desempeño es bastante pobre. Los tres sectores de más alta productividad en América Latina representan el 26,9% del valor agregado, pero apenas el 8% del empleo total y el 1,8% del número de empresas[2]. A este escenario se le suma la llegada de la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19, lo que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas estrictas para contener el avance de los contagios, paralizando alrededor del 50% de las actividades económicas, reflejados en los cierres parciales o totales de industria, cadenas de suministros, viajes, turismo, entre otros. Esta pandemia ha mostrado lo expuestas que pueden estar las economías ante los distintos shocks que se presentan. Entre los problemas surgidos, es evidente la vulnerabilidad del sector empresarial de las Pymes, aunado a la fragilidad de las cadenas de valor, la falta de proveedores alternativos y la dependencia provocada por una mayor concentración del mercado. En este contexto, resulta esencial continuar realizando esfuerzos en la generación y fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a elevar la productividad y el empleo en la búsqueda de estructuras económicas que favorezcan el crecimiento y el desarrollo de este sector. En el corto plazo los gobiernos deben diseñar y aplicar un conjunto de medidas de estímulo fiscal y monetario que apoye a las Pymes en sus actividades productivas y que no reduzcan de forma drástica sus niveles de empleo. La Organización Internacional de Trabajo (OIT), plantea 5 líneas[3] acción para contrarrestar el efecto económico del COVID-19 en las Pymes: 1) mayor acceso a financiamiento y a activos circulantes, para garantizar su liquidez en el corto plazo con préstamos o exenciones fiscales temporales; 2) fomento a la demanda de productos y servicios; 3) promoción del empleo y de la protección social, incluyendo subsidios para mantener el empleo de los trabajadores y programas de formación; 4) apoyo a la reapertura de empresas en la post pandemia; y 5) dialogo social y cohesión social. Sin embargo, en el largo plazo la apuesta debe ser alcanzar mayor complejidad económica y mayor productividad, de esta forma las empresas pueden reducir su vulnerabilidad a fenómenos como el COVID-19 y otras crisis de índole económico o financiero. Además, es necesario el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, propiciando el desarrollo de aquellos sectores estratégicos para las economías. En tal sentido, desde el año 2017, la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), en colaboración con la CAF-banco de desarrollo de América Latina, ha planteado una agenda de trabajo cuyo objetivo esencial es promover la articulación productiva de las Pymes de la región, apuntando a la premisa de largo plazo. Para ello se desarrolló un Programa de Trabajo que contempló la realización de actividades que atendieron tópicos como: la identificación de nichos productivos potenciales, la evaluación de impacto de políticas públicas, formalización e inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas. Este programa fue desarrollado a través de actividades de capacitación dirigidos a orientar a los países participantes en la aplicación de la metodología propuesta por el SELA para la identificación de nichos productivos. Esta metodología ofrece una herramienta efectiva para que los hacedores de política puedan realizar un mapeo de sectores productivos potenciales basados en las capacidades existentes; y promover, de esta manera, la competitividad de sus respectivos países.   [1] La Prensa Digital. Director de Análisis de la CAF aconseja cómo proteger a las mipymes del coronavirus. Disponible en: http://www.laprensa.com.bo/economia/20200405/director-de-analisis-de-la-caf-aconseja-como-proteger-las-mipymes-del-coronavirus [2] Dini, M. y Stumpo, G. (2019) MIPYMES en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [3] https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_740715/lang--es/index.htm

Durante el período 1960-1980 América Latina y el Caribe experimentó un positivo desempeño económico que posicionó a la región como referente de crecimiento y destino de capitales extranjeros. Hasta 1981 los bajos tipos de interés, los favorables términos de intercambio y la generosa oferta de créditos internacionales, crearon un clima de abundancia y optimismo. Sin embargo, a partir de 1982 las alzas en las tasas de interés y los desequilibrios en la balanza comercial, desencadenaron una crisis que se prolongó hasta principios de los 90´s. Durante este tiempo la carga de la deuda contraída se tornó insostenible, el nivel de actividad productiva se desplomó, y los sueldos reales se contrajeron a causa de los procesos inflacionarios generalizados. Todo esto desembocó en un estancamiento sin precedentes del producto por habitante y en un retroceso de los indicadores económicos y sociales conocido en la literatura como “la década perdida de América Latina y el Caribe”.   Esta crisis no sólo significó una fuerte inestabilidad, sino también un largo período de ajustes y reformas enfocadas en sentar las bases de un crecimiento económico sostenible. Fundamentalmente, las medidas se centraron en reducir el gasto de gobierno para consolidar las finanzas públicas, facilitar el retorno de los capitales, e iniciar un marcado proceso de apertura comercial que impulsara la inserción en los circuitos económicos internacionales. Esta última área de política no sólo permitiría mejorar la balanza comercial y ampliar los mercados de destino, sino también profundizar el proceso de cambio estructural para incrementar los niveles de productividad y competitividad regional. Sin embargo, los avances fueron incipientes y en la actualidad en América Latina y el Caribe muchos de estos desafíos siguen siendo tareas pendientes en un contexto global que experimenta continuamente profundas transformaciones. Muestra de ello, es la fragilidad del desempeño económico evidenciado a raíz de la caída de los precios de las materias primas en 2014 y la falta de capacidades de la región para recuperarse apalancada en actividades productivas alternativas. Ante esto, nuevamente se reavivaron las discusiones para el diseño e implementación de políticas que allanaran el camino de la región hacia un sendero de mayor crecimiento, colocando en el centro de las reformas las necesidades de innovación tecnológica y diversificación productiva para escalar en los eslabones de las cadenas de suministros globales. Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos no han sido los esperados. En 2019, el crecimiento económico de América Latina y el Caribe promedió apenas 0,6% alegándose como causas los bajos niveles de productividad, las tensiones comerciales internacionales, la caída en los precios de las materias primas y la baja complejidad de sus exportaciones. En medio de este contexto desafiante, los países de América Latina y el Caribe enfrentan la peor crisis económica desde que se iniciaron los registros estadísticos de las cuentas nacionales en los 50`s. Estimaciones de los principales organismos internacionales han pronosticado que en 2020 la economía regional caerá cerca de -9,4% y se perderán 15% de los empleos formales. A razón de esta profunda caída en la actividad, ya se han prendido las alarmas sobre la materialización de una “nueva década perdida para América Latina y el Caribe” entre 2015 y 2025, trayendo consigo graves consecuencias económicas y sociales. Sin embargo, a diferencia de la crisis de la deuda de los 80`s, la afectación de todos los países del planeta en las circunstancias actuales redundará en la generación de cambios significativos en la dinámica económica internacional, exigiendo de los países de la región un proceso de reflexión para repensar su rol como actor global. En particular, los cambios en la dinámica del comercio internacional y en las cadenas de valor, podrían representar oportunidades para una mayor internacionalización y replantear la integración regional. Las dificultades de estos tiempos turbulentos pueden convertirse en catalizadores de consensos, para emprender una agenda de acciones que definitivamente permita la superación de los desafíos preexistentes y de aquellos generados por la pandemia. 

Uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19 ha sido el educativo. De acuerdo a la UNESCO, hay mas de 1 mil millones de estudiantes afectados a nivel mundial, lo que representa más del 60% de la población estudiantil y más del 15% de la población mundial. Adicionalmente, hay varios obstáculos que esta organización señala tales como: deficiencias en el aprendizaje remoto, el costo de la brecha digital (entendido como la disparidad que hay en el acceso a la tecnología o internet), el rol que juegan las escuelas en la salud y el bienestar de los estudiantes. Según, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) América Latina y el Caribe es una de las regiones donde hay mayor disparidad en tecnología y menor preparación en infraestructura digital. deficiencias en el aprendizaje remoto, el costo de la brecha digital, así como el importante papel que juegan las escuelas en la salud y el bienestar de los estudiantes. La División de Educación del BID mediante el Proyecto Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED), ha trabajado por mas de dos años con los países de América Latina y el Caribe. El SIGED tiene como objetivo identificar cómo se llevan a cabo los procesos cotidianos de gestión educativa y determinar el nivel de automatización y aprovechamiento digital,  con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión educativa. Entre las condiciones digitales de base que establece el proyecto se encuentran la disponibilidad de: conectividad en las escuelas, plataformas digitales, tutoría virtual, paquetes de recursos digitales y repositorio central de contenido digital. El levantamiento realizado por el SIGED ha evidenciado que la mayoría de los países de la región no tiene con las condiciones digitales mínimas, y por ende no se encuentran en condiciones de brindar educación en línea a todos los estudiantes. El proyecto estableció que Uruguay, es el único país de toda la región que cuenta con las condiciones digitales. Adicionalmente, se ha visto cómo hay expertos preocupados porque los alumnos no están aprendiendo al mismo nivel que clases presenciales y están preocupados que haya un retraso considerable en los conocimientos adquiridos, algunos estimando que un año inclusive. Por último, muchas familias se han visto afectadas porque las escuelas representaban una fuente importante de alimentos y también las familias se han visto afectados por que muchos padres no cuentan con los conocimientos o herramientas psicopedagógicas para poder apoyar a sus hijos en los ambientes académicos virtuales. Con el propósito de conocer la realidad actual educativa de la región y las estrategias que están adoptando ciertos países se propone la realización de este Webinar para conocer los principales desafíos, características del sector y oportunidades del sector educativo a raíz de la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19 y que sirva; además, para el intercambio de ideas sobre buenas prácticas generadas en la región.

La equidad de género es un derecho; sin embargo, aún persiste un alto nivel de discriminación a las mujeres en su participación, observado en las fuertes restricciones al acceso a las oportunidades educativas y laborales. Organizaciones como la OMI, el Banco Mundial, la OMC, la OIT, la CEPAL, entre otros, tienen como norte el fomento del empoderamiento femenino a través de sus distintos programas enfocados en el trabajo, haciendo un llamado a la inclusión, seguridad y a la no discriminación de género con miras a lograr una mayor representación en acceso al empleo y formación de las mujeres en todos los ámbitos que garantice condiciones similares a su contraparte masculina.  Contemplado en las metas del milenio, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollado por las Naciones Unidas, se espera lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como un elemento clave para el cumplimiento de estos objetivos. En este mismo sentido, lograr una mayor participación de las mujeres tanto en puestos de trabajo en tierra como en el mar, se ha convertido en una meta fundamental para la comunidad marítima.  Según cifras de la Organización Marítima Internacional (OMI) “las mujeres representan tan solo el 2% de los 1.2 millones de los marinos y el 94% de las mujeres que se dedican a las carreras marítimas trabajan en el sector de los cruceros”. Se observa un alto porcentaje de personal masculino a lo largo de los años. No obstante, a pesar de estas cifras desalentadoras, existen ejemplos y evidencias de los esfuerzos que se están gestando para disminuir la brecha de género y los obstáculos asociados a la discriminación de las mujeres.   Asociaciones de Mujeres del Sector Marítimo (WIMA) promovidas por la OMI, entre la que destaca la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica (Red MAMLa); y la Asociación Internacional de Mujeres en el Sector del Comercio y el Transporte Marítimo (WISTA International) son muestras de estos avances. Estas instituciones promueven la formación, la visibilidad, el reconocimiento, la diversidad, la inclusión y el empoderamiento de las mujeres. 

Progreso, desarrollo, bienestar, calidad de vida y prosperidad, son solo algunos conceptos que denotan las trayectorias deseadas por las sociedades y que, generalmente, los países expresan mediante cifras estadísticas en políticas, reportes y estudios. Estas cifras, indicadores e índices, ofrecen información fundamental para conocer el recorrido y los desafíos que tienen las sociedades en su devenir. En la actualidad, son muchos los retos que afrontan los países, algunos como consecuencia de las decisiones políticas nacionales expresadas en políticas públicas; otros como resultado de compromisos internacionales o regionales, o como derivación de acuerdos multilaterales. Con la finalidad de conocer el estado y el nivel de avance de los compromisos, se han ido elaborando, de manera sostenida, mediciones sobre la situación de los países. De esta manera, diferentes organizaciones han construido índices cada vez más completos, tanto desde sus contenidos como de sus instrumentos estadísticos. Temas tales como calidad de vida, crecimiento económico, innovación, institucionalidad, libertades civiles y calidad ambiental, conforman un conjunto de aristas que abordan las más recientes mediciones. En el presente, se cuenta con una notable cantidad de cotejos que permiten un acercamiento actualizado y completo de las condiciones y situaciones de casi todos los países que conforman la gran comunidad de naciones. Sin embargo, este cúmulo de índices e indicadores ha transitado por un proceso de cambios e innovaciones importantes en el tiempo. En este seminario virtual se expone el recorrido de la conformación de nuevas mediciones, en tres grandes momentos o generaciones que abarca desde los índices simples y unidimensionales hasta mediciones más complejas y multidimensionales. El primer momento se sitúa a partir de la segunda postguerra, durante la denominada Guerra Fría, caracterizado por un orden bipolar y que definía en gran medida las relaciones internacionales. El segundo, se precisa tras la caída de los denominados socialismos reales, en una etapa de aparente unipolaridad. Y el tercer momento, nuestro presente, el cual se puede caracterizar como de reacomodo multipolar. En el estudio que acompaña este seminario virtual se  han seleccionado cuarenta (40) mediciones que has sido el resultado de un largo proceso de exploración y sistematización a través de diferentes fuentes electrónicas y documentales, clasificados en dos grandes bloques, unidimensionales y multidimensionales. Los índices unidimensionales se caracterizan porque miden el tema o los temas sobre el estado o la situación de las sociedades desde una sola perspectiva. Por su parte, los índices multidimensionales, construyen sus mediciones sobre dos o más dimensiones. Estos indicadores se agruparon en cinco dimensiones: Ambiente; Desarrollo y/o Bienestar; Innovación, Ciencia y Tecnología; Libertad, Democracia e Instituciones; y Población. De todos ellos se ofrece, a su vez, la data existente para los países miembros del SELA. Todas estas mediciones e indicadores ayudarán en el proceso de desarrollo y recuperación que está involucrado luego de los cambios experimentados en las economías debido al brote y propagación del COVID-19 ha repercutido en gran medida en la salud y bienestar de la población; así como ha provocado importantes efectos económicos globales, tales como aumento del desempleo, incremento en los índices de pobreza, caída del PIB, interrupciones en las cadenas de valor y disminución del comercio internacional. El SELA pretende ofrecer respuestas a las interrogantes que nos plantea el COVID-19 en nuestra región, y su impacto sobre el desarrollo económico y social de la región.

Las exportaciones mundiales de servicios basados en el conocimiento (SBC) fueron muy dinámicas durante las últimas dos décadas y la pandemia de COVID-19 incrementó su atractivo. La aceleración de la transformación digital, la “economía de la distancia” y la reconfiguración de cadenas de valor que surgen en el camino hacia una nueva normalidad ofrecen oportunidades para potenciar las exportaciones de SBC de los países del MERCOSUR. Estas economías cuentan con ventajas importantes como el huso horario y la similitud cultural e idiomática para exportar a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa occidental. También se destaca la disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos, así́ como la existencia de distintos mecanismos de apoyo para estos sectores. Asimismo, podrían potenciar la inserción internacional de los SBC a través del diseño de políticas o herramientas que permitan escalar a los países pequeños, mejorar la articulación con otros sectores para favorecer la exportación indirecta y aumentar la conectividad. En ese sentido, los SBC podrían ayudar a la adopción de mecanismos capaces de dar respuesta y ayudar a la recuperación de las economías de los Estados Partes del MERCOSUR, en el periodo post pandemia.

La rápida propagación del COVID-19 y sus efectos han hecho que las personas, las empresas y los gobiernos cambien su forma de hacer las cosas y modifiquen sus procesos y tareas. La pandemia vino a enfatizar los desafíos y cuellos de botella que ya estaban presentes antes de la crisis, y dio un impulso para que la innovación, la digitalización y la generación de nuevas tecnologías cobraran más importancia como mecanismos para mantener operativos los procesos y darles continuidad a las actividades. Antes de la actual pandemia; y con la llegada de la revolución industrial 4.0 o cuarta revolución industrial; la producción manufacturera, el trabajo, el comercio y las cadenas globales de valor se han estado centrando en su digitalización, impulsadas por el aumento de los volúmenes de datos, la potencia en los sistemas computacionales, la conectividad e integración. Ello como una vía para adecuarse a un nuevo contexto competitivo, buscando eficiencia, rentabilidad, menores costos y mejoras en sus servicios. Organismos como la OMI, la UNCTAD, el BID y la CEPAL han planteado la necesidad del uso de la digitalización y de las nuevas tecnologías, tales como la robótica, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la automatización y el blockchain, para facilitar el tráfico marítimo internacional, mejorar la comunicación buque-puerto y hacer más eficientes las cadenas logísticas (incluyendo los distintos medios modales).  Esto contribuiría a la reducción de costos, mejorar la toma de decisiones, lograr mayor trazabilidad y seguridad de la carga, permitiendo así generar valor añadido en las distintas etapas de la cadena, lograr mayor confianza entre los actores, reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos. Además, permitiría la migración de las estructuras portuarias a puertos inteligentes (Smart Ports). Cabe destacar que, a pesar de las ventajas que ofrece la digitalización y la automatización, su adopción no siempre ocurre en la misma medida y con el mismo impulso, generando así brechas digitales como, por ejemplo, en América Latina al compararse con países de la OCDE que han avanzado en la creación, desarrollo o adquisición de las capacidades tecnológicas a lo largo de los últimos años. Por otro lado, es necesario promover cambios en el marco jurídico, político y reglamentario al ritmo en que sean incorporados estos avances tecnológicos en el sector marítimo-portuario. Asimismo, se debe tener presente los peligros cibernéticos y la ciberseguridad en los análisis de riesgos efectuados a lo largo de las cadenas de suministro o logística.

Las exportaciones mundiales de servicios basados en el conocimiento (SBC) han sido muy dinámicas durante las últimas dos décadas. Si bien América Latina y el Caribe (ALC) no permaneció ajena a esta tendencia, el desempeño exportador de la región en este sector fue inferior al del resto del mundo aunque con difrencias maracadas entre países. Los SBC se destacaban entre los de mayor potencial en la economía mundial y la pandemia de COVID-19 incrementó su atractivo. La aceleración de la transformación digital, la “economía de la distancia” y la reconfiguración de cadenas de valor que surgen en el camino hacia una nueva normalidad ofrecen oportunidades para potenciar las exportaciones de SBC de los países de la región. Los países de la región cuentan con ventajas importantes como el huso horario y la similitud cultural e idiomática para exportar a Estados Unidos, ALC y Europa. Algunas economías latinoamericanas se destacan también por la disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos, en tanto que muchas han implementado distintos mecanismos de apoyo para estos sectores. Sin embargo, grandes desafíos para el desarrollo de las exportaciones de SBC en la región imponen un cambio en la política comercial, entre los cuales se destacan las dificultades para escalar en países pequeños, la necesidad de marcos regulatorios más adecuados, los cuellos de botella de capital humano en algunos segmentos, la falta de articulación con otros sectores para favorecer la exportación indirecta y las limitaciones en materia de conectividad. Con el propósito de contribuir a superar estos obstáculos y favorecer el aprovechamiento de las oportunidades existentes se propone la realización de un Webinar que permita conocer los principales conceptos, las características del sector, oportunidades y desafíos del sector ante la superación de la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19 y que sirva; además, para el intercambio de ideas sobre buenas prácticas generadas en la región.